La incorporación de criterios sociales a la contratación pública

El objetivo de la economía social y solidaria (ESS) es impulsar alternativas económicas donde primen valores como equidad, sostenibilidad ambiental y social, solidaridad e inclusión, tal como recoge la Carta de principios de la economía solidaria, espina dorsal que define y articula este movimiento económico y social. No es difícil imaginar en el actual contexto de colapso civilizatorio y de crisis multidimensional los múltiples retos que la ESS tiene por delante: viabilidad económica y social, escalabilidad, generación de nuevos imaginarios...

Si bien todos son importantes para la transformación social que persigue como fin último, hay uno que resulta especialmente estratégico, tanto por sus dimensiones de impacto directo como por sus posibilidades de contagio. Hablamos de contratación pública responsable, entendida como la contratación de productos y servicios por parte de las Administraciones públicas desde criterios sociales y medioambientales relacionados con la equidad social, el medio ambiente y la ética en el desarrollo de dichos productos y servicios.

Como establece David Comet, coordinador de compra responsable de IDEAS, “que la contratación administrativa persiga objetivos sociales y ambientales como la igualdad de género, el desarrollo sostenible, la inclusión social o el respeto a los derechos humanos, y que no se limiten solamente a garantizar la provisión de un servicio o suministro al uso, es una poderosa herramienta para cambiar la sociedad y sus formas de relación laboral, económica, social, medioambiental, familiar, etcétera”.

Las Administraciones públicas multiplican de este modo los efectos positivos de su acción, garantizan un uso más eficiente de los fondos públicos, facilitan la participación de determinadas empresas que prestan servicios con un valor añadido y apoyan el desarrollo de otras políticas sociales.

DEBATE SOCIAL

En el Estado español, la compra y contratación pública supone en torno al 15% del PIB (162.000 millones de euros aproximadamente, en datos de 2015), por lo que no es de extrañar que un asunto aparentemente tan árido como la regulación de contratos administrativos se haya convertido en un debate social de primera orden.

Sin embargo, pese a la importancia de este asunto y a las numerosas propuestas y demandas ciudadanas por parte de amplios sectores sociales, el Estado español sigue sin hacerse eco de ello, hasta el punto de que la propia Comisión Europea tuvo que lanzar un ultimátum el pasado diciembre para que el Gobierno trasponga las Directivas de Contratación Pública (directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE), que deberían haber sido incorporadas al sistema jurídico español con límite de abril de 2016.

Como establece REAS, red de referencia que agrupa a más de 500 entidades y cerca de 40.000 personas en todo el país y que ha puesto a disposición de personal político y técnico la web contratacionpublicaresponsable.org para facilitar la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en los procesos de contratación pública, la reciente publicación del proyecto de ley de Contratos del Sector Público es claramente insuficiente y ha sido presentado bajo un procedimiento de urgencia que no corresponde. Asimismo, el texto resulta opaco y confuso en relación con la lucha y prevención de la corrupción y para solventar los conflictos de intereses.

Las imprecisiones y las ambigüedades, así como la poca concreción en relación con estos aspectos también fueron señaladas en el Dictamen 8/2015 del 25 de junio del Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Gobierno, con respecto al anteproyecto, pero se han mantenido en el proyecto de ley. Ante esto, REAS ha elaborado un documento de propuestas que recoge un total de 19 enmiendas: 12 a la ley de Contratos del Sector Público y 7 a la ley sobre Procedimientos de Contratación en los Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales y ha manteniendo encuentros con todos los grupos parlamentarios con el fin de que asuman las enmiendas como propias y las propongan para modificar los proyectos presentados.

Afortunadamente, son muchas las Administraciones públicas que se han hecho eco de la necesidad de este tipo de normativas (recogidas en la web de contratación pública citada anteriormente). Sirva como ejemplo la guía de contratación pública y social elaborada por el Ayuntamiento de Barcelona y presentada el pasado mes de octubre. Esperemos que el Gobierno y otras Administraciones locales sigan esta estela. REAS y la ESS harán lo posible para que así sea.

Daniel Rabanaque y Blanca Crespo son miembros de REAS-Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria.

[Este artículo forma parte del dossier dedicado a la economía solidaria publicado en el número de enero de Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

El objetivo de la economía social y solidaria (ESS) es impulsar alternativas económicas donde primen valores como equidad, sostenibilidad ambiental y social, solidaridad e inclusión, tal como recoge la Carta de principios de la economía solidaria, espina dorsal que define y articula este movimiento económico y social. No es difícil imaginar en el actual contexto de colapso civilizatorio y de crisis multidimensional los múltiples retos que la ESS tiene por delante: viabilidad económica y social, escalabilidad, generación de nuevos imaginarios...

Si bien todos son importantes para la transformación social que persigue como fin último, hay uno que resulta especialmente estratégico, tanto por sus dimensiones de impacto directo como por sus posibilidades de contagio. Hablamos de contratación pública responsable, entendida como la contratación de productos y servicios por parte de las Administraciones públicas desde criterios sociales y medioambientales relacionados con la equidad social, el medio ambiente y la ética en el desarrollo de dichos productos y servicios.