“Se está abusando de la prisión preventiva”

Licenciada en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Amaya Olivas es magistrada de lo social en Madrid. Con anterioridad trabajó en Calatayud (Zaragoza) y en diversos partidos judiciales de Cataluña. En esta entrevista habla como asociada de Juezas y Jueces para la Democracia, una asociación de larga trayectoria que trabaja por la democratización de la carrera judicial, “reivindicación de la crítica interna/externa, y de una justicia comprometida con la realidad de la polis; independencia frente al poder y apertura a la sociedad”. Olivas responde en esta entrevista realizada en Madrid, y explica la flexibilidad y las limitaciones de los jueces a la hora de tomar decisiones y hacer justicia.

¿Depende de la suerte la justicia? ¿Depende de la línea ideológica de quien toque?

Nosotros aplicamos las normas positivas: la legislación que emana del Parlamento. Pero esta se integra dentro de un ordenamiento más amplio: en primer lugar, la Constitución del 78, que tiene efectos jurídicos vinculantes, una serie de valores orientadores esenciales, como la libertad, la igualdad, el pluralismo social y los tratados internacionales. Por otro lado, cualquier interpretación pasa por garantizar los derechos fundamentales y sociales. Quiero decir que no hay una interpretación unívoca. Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) hemos defendido históricamente el garantismo: ante la duda, se debe resolver cualquier caso de la forma que sea más efectiva para defender los derechos y libertades y proteger a la población vulnerable. Evidentemente, no todos los jueces tenemos la misma ideología. 

Pero la mayoría tiene un matiz ideológico conservador...

Según los datos de afiliación de JJpD, solo el 10% de la carrera está afiliado a la asociación. Ahora bien, no por el mero hecho de pertenecer a una asociación se realiza el trabajo de una determinada manera. Hay magistrados y magistradas que no están afiliados o que pertenecen a otras asociaciones igualmente trabajadores y garantistas. Además, el perfil de la carrera judicial es conservador. ¿Por qué? En primer lugar, porque en el Estado español no existe un sistema público de acceso a la oposición. Ahí ya tenemos un sesgo de muchísima gente que no puede costearse el acceso a unas oposiciones, en las que de media se requiere invertir entre cuatro y seis años.  Solo queda recurrir a un sistema privado, donde la mayoría de los preparadores son conservadores, con lo que la mayoría de la gente que se integra tiene ese perfil. Además, es una oposición que en JJpD hemos criticado mucho porque se basa exclusivamente en la memoria. Se tienen que estudiar unos 400 temas, sin pautas para interpretar las leyes de acuerdo a la realidad social. Hay muchos temas que no se tratan adecuadamente, como el Derecho del Trabajo. Tampoco existe formación en igualdad de género, ni se explican cosas básicas como el funcionamiento de las instituciones penitenciarias, los centros de menores o los de internamiento de extranjeros. Es en la Escuela Judicial, al menos para mi promoción, donde se comienzan a conocer los espacios de mayor opacidad, en los que existe un mayor riesgo de vulneración de derechos.

¿Los jueces reciben presiones, son libres?

La mayoría son independientes. No tenemos casos de corrupción, y si los hay, son anecdóticos. Pero es verdad que sí podemos recibir presiones de tipo político. Por ejemplo, tenemos un compañero, Ricardo de Prada, que está en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Y cuando en una ponencia explicó que el Estado español había sido condenado ocho veces por falta de investigación de torturas recibió una crítica directa del titular del Ministerio del Interior, de Fernández Díaz. Esto resulta inadmisible. En Derecho del Trabajo también tenemos problemas. El Círculo de Empresarios acaba de sacar otro manifiesto en contra del llamado “activismo judicial”. No es quizás una presión directa sobre cómo dictar una sentencia. Pero de alguna manera afecta al trabajo. Ante ello, tenemos al Consejo del Poder Judicial, al que se supone que debemos reclamar cualquier tipo de protección en lo que afecta a nuestra independencia. Una cuestión es que se haga una crítica a una determinada sentencia, y otra es que el Círculo de Empresarios haga un manifiesto hablando de “activismo judicial” (aunque tengan derecho a hacerlo). ¿Por qué lo llaman así? Porque hemos tenido una serie de reformas laborales durísimas, que han ido vaciando de contenido el Derecho del Trabajo. La última reforma laboral, de 2012, fue la traducción extrema de una concepción neoliberal de la sociedad. ¿Qué ha ocurrido? Que ha habido una serie importante de jueces que hemos aplicado el derecho internacional y una interpretación armonizadora del ordenamiento, para proteger (en los casos concretos) a la clase trabajadora. Que una reforma le dé mayor laxitud a la actuación de la empresa no significa que valga todo ni muchísimo menos. Cuando en los ámbitos hegemónicos se ha comprobado que la reforma laboral no se aplicaba de forma pura y dura, sino que se hacía una interpretación en favor de la “parte débil” para que no quedara aún más precarizada, reaccionaron. En primer lugar, por la vía legal: la interposición de recursos; pero en un segundo ámbito, cuestionando y poniendo en jaque nuestra interpretación.

