En este Quiz, y con motivo del 35 aniversario de la Constitución española, hemos querido preguntar a diferentes personas de la sociedad civil sobre la conveniencia o no de reformarla. Después de la controvertida reforma del artículo 135, ahora parece que hay una cierta unanimidad sobre la necesidad de actualizarla. Esta actualización no contribuirá a la mejora de la situación económica pero sí tendría que ser, como dice Andrés Ortega, un instrumento y objetivo de la necesaria recomposición de la democracia española. Andrés Orteganecesaria recomposición de la democracia española
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Abogado
¿Considera que la solución total o parcial de la actual situación de crisis política y económica pasa por una reforma constitucional? ¿Por qué?
A mi juicio, el desarreglo del sistema autonómico español, que dura ya casi diez años, y cuya principal manifestación es la actual situación de Cataluña, sólo tiene remedio mediante una reforma constitucional. La reforma habría de basarse, al menos, en el consenso entre los dos grandes partidos.
Este fue el fundamento de la propia Constitución, de los Acuerdos Autonómicos de julio de 1981, que cerraron el mapa de las autonomías, y de los de febrero de 1995, en los que se pactó la ampliación de competencias de las comunidades autónomas del artículo 143 de la Constitución. Tal consenso quedó roto tras el Pacto del Tinell y su restauración es urgente.
En relación con la primera pregunta, ¿considera que es necesaria una revisión completa de la Constitución o que bastaría con reformar aspectos concretos?
Un buen punto de partida es el Informe sobre modificaciones de la Constitución española, aprobado por el Pleno del Consejo de Estado el 16 de febrero de 2006, tras consulta del Gobierno, y que versa sobre cuatro puntos:
–La supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono.
–La recepción en la Constitución del proceso de construcción europea.
–La inclusión de la denominación de las comunidades autónomas.
–La reforma del Senado.
La supresión de la preferencia del varón no plantea problemas que no puedan resolverse con buena técnica constitucional. La recepción en la Constitución del proceso de construcción europea es tema más delicado, pero existen en esa materia excelentes modelos comparados, como el francés. La reforma del Senado es, en realidad, una parte de la revisión del sistema autonómico, de la que se habla a continuación.
¿Cuáles son los elementos de la Constitución española que en su opinión deberían ser reformados de forma prioritaria y en qué sentido?
La reforma auténticamente prioritaria es la de nuestra estructura territorial. ¿Cómo abordarla? Sin perjuicio de la conveniencia de un análisis completo de los problemas del Estado autonómico, creo que convendría empezar utilizando una aproximación de menor calado que comenzase buscando las causas empíricamente más aparentes de la actual crisis del sistema. Sin duda, la causa principal de esa crisis ha sido la falta de encaje constitucional de porciones importantes del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su versión original.
Así las cosas, el método consistiría en preguntarse qué tipo de revisión constitucional haría falta para dar cabida a los preceptos que en su día fueron anulados por el Tribunal Constitucional. Por supuesto, los debates en esta materia serían políticamente dificultosos y técnicamente complicados. Pero para el espíritu de consenso de la Transición, debidamente recuperado, no hay nada imposible. Habría que recordar, eso sí, que el consenso es, primero, el de los dos grandes partidos; luego tiene que reforzarse mediante la incorporación de Convergència i Unió; y, por último, conviene que cuente, al menos, con el “sí, pero” del PNV.
Blanca Rodríguez Ruiz, Profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla
¿Considera que la solución total o parcial de la actual situación de crisis política y económica pasa por una reforma constitucional? ¿Por qué?
Mientras que la salida de la crisis económica no pasa por una reforma constitucional, ésta sería, si no imprescindible, sí conveniente para salir de la crisis política. El origen de la crisis de legitimidad de nuestro sistema político e institucional se encuentra en el régimen electoral y en la regulación de los partidos políticos. Ambos pueden ser reformados de forma que permitan renovar la legitimidad de nuestro marco político e institucional sin necesidad de reforma constitucional.
