El PSOE y el federalismo

La propuesta federal aprobada por el PSOE en Granada no tendrá un camino fácil dada la polarización del debate entre los nacionalismos español y catalán que el desafío soberanista de Cataluña ha provocado. A la movilización social por la consulta ha respondido el PP con la Constitución, lo que puede conducir a un período de enfrentamiento soterrado entre dos opiniones públicas cada vez más alejadas: la catalana, a favor de la soberanía; la española, a favor de una mayor recentralización del Estado. En ese contexto, el PSOE propone una reforma constitucional para redefinir el Estado autonómico, reordenar su evolución de hecho federal e incorporar la doctrina destilada por el TC a lo largo de los últimos veinte años.

Pero la tradición federal española no cuajó decididamente ni en el liberalismo ni en la izquierda. Cuando el PSOE se empieza a constituir en 1879 asumió a España como su nación y como una realidad histórica y política asentada, por más que necesitara una transformación profunda. Ya en 1873, el precedente grupo marxista de la sección española de la AIT –de mayoría anarquista- rechazó el proyecto federal de la Primera República y los movimientos cantonalistas. El federalismo era para aquellos primeros socialistas una idea burguesa y disgregadora defendida por sus máximos rivales en el campo obrero: los republicanos y los anarquistas. Y comenzaron a vincular la unidad política de la nación con la unidad del proletariado español, lo que se mantendrá durante mucho tiempo como un axioma inquebrantable frente a nacionalistas y federalistas. Así, Pablo Iglesias escribe en 1899: “los obreros castellanos, los obreros de España, saben bien que en todas esas alharacas no hay una frase a favor de las clases oprimidas (…) sino miserables y egoístas intereses” (El Socialista, 20.10.1899).

Conforme el PSOE se institucionaliza a partir de 1910 (más lentamente que otros socialismos europeos) y se acerque al movimiento republicano, asumirá la idea de la “descentralización político-administrativa”. La entrada de una hornada de dirigentes más intelectuales ampliará el campo analítico de un partido hasta entonces básicamente obrerista. De ahí el apoyo a las Mancomunidades provinciales y regionales propuestas por Canalejas, por más que luego se manifestaron reticentes a las diputaciones vascas y a la Mancomunidad de Cataluña, al considerarlas como instituciones oligárquicas en manos de unos nacionalismos burgueses que no respetaban la autonomía municipal. Frente al relativismo general con respecto al regionalismo, el socialismo español tuvo una actitud más decidida a favor del municipalismo, pues fueron los ayuntamientos las primeras instituciones en la que aquellos concejales socialistas comenzaron a hacer una política distinta.

En esa evolución hacia la descentralización regional y sin despegarse del rechazo general a los “regionalismos burgueses”, el PSOE se enfrentó de manera distinta a los nacionalismos vasco y catalán, que tampoco eran iguales. Si bien rechazó el vasco por su integrismo religioso y su racismo contra el proletariado español que trabajaba en Vizcaya, acarició la idea de una participación modernizadora de la burguesía catalana, representada por la Lliga Regionalista de Cambó, en la transformación política y económica del Estado decadente de la Restauración. Ello favoreció la participación de Iglesias en la Asamblea de Parlamentarios de 1917, en la que se pidió la autonomía regional. En ese contexto, se aprobó en el XI Congreso de 1918 una moción federalista presentada por los socialistas catalanes con el apoyo de Besteiro, y el PSOE llegó a participar en la redacción del primer proyecto estatutario catalán en 1919. Sin embargo, la reacción de la burguesía catalana contra el movimiento obrero de Barcelona tras la huelga de La Canadiense modificó el concepto esperanzador de los socialistas, provocó un nuevo rechazo al regionalismo y cambiaron la moción federalista de 1918 por otra moderadamente autonomista en el congreso extraordinario de 1919, marcando la doctrina oficial hasta 1939.

Al final de la dictadura de Primo de Rivera, el PSOE volvió a acercarse al nacionalismo republicano catalán y a posiciones federalistas (especialmente Araquistáin). Pero en el debate constituyente de 1931 se retomó la moción autonomista de 1919 para rechazar el federalismo de la nueva República. Jiménez de Asúa y Fernando de los Ríos lo argumentaron diciendo:

Durante la dictadura de Franco, partiendo de las ideas de su padre Luis y desde su exilio mexicano, Anselmo Carretero ideó un Estado federal igualitario sobre la realidad diversa de las regiones históricas españolas (“Nación de naciones”), pero rechazando el Estado plurinacional de soberanías compartidas. Sus ideas influyeron en el federalismo retórico de los congresos de 1974 y 1976, en un nuevo acercamiento del PSOE a los nacionalismos periféricos frente al enemigo común, el nacionalismo español exacerbado e impuesto por la dictadura (como sucediera con Primo de Rivera). Pero, al igual que en 1931, este federalismo retórico se retrajo en el debate constituyente de 1978 a favor de un prudente autonomismo general, que se reafirmará en el pacto con la UCD para la LOAPA y en los pactos autonómicos de 1992 con el PP.

Más allá de algunos pronunciamientos puntuales como los de Araquistáin, Carretero y de algunos socialistas guipuzcoanos como Madinabeitia, Xanti de Meabe o T. Echevarría en los años 20, el federalismo no marcó la tradición histórica del socialismo español. Sí marcó la del socialismo catalán, un socialismo distinto que no procedía del obrerismo marxista sino del republicanismo federal, y que nunca actuó como la versión catalana del socialismo español, sino como la versión socialista del nacionalismo catalán. Lo que explica, también, algunas diferencias actuales entre ambos socialismos.