Aun así el servicio judicial funciona bien...

En JJpD siempre hemos defendido la Administración de Justicia como un servicio público, eficaz y cercano. En ese sentido, realizamos una crítica contundente a los gobiernos que lo han olvidado deliberadamente: tenemos una de las ratios de jueces por habitante más bajas de toda la Unión Europea: 10,2 jueces por cada 100.000 habitantes. Hay mucha carga de trabajo, que nos abruma y paraliza: Si despiden a alguien, no se va a celebrar el juicio hasta dentro de ocho o diez meses en sitios como Madrid, Sevilla, Barcelona… No hay suficientes medios. A ningún gobierno le ha interesado una justicia independiente, que sea capaz de detectar y perseguir las actuaciones ilegales, como la corrupción, o los delitos de cuello blanco... En suma, la delincuencia económica. En los últimos años, los gobiernos tanto del PSOE como del PP han impulsado reformas regresivas para reducir las prestaciones esenciales del Estado del bienestar. Asimismo, se ha hecho dejación de instrumentos básicos para proteger la tutela judicial efectiva: generalización de las tasas judiciales, reducción de la asistencia jurídica gratuita y el abandono del turno de oficio, entre otros. 

¿Hace sus tareas correctamente la Inspección de Trabajo? 

En general creo que es un organismo eficaz, que nos ayuda muchísimo a los jueces de lo laboral. Ahora bien, creo que se podría hacer mucho mejor...

Ellos también dicen que son pocos...

Es cierto, pero también lo es que en el ámbito laboral español hay un nivel altísimo de siniestralidad laboral. La Inspección tendría que actuar de forma más contundente. Como en cualquier sector, hay profesionales de todo tipo. Si tenemos buenos informes de este organismo, nuestro trabajo se facilita, y constituye un acicate para que las empresas cumplan con la legalidad (formal y material).

¿Como mujer, cómo se siente siendo magistrada? ¿Hay discriminación?

Durante la dictadura las mujeres no podían acceder a la judicatura. Estaba prohibido. La primera magistrada accedió en 1977. Hoy tenemos en la carrera judicial a un 52% de mujeres. A título particular, no asociativo, creo que somos mujeres privilegiadas. Para empezar, ejercemos potestades determinadas legalmente, y no tenemos el problema de la brecha salarial. Pero una sociedad patriarcal se traduce igualmente en la judicatura. Existe una discriminación histórica que se traduce en la dificultad para el acceso a puestos de libre designación, como pueden ser los Tribunales Superiores de Justicia o las Presidencias de las Audiencias. De hecho, tenemos todavía muy pocas mujeres en el Tribunal Supremo. Hasta cierto punto, también es una cuestión de cómo nos hacemos cargo de los cuidados. La mayoría de las magistradas que deciden ser madres se ocupan de los niños de forma mucho más real y significativa que sus compañeros. Hay un dato muy significativo, que es que la mayoría de los permisos de conciliación los piden mujeres. Por otro lado, creo que en general el problema del acceso de la mujer a un papel de trabajo y ocupación del espacio público no se ha hecho desde una perspectiva de ruptura, sino de asimilación a un modelo masculino tradicional. En muchas ocasiones la mujer ha desarrollado, de forma compensatoria, roles autoritarios. Se nos estigmatiza con que de alguna manera somos inferiores, y hay una necesidad social de imponer la propia valía. 

En violencia de género muchas mujeres dicen que ante los juicios casi hubiera sido mejor no demandar. ¿Cómo lo ve?