Hay otras crisis, como la de nuestro sistema de organización territorial, cuya solución sí precisa reformar la Constitución. Pero, sobre todo, la crisis de legitimidad que hoy sufrimos afecta ya a la Constitución. Se hace, pues, necesario actualizarla, significando un nuevo pacto de convivencia que nos permita renovar un compromiso ciudadano e institucional con nuestro marco normativo.
En relación con la primera pregunta, ¿considera que es necesaria una revisión completa de la Constitución o que bastaría con reformar aspectos concretos?
No creo necesaria una revisión completa de la Constitución. Me preocupa que un afán reformista nos pueda llevar a revisar partes del texto constitucional que nos han servido bien en nuestra andadura democrática, y en torno a las cuales hay un sólido cuerpo doctrinal y jurisprudencial que ha sabido adaptarse con flexibilidad y apertura a la evolución de nuestros valores sociales. Es el caso de la mayor parte del Título I de la Constitución en la que aparecen reconocidos los derechos fundamentales.
Para actualizar nuestro marco normativo, al tiempo que resignificamos un nuevo pacto ciudadano que renueve nuestro compromiso de convivencia democrática, bastaría con reformar o eliminar artículos concretos de la Constitución que han quedado obsoletos e introducir los que la realidad democrática exige. Habría también que reformar algún Título completo.
El resultado puede ser una revisión amplia y profunda de la Constitución, incluso en aspectos clave, abriéndonos de facto a un nuevo marco constitucional. Aun así, plantearla como reforma o revisión parcial nos evitaría abrir un proceso constituyente que pusiera en tela de juicio el conjunto de un texto constitucional, la mayor parte del cual mantiene intacta su legitimidad como marco normativo.
¿Cuales son los elementos de la Constitución española que en su opinión deberían ser reformados de forma prioritaria y en qué sentido?
La reforma constitucional prioritaria es, sin duda, la del Título VIII de la Constitución, para consolidar una estructura federal que permita salir de la indefinición del Estado autonómico como un Estado fundacionalmente centralista de aspiraciones federalizantes, que está en el origen de nuestras crisis territoriales.
Además, y más allá de reformas más o menos puntuales, tres puntos me parecen importantes: articular un compromiso fundacional expreso con la igualdad de género y la corresponsabilidad entre los sexos en los terrenos público y doméstico; reforzar el carácter aconfesional de nuestro Estado; y reforzar la cláusula del Estado social. Sería bueno plantear también una revisión del Título II, aunque no sé si el debate republicano podría hacer encallar un proyecto de reforma constitucional.
Ignacio Escolar, Director de eldiario.es
¿Considera que la solución total o parcial de la actual situación de crisis política y económica pasa por una reforma constitucional? ¿Por qué?
Sí, sin duda, al menos en lo que refiere a la crisis política (la económica es otra cosa). El desencanto institucional y el problema catalán sólo se pueden abordar así. Frente al proyecto independentista ya no se puede responder con una simple oferta de financiación. Hace falta algo más ilusionante: un verdadero modelo federal que nazca de una reforma constitucional.
En relación con la primera pregunta, ¿considera que es necesaria una revisión completa de la Constitución o que bastaría con reformar aspectos concretos?
Gran parte del texto sigue siendo válido. No creo que haga falta una Constitución completamente nueva, sino una reforma de varios de sus artículos.
¿Cuales son los elementos de la Constitución española que en su opinión deberían ser reformados de forma prioritaria y en qué sentido?
Creo que hay que buscar un nuevo diseño de la España de las autonomías que acabe con el café para todos. El modelo actual no ha servido para solucionar el encaje de Catalunya y Euskadi, ni tampoco parece muy sostenible en algunas autonomías que, en los años buenos, pidieron todo el autogobierno posible y ahora no saben cómo pagarlo. También me sobran algunos artículos vergonzosos, como la misión del Ejército como “garante” de la unidad de la patria; o la contradictoria mención a la Iglesia católica tras la definición de España como país aconfesional.
