Una banca para la ciudadanía

Frente a los que sostenían, en muchos casos interesadamente, que nuestras cajas de ahorro no eran de nadie (eran una res nullius), es necesario recordar que hace tan solo 10 años los españoles éramos propietarios colectivos del 50% del sistema bancario. 

Efectivamente:

- El gobierno de las cajas de ahorro, es decir, el fondo y la forma de elección de las personas responsables de su gestión, era decidido en el Parlamento (central o autonómico) entre representantes de esos intereses colectivos.

- Todos los resultados de su negocio se volcaban en la sociedad, ya fuera como aportaciones a obras culturales y benéfico-sociales, en forma de mayores recursos de las propias cajas, mediante contribuciones en beneficio de la inclusión financiera o de las necesidades económicas de los territorios.

Además, no debe olvidarse que la mayor parte de las cajas de ahorro que han existido en España fueron fundadas por instituciones públicas. Las restantes también se constituyeron con recursos puestos por sus donantes a disposición de necesidades colectivas. 

No es, por tanto, en absoluto gratuito recordar que las cajas de ahorro eran y son propiedad colectiva por más que tuvieran y tengan naturaleza jurídica privada. También es importante recordar que las cajas habían venido sirviendo un modelo de negocio bancario que competía en igualdad de condiciones con los bancos privados, pero que se centraba en las necesidades financieras de los hogares y las pequeñas empresas, y que prestaba una atención preferente a los ámbitos territoriales en los que habían nacido bajo principios de fuerte responsabilidad social.

Pues bien, de todos es sabido que los graves problemas de gobernanza y de imprudente asunción de riesgos en una parte importante de las cajas durante los años anteriores a la crisis de 2008 dieron lugar a un conjunto de normas dirigidas a la total reestructuración del sector. Se trató de una decisión política adoptada (por el PSOE y el PP) en medio de la crisis y del rescate acordado con Bruselas. Basada en la construcción de enormes barreras para la supervivencia del modelo anterior y en la traslación del negocio bancario de las cajas a bancos constituidos como sociedades anónimas, se llevó a cabo sin un debate social y político equivalente a la trascendencia de las decisiones tomadas.

Menos competencia

El resultado de la reestructuración es bien conocido. De las 45 cajas de ahorro que había en 2008 solo quedan dos de carácter local; las restantes acabaron siendo bancos, casi todos controlados bien por el Estado (Bankia) bien por unas fundaciones bancarias de las que luego hablaremos. Tal resultado incrementó de manera muy importante el grado de concentración y el riesgo sistémico de nuestro sistema financiero, debilitó la competencia y reforzó el poder económico y social de unos pocos operadores.

Aunque puede pensarse que ese resultado es una consecuencia lógica de la crisis financiera, muchos pensamos que es, sobre todo, el fruto de una estrategia diseñada para resolver lo que muchos (banqueros privados, reguladores y políticos) consideraban una anomalía: que la mitad del sistema bancario estuviera integrado por unas entidades, las cajas de ahorro, que no podían ser compradas por inversores privados. Se pretendió dar cobertura técnica a la anomalía diciendo que las cajas, como no podían emitir acciones, tenían un problema estructural de solvencia que se resolvería si pudieran emitirlas y cotizar en la Bolsa. Es un argumento débil, dado que la inmensa mayoría del crecimiento del capital bancario es fruto de la acumulación de reservas y no de nuevas aportaciones. 

Sin embargo, la decisión política de liquidar las cajas no parece haber reparado en que muchas (mayoría entre las más importantes) no solo no habían incurrido en mala gobernanza, sino que habían actuado con prudencia antes de la crisis y con rigor en su gestión. Tampoco reparó en que un modelo basado de manera exclusiva en la banca privada no es garantía de estabilidad y solvencia. No solo prueban la mayoría de los países golpeados por la crisis, donde las malas prácticas y la imprudente asunción de riesgos han sido propiedad exclusiva de sus mayores bancos privados, sino también España, en esta crisis (Popular, Pastor) y en nuestra experiencia histórica. 