Es un tema muy complejo. Creo que ha habido un gran avance en este tema y la mayoría de los jueces hacen bien su trabajo. Es injusto extrapolar casos concretos a toda la generalidad que trabaja en violencia de género. Y la ciudadanía tiene todo el derecho a interponer una queja ante el Poder Judicial si considera que no se ha visto bien tratada. En cuanto al tema de las denuncias falsas, los datos nos hablan de un índice muy pequeño. Pero insisto en que es muy complejo. La judicatura solo se puede hacer cargo de una parte, pero no toda la respuesta puede ser penal. Hay una parte esencial que es responsabilidad de los poderes públicos: invertir en educación de forma prioritaria y también en asistencia social. Yo he llevado casos de violencia de género. No recuerdo haber tenido nunca una denuncia falsa. Pero sí he tenido muchas retiradas de denuncia o ausencia de ratificación en el juicio. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones eran mujeres que tenían problemas reales, sin el suficiente apoyo para seguir adelante. Por otro lado, una medida de protección (alejamiento) es de carácter restrictivo de derechos importantes. Nuestra forma de ejercer pasa por garantizar los derechos de ambas partes. Es decir, ante la interposición de una medida de protección se han de observar los indicios delictuales, el riesgo de agresión, etc. No es inmediato. Pero ante la más mínima situación de violencia la mayoría de los jueces acordarían protección. Es necesario aplicar las medidas reales del Estatuto de la Víctima, que impide la confrontación directa con el presunto agresor, mantener la primera declaración y evitar reiteraciones innecesarias, dar asilo a las víctimas de trata, etcétera.

En el mediático caso de La Manada, parece muy obvio que a una mujer, si se le roba el móvil y se la deja sola y desnuda tirada en un rincón oscuro de un desván de un edificio, no ha mantenido relaciones sexuales consentidas, con alegría y júbilo. Pero el juicio tarda y todavía parece que hay dudas… ¿Cómo puede suceder esto?

Toda persona tiene derecho a un procedimiento y a una sentencia legal y justa. Una instrucción como la que mencionas es muy compleja. Para mí, como ciudadana, podría parecerme un caso claro de violación, pero eso no significa que por determinadas imágenes que nos muestren los medios de comunicación tenga que haber una condena al día siguiente. Hay que garantizar los derechos de las personas imputadas a ultranza. Puede parecer duro, pero es así, porque es muchísimo peor que un inocente sea castigado que al revés. Ello no implica abandonar los derechos de las víctimas. 

Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y los presos derivados del procés ¿tienen que estar en la cárcel?

Aquí tengo que hacer un matiz importante. Yo no creo que sean presos políticos. Son políticos presos. Estamos en un Estado de Derecho. Desde mi punto de vista, se ha hecho una interpretación desproporcionada de lo que es un delito de rebelión. Esto, que es (entre otras cosas) lo que se les imputa, y que legitima para el juez de instrucción la prisión preventiva, requiere siempre un alzamiento violento. Como fue el caso de Tejero cuando entró en el Congreso de los Diputados con una pistola. Yo entiendo que en el caso de los Jordis“ no hay un delito de rebelión, o al menos no lo hay de forma clara.

Aun y cuando han retenido a unos agentes…

Ese es el argumento de la Fiscalía para hacer una interpretación extensiva y hablar de una cierta violencia coactiva. Pero creo que una medida de prisión provisional en este caso es desproporcionada: podían haberse adoptado cautelares alternativas en libertad. Aunque hayan incumplido sistemáticamente los requerimientos del Tribunal Constitucional, su actuación no merece la subsunción automática en un delito de rebelión, que requiere un alzamiento violento clarísimo. 

Supongo que un juez, a la hora de dictar sentencia, tendrá en cuenta lo que esa decisión puede causar en la sociedad, a nivel de mantener la paz social. Tendrá cierta responsabilidad.

En nuestra opinión, como asociación, creemos que también ha habido una dejación por parte de los poderes públicos. De alguna manera, nos han trasladado problemas que a nosotros no nos tocaría resolver. Es decir, el conflicto entre el Gobierno estatal y el Gobierno catalán se podría haber resuelto con inteligencia política y capacidad de negociación entre las partes. Que hayamos llegado a este punto me parece delirante. Es judicializar la política.

¿Se está haciendo un abuso de la prisión preventiva en España?

