En el libro El 15-M y la promesa de la política, que en breve podrá leerse a través de eldiario.es, analizo el fundamento constitucional del 15-M, su carácter deliberativo, sus críticas a la organización y funcionamiento de las instituciones llamadas a expresar la representatividad política de la sociedad, y algunas de sus propuestas para que el anhelo de establecer una sociedad democrática avanzada sea una realidad.
Quiero mostrar mi agradecimiento a eldiario.es por hacer posible la difusión del libro en un formato abierto como es Creative Commons, que en estos días celebra el décimo aniversario de la publicación de la primera licencia, y cuyos principios inspiradores son muy próximos, al menos en mi opinión, al movimiento 15-M.
Aunque pueda resultar obvio, conviene decir enseguida que este libro no es un texto del 15-M sino un texto sobre el 15-M; que no expreso más que mis reflexiones y experiencias en tanto profesor de Derecho Constitucional e integrante de una asamblea –la de Pola de Siero (Asturias)- y colaborador eventual de otras asambleas, y que pretendo aportar un enfoque diferenciado a los que han venido siendo habituales hasta la fecha, más vinculados a la sociología, la ciencia política, la economía, el periodismo, la literatura….
Tanto el análisis que se hace en el libro como las propuestas que allí se incluyen les resultarán ajenos, cuando no pobres o rechazables, a muchas personas que también forman parte de este movimiento, que con toda justicia podrán decir ¡No nos representa! En mi descargo, y parafraseando otro lema del 15-M, puedo decir que no busco vencer ni convencer, solo razonar, que es una forma de seguir embarcado, en palabras de Camus, en la galera de este tiempo.
El 15-M ha supuesto una revitalización del debate democrático y la aspiración a que el discurso político que se expresa y construye en las plazas y calles sea escuchado en las instituciones de gobierno y constituya él mismo una forma de ejercicio del poder. Este carácter propositivo permite diferenciar con claridad a un movimiento político de uno puramente populista, en el que, como recuerda Pierre Rosanvallon, la preocupación activa y positiva de vigilar la acción de los poderes y de someterlos a la crítica se transforma en una estigmatización compulsiva y permanente de los gobernantes, hasta convertirlos en una potencia enemiga, radicalmente exterior a la sociedad.
Y es que una cosa es el rechazo que las personas sienten por una concreta forma de entender o ejercer la política y otra bien distinta es que se desprecie la política en sí. Esta confusión, no inocente, soslaya que, como propugna Habermas, el grado de vitalidad de la política se mide por el papel que desempeñan la deliberación, la reflexión y el espíritu crítico en la marcha de los asuntos públicos. Y con estos criterios parece que si bien la forma tradicional de “hacer política” –la política “de los políticos”- está en claro declive, no se puede decir lo mismo de las formas “no tradicionales” de participación como las concentraciones y manifestaciones, la demanda de consultas ciudadanas, la exigencia de responsabilidades políticas, las iniciativas populares o el activismo electrónico.
La implicación política de la ciudadanía constituye una novedad en el panorama español y demuestra que una parte significativa de la sociedad no está idiotizada, en el sentido de la Grecia clásica, ni puede ser considerada, en palabras de Tucídades, como “inútil”, entendiendo por inútil a quien no toma parte en el debate de lo público.
Y ese activismo ciudadano ha dejado en evidencia lo que el recientemente fallecido Albert O. Hirschman denominaba tesis reactivo-reaccionarias: la tesis de la perversidad, según la cual toda acción deliberada para mejorar algún rasgo del orden político, social o económico nada más que sirve para exacerbar la condición que se desea remediar; la tesis de la futilidad, que sostiene que las tentativas de transformación social serán inválidas, simplemente no lograrán “hacer mella”, y la tesis del riesgo, que apela al coste del cambio o reforma propuestos y concluye que es demasiado alto pues pone en riesgo algún logro previo y valioso.
Frente a estas retóricas de la intransigencia hemos asistido a lo largo de 2011 y 2012 a un crecimiento de lo que Pierre Rosanvallon denomina contrademocracia, y que se articula a partir de movimientos sociales como el 15-M. Se trata de que, merced a una fuerte interacción entre la ciudadanía y la esfera política, se ejerza una democracia de expresión mediante la formulación de críticas y reivindicaciones a los poderes públicos; una democracia de implicación, que permita a los integrantes de esos movimientos relacionarse entre sí para conseguir un entorno común, y una democracia de intervención, relativa al conjunto de actuaciones colectivas imprescindibles para alcanzar un sistema político más transparente y participativo, un control efectivo de los principales actores económicos, un sistema tributario equitativo, etc.
En este libro se analizan las siguientes cuestiones: los precedentes del 15-M antes del 15 de mayo de 2011; si se hizo un ejercicio constitucionalmente adecuado de derechos fundamentales –en esencia, las libertades de reunión y manifestación, incluidas las acampadas- en el momento fundacional del 15-M; si el 15-M es una parte de la sociedad civil que, en la línea defendida por Habermas, asume y condensa el eco que los problemas sociales encuentran en los ámbitos de la vida privada, proyectándolo y amplificándolo sobre la esfera política pública, o si responde más bien a la idea de Bruce Ackerman, quien, refiriéndose a Estados Unidos, recuerda que desde 1776 cada generación ha mirado a las instancias políticas y ha descubierto que el gobierno del momento se encaminaba de manera decidida a la opresión, a lo que se ha venido dando la misma respuesta: un movimiento opositor se organiza al margen de las instituciones para rescatar al gobierno de la corrupción en nombre de “nosotros, el pueblo”, tratando así de reorientar el futuro constitucional del Estado.
A continuación se estudia si tienen fundamento democrático dos de las frases más escuchadas en asambleas y manifestaciones: ¡No nos representan! y ¡Le llaman democracia y no lo es!, lo que exige ocuparse del proceso de elección de los representantes, el modo en el que ejercen las funciones representativas, si hay una auténtica deliberación pública en las instituciones representativas y suficiente participación ciudadana en los procedimientos de proposición, deliberación y aprobación de las leyes, etc.
En los últimos capítulos se aborda el desprecio padecido por la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas apelando a la falacia de sus riesgos; cómo se financian los partidos políticos y a qué obedece la colonización partidista de las instituciones no políticas.
A modo de recapitulación final se exponen, entre otras, las siguientes conclusiones:
1ª).- el 15-M ha evidenciado que a un sector importante de la ciudadanía no le es ajena la política y que está dispuesta a dedicarle una parte relevante de su tiempo, por lo que para valorar el grado de participación de nuestra sociedad no se puede reparar solo en el número de personas que votan en los procesos electorales, sino que también debe tenerse en cuenta otras formas de intervención ciudadana en los asuntos públicos;
2ª).- el 15-M es expresión del afán de miles de personas por independizarse del corsé en el que se sienten constreñidas por unas instituciones de gobierno y unas organizaciones políticas anquilosadas y con discursos caducos, y el deseo de libertad para interactuar por medio del discurso con otras personas, experimentando así también la dificultad inherente a la toma de decisiones que nos afectan a todos;
3ª).- en una sociedad democrática el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también un lugar adecuado para la participación política;
4ª).- está plenamente justificada la afirmación “no nos representan” entendida como reproche para demandar una modificación de la Ley Electoral que garantice un sistema representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social;
5ª).- la comunidad política no puede seguir organizándose a partir de la reconducción del demos ciudadano al ethnos nacional, sino desde la concepción del “patriotismo constitucional”, entendido como el reconocimiento del ejercicio activo de los derechos democráticos de participación y comunicación a todas las personas que residen en el territorio;
6ª).- es imprescindible promover la participación directa de la ciudadanía en el procedimiento legislativo tanto en la fase de iniciativa del mismo –eliminando los límites a la iniciativa popular-; en la fase deliberativa –permitiendo que pueda opinar en sede parlamentaria para mejorar la información que reciben las Cámaras, intensificar la transparencia y publicidad de la actividad legislativa, y potenciar la legitimidad de las leyes y su eficacia-, y en la fase final, regulando la figura del referéndum derogatorio,…
7ª).- la toma de las decisiones más relevantes para la comunidad debe llevarse a cabo a través de procedimientos que garanticen la publicidad y el debate;
8ª).- son imprescindibles instrumentos eficaces de control del Gobierno, que ha devenido en la institución más poderosa de los sistemas constitucionales, en detrimento de un Parlamento cada vez más irrelevante;
9ª).- hacen falta normas y prácticas políticas transparentes que eliminen las opacidades bajo las que se ampara la corrupción;
10ª).- en suma, y recordando las palabras de Hanna Arendt sobre las que se apoya el título de este libro, se trata de alcanzar el hermanamiento del poder comunicativo de la ciudadanía con la generación de derecho legítimo, recuperando así la promesa de la política.