Con este artículo pretendemos profundizar en el debate que originó el gráfico sobre los sueldos de los diputados españoles publicado por David Lizoain. el gráfico sobre los sueldos de los diputados españoles
Entre los españoles está considerablemente extendida la impresión de que nuestros políticos (y, más en concreto, nuestros diputados) tienen salarios excesivamente elevados. Todavía hay muchos ciudadanos que consideran que los políticos “están ahí para enriquecerse”.
Es cierto que el cargo de diputado o diputada permite establecer una intensa y extensa red de contactos que posteriormente puede resultar útil para encontrar colocaciones con altos niveles retributivos. Hay, ciertamente, exdiputados que trabajan en un ámbito del sector privado, directa o indirectamente relacionado con la actividad que desarrollaron en el Parlamento, obteniendo generosos ingresos por ello; pero no son muchos. En cualquier caso, esta es una cuestión que poco tiene que ver con el salario que un representante público debe tener, especialmente si consideramos que son nuestros representantes quienes lidian con intereses privados que pretenden influir en las decisiones de interés general.
Hace poco The Guardian hizo pública una lista comparativa de las retribuciones de los parlamentarios de diversos países, en la que los españoles aparecían como los peor pagados. Y, aunque los datos no eran del todo correctos, las diferencias no eran escasas.
El salario base de un diputado/a de la Cámara Baja en España (algunos autonómicos cobran más) es de 2.813,90 euros/mes (brutos), a lo que puede sumarse un complemento por ejercer un cargo en la Cámara o en alguna de sus comisiones. Hay unos 40 que no ejercen cargo alguno de este tipo, mientras que la mayoría sí lo hace, variando su salario en función del tipo de cargo –ver cuadro adjunto--. La decisión de quién ocupa uno de esos cargos depende del respectivo grupo parlamentario, lo que puede coadyuvar a atemperar el eventual espíritu díscolo de sus señorías. A esa retribución se suman las dietas (exentas fiscalmente) por alojamiento –de 953 euros/mes, si son de fuera de Madrid-- y por manutención –de 870,6 euros/mes--, por los cuatro días a la semana que han de vivir fuera de su casa (han de hacerlo necesariamente de lunes a jueves).
Cualquiera que está familiarizado con la vida en la Cámara sabe que nuestros diputados y diputadas trabajan mucho más de lo que la mayoría de ciudadanos piensa: los escaños vacíos que vemos en muchos debates plenarios no implican que sus señorías no estén trabajando (en realidad, cuando más intensamente trabajan es cuando no están en el Pleno). Los diputados y diputadas suelen afrontar jornadas de trabajo de 10 horas de lunes a jueves, lejos de sus casas, familias y redes de contactos y amigos. Adicionalmente, cuando regresan a su circunscripción, se ven inmersos en un sin fin de actividades políticas que no pueden soslayar (actos de partido, reuniones con grupos sociales, actividades de representación, eventos sociales “obligatorios”, etc.).
Cabe aducir que el salario medio en España es mucho menor (no llega a los 23.000 euros/año). Desde luego, muchas familias se ven obligadas a vivir y viven con muchísimo menos. Pero también es cierto que pocos profesionales del nivel de un diputado o diputada se ven forzados a hacerlo. La democracia tiene sus costes económicos y a juzgar por los datos del cuadro, y el nivel de trabajo y responsabilidad que afrontan, no parece que los salarios de los diputados estatales españoles supongan un dispendio para las arcas públicas. Desde luego, si lo comparamos con sus colegas de otros países (incluso considerando el respectivo producto interior bruto per capita), será difícil decir que los nuestros están generosamente pagados. Prueba de ello puede ser que sólo el 58% de los que hoy ocupan los escaños lo hacían en la anterior legislatura (esta tasa de renovación es habitual tras cada proceso electoral).
En época de recortes de gasto público nuestras autoridades están obligadas a reducir partidas de gasto institucional que no sean imprescindibles. A buen seguro, cualquier ciudadano todavía encontraría un buen número de ellas en las que introducir la tijera. Pero ¿debería estar el salario de nuestros diputados y diputadas entre éstas?