Yo creo que sí. Estamos en un momento muy duro. Se viene aplicando lo que se denomina el “derecho penal del enemigo”. Nosotros tenemos unas de las menores tasas de delincuencia de la Unión Europea y, sin embargo, tenemos muchísimos presos. Eso significa que algo no está funcionando. Es muy grave, y desde Jueces por la Democracia venimos insistiendo en ello: el uso abusivo de la prisión en delitos como el enaltecimiento del terrorismo o injurias a la corona debilita la estructura esencial del Estado de derecho.

Leyes como la Ley Mordaza, ustedes las tendrán que aplicar...  

Una cosa son los tipos penales y otra cosa la posibilidad aplicación prudente y rigurosa de las diversas penas contempladas en el Código Penal. Los delitos de que hablamos tienen pena de multa o de prisión. Las penas de prisión deben reservarse, en mi criterio, para casos muy graves: asesinatos, robos con violencia, violaciones… Pero para otros supuestos, como el de los raperos, es absolutamente desproporcionado y no tiene encaje en las reglas del Estado de derecho.

¿Cómo están las cárceles en España?

Tanto las cárceles como los centros de internamiento de extranjeros son espacios de opacidad. Creo que la mayoría ciudadana desconoce cómo funciona. En el caso de las cárceles ha habido mejoras desde la dictadura, por supuesto. Pero el Reglamento Penitenciario sigue siendo muy duro y puede propiciar abusos: en el caso de las cárceles el derecho de “los derechos” tiene una presencia débil. Ambos espacios propician la indefensión estructural de los reclusos. Ahora bien, frente a esa realidad los jueces de vigilancia penitenciaria pueden hacer una labor muy importante al respecto. Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, que ejerció ese trabajo en los años ochenta, adoptó medidas revolucionarias para su momento, y realizó un trabajo de tutela admirable.  

¿Y los CIE? 

Este escenario es aún más grave, porque hablamos de personas privadas de libertad que no han cometido ningún delito. Y de nuevo, ahí tenemos la labor de jueces de vigilancia penitenciaria, muchos compañeros y compañeras de JPD: han realizado protocolos y han denunciado cantidad de prácticas irregulares, el hacinamiento, la falta de asistencia sanitaria, mujeres que no sabían hablar castellano obligadas a pedir por señas compresas… Yo he estado en el CIE de Aluche y estuve en el primitivo de Barcelona: un agujero debajo de la comisaría de la Verneda. No se permitía la tenencia de móviles, acceso libre a asistencia letrada o una sanidad mínima. ¡Hemos llegado a tener personas internas muertas! Creo que los CIE deberían cerrarse y construirse otro tipo de alternativas integrativas. Muchas asociaciones y ayuntamientos trabajan por ello.  

¿Qué margen tienen los jueces y las juezas en temas como los desahucios? Los sigue habiendo, aunque ya no tantos ni con tanta presencia pública...  

Obviamente, tenemos que cumplir las normas. Hay veces en que se tiene que decretar un desalojo o un desahucio, tanto en el orden civil como en el penal (por ejemplo, si hay un delito contra la ordenación del territorio, suele pasar con personas muy vulnerables que construyen una infravivienda). No obstante, me parece muy importante destacar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha condenado al Estado Español cuando se han dictado desalojos sin que haya alternativas habitacionales porque puede constituir violación del derecho a la vivienda. 

¿Qué se está haciendo?

En JJpD tenemos compañeros y compañeras que están trabajando para realizar protocolos con ayuntamientos y comunidades autónomas cuyo objetivo es garantizar que, sobre todo cuando hay población más vulnerable (niños, ancianos, etc.), se les facilite o bien una vivienda pública, o que vayan a un centro hasta que puedan ser realojados en condiciones dignas.

[Este artículo ha sido publicado en el número 57 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Licenciada en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Amaya Olivas es magistrada de lo social en Madrid. Con anterioridad trabajó en Calatayud (Zaragoza) y en diversos partidos judiciales de Cataluña. En esta entrevista habla como asociada de Juezas y Jueces para la Democracia, una asociación de larga trayectoria que trabaja por la democratización de la carrera judicial, “reivindicación de la crítica interna/externa, y de una justicia comprometida con la realidad de la polis; independencia frente al poder y apertura a la sociedad”. Olivas responde en esta entrevista realizada en Madrid, y explica la flexibilidad y las limitaciones de los jueces a la hora de tomar decisiones y hacer justicia.

¿Depende de la suerte la justicia? ¿Depende de la línea ideológica de quien toque?