Y es que desde la década de 1980 solo una mínima parte de los bancos privados que entonces existían han sobrevivido hasta hoy sin algún tipo de ayuda con cargo a los contribuyentes (Santander, por ejemplo, se ha nutrido del de tres de los siete grandes de esa época como Banesto, Hispano y Central, reflotados con ayudas públicas más o menos discretas). 

En definitiva, y aunque es indudable que nuestro modelo de cajas de ahorro adolecía de una estructura de gobernanza inapropiada, no puede considerarse que su reestructuración fuera una medida técnica carente de ideología. Al contrario, llevaba una carga importante de sumisión a objetivos neoliberales y de desconfianza subjetiva en un modelo de propiedad colectiva o pública.

Pero volvamos a 2019 y recordemos que, a estas alturas, el proceso de transferir a manos privadas el sector aún no se ha completado: 6 de las 12 mayores entidades bancarias españolas siguen estando controladas bien por el Estado (Bankia) bien por fundaciones bancarias, que son, como lo eran las cajas de ahorro de las que proceden, genuina propiedad de los intereses colectivos de los que hablábamos al principio. Tampoco se ha eliminado el modelo de negocio típico de las cajas, y esas seis entidades son claves para asegurar un mínimo nivel de competencia en un mercado con altísimo grado de concentración y atender las necesidades financieras de familias y empresas.

Por otro lado, los resultados obtenidos hasta ahora muestran que las seis entidades que todavía conforman el sector del ahorro están siendo gestionadas con prudencia, rigor y profesionalidad. Incluso mantienen niveles de solvencia medios mayores que la banca privada. 

Debate necesario

Por todo ello: ¿no sería el momento de reflexionar sobre las decisiones políticas adoptadas en plena crisis y bajo la dependencia de un modelo neoliberal? ¿No deberíamos impulsar un debate social y parlamentario sobre qué estructura preserva mejor la estabilidad financiera, la competencia y las buenas prácticas?  Creo sinceramente que nuestros políticos nos deben ese debate y que el mismo debería plantearse, inicialmente al menos:

- La conveniencia de suspender la privatización de Bankia.  Produce sonrojo que el Ejecutivo mantenga como único objetivo la maximización del precio de venta, sin tener en cuenta otros objetivos de interés público como evitar potenciales daños en la competencia o minimizar el riesgo sistémico. También olvida que el fruto de esa venta es propiedad de la ciudadanía, y no es obvio que dedicar ese dinero a otros fines vaya a producir mayores beneficios económicos o sociales que una Bankia competitiva, sólida y responsable bajo control público.

- La eliminación de los incentivos a la reestructuración accionarial de los bancos controlados por fundaciones bancarias; estas soportan cargas adicionales para mantener su participación de control que suponen un trato discriminatorio que no sufre ningún otro accionista, ni siquiera los fondos de capital riesgo o los tenedores de participaciones especulativas. Se trata de verdaderas penalizaciones para la propiedad colectiva de esas entidades que, además, van mucho más allá de las normas comunitarias.

Frente a las insuficiencias que ha mostrado el modelo neoliberal en la defensa de la estabilidad financiera y las buenas prácticas bancarias, no debería descartarse una reflexión profunda sobre el papel que la ciudadanía puede tener en la gestión colectiva de sus intereses financieros y, por ello, creo necesario un debate en el que las características de una banca para la ciudadanía y no solo para sus accionistas desempeñe un papel esencial. 

 [Este artículo ha sido publicado en el número 72 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Frente a los que sostenían, en muchos casos interesadamente, que nuestras cajas de ahorro no eran de nadie (eran una res nullius), es necesario recordar que hace tan solo 10 años los españoles éramos propietarios colectivos del 50% del sistema bancario. 

Efectivamente: