Más concretamente, ¿cuánto vale el consejero delegado de la entidad financiera más importante del país, el señor Alfredo Sáenz? Deberíamos hacer un cálculo aproximado, porque lo acabamos de rescatar y aparentemente gratis total. Me explico. El consejo de ministros del pasado 12 de abril aprobó un decreto que modifica los requisitos que se exigían hasta ahora para desarrollar la dirección de una entidad financiera en España, relajándolos en el apartado que obligaba a los banqueros a no haber sido condenados judicialmente. No está mal para los tiempos que corren que un gobierno apruebe aliviar los criterios para dirigir un banco. Pero es que el decreto en cuestión no se refería a todos los banqueros en abstracto sino a uno de muy particular, precisamente Alfredo Sáenz.
Si esto mismo hubiese pasado, pongamos, en Italia con un banquero amigo de Berlusconi, los medios españoles (algunos) se habrían lanzado indignados (con razón) a criticar la medida. ¿Cómo es posible que se hagan leyes a medida para una persona concreta? Eso sólo pasa en las democracias bananeras, ¡dónde se ha visto! Pues bien, aquí pasó hace una semana y ni pio. El gobierno cambia la ley “ad personam” y los medios lo despachan con un breve en página par.
¿Y la oposición? Nada de nada. No es extraño. El tan requerido consenso entre los grandes partidos existe, claro que existe… para las cosas importantes, como salvar a Sáenz. Ha sido una idea transversal, consensuada entre PP y PSOE. Para que después digan que los grandes partidos no se ponen nunca de acuerdo en nada. De hecho, el primer intento lo hizo el último gobierno socialista cuando, en el consejo de ministros posterior a las elecciones generales de 2011 (es decir, cuando el gobierno estaba en funciones), aprobó el indulto al hombre de Botín. ¿El pago? Unas palabras del patrón de la banca sobre las bondades de la economía española y su pronta recuperación.
El Tribunal Supremo, no obstante, recordó que el indulto exime del cumplimiento de la pena, pero no la “borra”, de manera que Sáenz seguía teniendo antecedentes penales, que le impedían seguir en el negocio bancario. Así que ha tenido que ser el nuevo gobierno el que rescate al consejero delegado mediante una reforma express de la ley vía decreto, lo que le permite no tener que pasar por el engorroso trámite de la discusión parlamentaria (que ya se sabe que hay diputados que no entienden los mecanismos de la alta política y serían capaces de cuestionar la imprescindible y muy patriótica decisión gubernamental).
Les anuncio que yo estoy dispuesto a tragármelo sin protestar. Hasta estoy dispuesto a no irritarme cuando me expliquen que lo que se ha hecho es bueno para España, porque con el cese de Sáenz se hubiese resentido la tan necesaria confianza de los mercados financieros internacionales hacia la economía española y bla bla bla. De acuerdo, dónde hay que firmar. Eso sí, pido una cosa, solo una. Que paguen.
El gobierno (el Estado entero, poder ejecutivo, legislativo y judicial todos juntos) ha hecho un grandísimo favor al señor Botín saltándose a la torera el ordenamiento jurídico y los principios más elementales de proporcionalidad e igualdad ante la ley. Realmente se la ha jugado. Pues bien, tiene que cobrar. Tenemos que cobrar todos. Y digo todos porque no estoy dispuesto a aceptar que la cosa se arregle con un sobre bien lleno para las arcas suizas del PP y otro de más delgado para Ferraz. Eso no, ya sería el súmmum.
Pido (modesta y humildemente) que el pago del rescate de Sáenz nos beneficie a todos, porque al fin y al cabo las leyes son de todos. No pido al presidente que comparezca en rueda de prensa con el señor Botín y nos lo explique, ya entiendo que estas cosas tan serias no se hacen así. Que no nos lo digan, pero que lo hagan. Que cobren. ¿Cuánto? Aquí está la clave. No lo sé. Deberíamos hablarlo. Deberíamos encontrar un precio justo, de acuerdo con el coste del rescate. Apunto algunas ideas por si alguien las quiere recoger. Por ejemplo, que el banco del señor Botín se haga cargo de una parte de la deuda pública, una pequeña parte, pongamos el 1%, nueve mil millones de euros de nada. Es un precio justo, me parece. O también podríamos pedir como pago que este banco deje de invertir en productos que atacan a la economía española y al euro. O también podríamos negociar que dejen de facilitar la evasión fiscal a sus clientes. Pero quizás pido demasiado. No sé si el presidente Rajoy osará pedirle tanto. Puede ser que se contenten con una gorra firmada por Fernando Alonso para las cúpulas de populares y socialistas. O ni eso.