En primer lugar, hay que señalar que no es nada sencillo dar una opinión técnicamente bien fundada sobre este asunto, habida cuenta de la disparidad existente entre los datos de fuentes tales como el CGPJ, el BdE, el INE, los Colegios de Registradores o la PAH. Aún así, de casi todas estas fuentes se deduce que hemos superado una cota psicológica relevante (los más de 100.000 desahucios al año) y que, en breve, superaremos el medio millón de familias desahuciadas desde el inicio de la crisis.
Dicho todo lo cual, es cierto que se comprueban comportamientos diferentes entre CCAA, como prueban los siguientes datos:
- Cataluña: 8,96 desahucios por cada 1.000 hogares y año
- Madrid: 6,13
- Andalucía: 4,68
- Euskadi: 2,19
- Media: 5,82
¿A qué se deben estas diferencias?
No es sencillo establecer de una manera clara las razones de estos diferentes comportamientos. Aunque si tenemos que considerar algunos factores que hacen que se produzcan más o menos desahucios en un territorio:
- Nivel de sobre-endeudamiento familiar por motivos residenciales.
- Nivel de paro, precariedad y pobreza.
- Cuota de mercado hipotecario en manos de entidades financieras más/menos agresivas en materia de desahucios.
- Cuota de mercado del alquiler antes del inicio de la crisis.
- Poderes públicos con una voluntad mayor/menor de tutelar a las familias: oficinas públicas de mediación entre las familias y las entidades financieras; parque público o concertado de alquiler social; la amenaza del ejercicio de potestades administrativas como la sanción o la expropiación; etc.
¿Cómo es posible que en un tema tan relevante como este no sea nada sencillo conocer con exactitud la situación real en la que nos encontramos?
No estamos ante un problema técnico. Es un problema fundamentalmente político. Ciertos poderes financieros no quieren hacer frente a las consecuencias evidentes del alto nivel de desahucios y el bajo nivel de ventas del stock de vivienda: una parte de los activos inmobiliarios del Estado y la banca no se va a poder vender en lustros y se tendrá que alquilar, una fracción a precios de mercado y otra a precios sociales. Y ni política ni finanzas, hasta la fecha, han buscado a los necesarios gestores de estos programas masivos de alquiler asequible y social. Aunque la situación puede empezar a cambiar en los próximos meses, dado que la cosa ya no da más de sí.