Hay un error muy extendido en el debate público sobre la demanda de secesión por parte de importantes partidos políticos y asociaciones civiles de Cataluña. En esencia, el error consiste en confundir los deseos de las partes con los procedimientos que deben seguirse para resolver civilizadamente el conflicto, desde parámetros democráticos. Esa confusión resulta evidente: quienes abogan por el referéndum lo hacen porque están a favor de la independencia; creen que una consulta es el mejor instrumento para conseguir sus objetivos. En cambio, quienes rechazan el referéndum rechazan también la independencia; piensan que si no hay referéndum, la demanda de separación no podrá prosperar. En ambos casos, las razones para promover o evitar el referéndum son razones interesadas, derivadas de las preferencias y proyectos políticos que cada parte abraza.
Lo lógico, sin embargo, es dar un paso atrás y contemplar el conflicto desde un punto de vista “apartidista”, fijándonos solamente en lo que hay en juego desde un punto de vista democrático. Si cambiamos el plano de análisis y nos situamos en el terreno de los principios democráticos, lo que nos encontramos es una demanda que parece gozar de un amplio apoyo ciudadano en Cataluña, aunque no podemos estar seguros, a partir de la asistencia a manifestaciones y de las proclamas de ciertos partidos, de cuán grande es dicho apoyo. Sabemos que un asunto como la independencia despierta pasiones políticas y genera polarización en la sociedad. Y, además, no se trata de un asunto que pueda ventilarse únicamente en Cataluña, pues tiene consecuencias de todo orden para el resto de España.
Ante una situación tan compleja, lo razonable, atendiendo únicamente a consideraciones democráticas, es que el pueblo catalán se pronuncie en un sentido o en otro. Una demanda de secesión es un asunto muy grave y, si se lleva a la práctica, se trata de un proceso de amputación irreversible del Estado original. Una decisión tan trascendente no puede tomarse simplemente mediante negociaciones entre los representantes. Es preciso que el pueblo se defina en torno a una pregunta clara, consensuada y sin trampa.
Desde luego, los referéndums no son la solución perfecta y en mi libro Más democracia, menos liberalismo (Katz, 2010) he examinado muchas de las objeciones que habitualmente se plantean. No obstante, una vez examinadas las críticas, creo que el referéndum sigue siendo la solución menos mala desde el punto de vista democrático.
El resultado del referéndum no cierra la cuestión de la independencia. Si gana el no, la demanda debe quedar hibernada un tiempo considerable. Si gana el sí, es necesario iniciar negociaciones al más alto nivel entre fuerzas políticas catalanas y españolas para gestionar en qué condiciones y con qué garantías se puede llevar a cabo la separación.
Las razones que presento aquí sobre el referéndum no tienen nada que ver con mis preferencias personales sobre si deseo que Cataluña permanezca en España o se constituya en un Estado nuevo. Son muy distintas, por tanto, de las razones a favor del mismo que suelen ofrecer los independentistas, así como de las razones de quienes se oponen al referéndum simplemente porque se oponen a que Cataluña se marche.
A mi juicio, los socialistas catalanes podrían encontrar una posición propia defendiendo un referéndum por razones no nacionalistas, sino democráticas. Entre los partidos nacionalistas catalanistas (CiU y ERC) y el partido nacionalista español (PP), el PSC podría defender una posición democráticamente impecable, según la cual el referéndum es preciso para encauzar y procesar una demanda política que, en el momento actual, goza de un apoyo popular considerable.
Por descontado, un partido catalán como el PSC no podría quedarse en una posición puramente procedimental. Si llegara a convocarse el referéndum, tendría que tomar una posición al respecto. Curiosamente, si su apoyo al referéndum no tiene otro fundamento que el democrático, podría plantear una postura condicional, según la cual el voto final dependería de la respuesta que diese el Gobierno español. En caso de que el Gobierno estuviera dispuesto a abrir una reforma constitucional profunda, en la línea federal, podría recomendar el voto en contra en el referéndum; pero si el Gobierno se refugiara en la Constitución de 1978 para no moverse, podría dar su voto a favor de la secesión.
No hay nada incoherente en promover un referéndum por razones democráticas y decidir la postura en dicho referéndum en función de si el Gobierno se hace eco de las demandas de buena parte de Cataluña y acepta negociar sobre ellas o si se cierra en banda. Al revés, creo que, en estos momentos, es la única posición razonable.