Una reforma constitucional también sería el momento para aumentar las funciones del Senado y que de verdad nuestro modelo político fuese realmente bicameral. Y creo que habría que añadir un derecho que hoy marca la diferencia entre una democracia de alta o baja calidad: el derecho de acceso a la información pública y la transparencia.
Hay más reformas posibles que algún día me encantaría ver en España –una república, por ejemplo–, pero no hay que olvidar que una reforma constitucional solo es posible (y deseable) desde el consenso, por lo que, para todos estos cambios, habría que contar con el PP. Y la derecha española, que es quien hoy tiene la llave de la Constitución, no parece estar por la labor.
¿Considera que la solución total o parcial de la actual situación de crisis política y económica pasa por una reforma constitucional? ¿Por qué?
No necesariamente. Además separaría claramente la segunda de la primera, a pesar de que probablemente la crisis económica haya agravado la crisis política si por ello entendemos un incremento de la desafección. La solución a problemas complejos, y la crisis política y económica lo son, no se reduce a una única acción sino que pasa por un conjunto de acciones, una de las cuales puede ser una reforma de la CE.
La reforma de algunos aspectos de la CE puede ayudar a resolver problemas concretos, pero no es una panacea. No podemos pretender que los problemas de España los resuelva una reforma constitucional porque los problemas a los que nos enfrentamos no sólo tienen un origen institucional, también hay mucho problema cultural.
En relación con la primera pregunta, ¿considera que es necesaria una revisión completa de la Constitución o que bastaría con reformar aspectos concretos?
No se trata de una cuestión de cantidad, y lo que se debería evitar a toda costa es pensar que más reforma equivale a mejor. La cantidad de reforma dependerá del diagnóstico político que se haga, de dónde se considere que están los problemas. Para unos, el problema es la organización territorial; para otros, la regulación de los derechos sociales; para otros, el sistema electoral; para otros, instituciones como la corona, el senado o el poder judicial; para otros, el papel atribuido a los partidos.
Y aunque hay quien plantea una Segunda Transición, una revisión completa de la CE, muchos problemas pueden ser resueltos por otras vías; por ejemplo, con más predisposición por parte de los partidos por soluciones consensuales. A lo mejor con más predisposición para acuerdos políticos, no estaríamos hablando de reformar la CE.
¿Cuales son los elementos de la Constitución española que en su opinión deberían ser reformados de forma prioritaria y en qué sentido?
En 1978 había un diagnóstico común de cuál era la situación y también una idea general de a dónde se quería llegar, que era la consecución de un sistema democrático de corte occidental. Ahora sobre esto cada partido tiene su diagnóstico particular de qué falla y una solución.
El enfermo presenta unos síntomas pero cada uno los atribuye a una enfermedad y propone una medicación distinta. Es innegable que hay malestar respecto a la organización territorial pero mientras que el Gobierno de Catalunya cree que el autogobierno ha tocado techo y quiere un referéndum de autodeterminación, el Gobierno del Estado cree que se ha ido demasiado lejos y plantea el informe CORA.
Se identifican síntomas, pero el diagnóstico es opuesto y opuestas son las respuestas. Y no hay una meta común. Por ello quizás lo que haya que hacer es sentarse a hablar de cuáles son los síntomas, para ofrecer un buen diagnóstico y la receta correcta, que puede ser o no una reforma de la CE.
Aunque si de reforma se trata, uno de los aspectos en los que coinciden los especialistas y que más han criticado los movimientos ciudadanos, aunque no los partidos que se ven beneficiados, es que hay que corregir la disproporcionalidad que presenta el sistema electoral. Y también, si se está a tiempo, habrá que dar respuesta a la reivindicación de España como Estado plurinacional.