El gran obstáculo para reducir el paro

España vive una auténtica esquizofrenia sobre la forma de abordar la elevada tasa de desempleo. El Gobierno y las autoridades económicas insisten en la necesidad de reformar la legislación laboral, mientras que cada vez aparecen más estudios que apuntan que el verdadero problema es la falta de educación y formación adecuada de trabajadores y empresarios.

Para las autoridades económicas, la receta para reducir la elevada tasa de desempleo -el 21%, según la última Encuesta de Población Activa-, está en la regulación laboral. El Banco de España, en su reciente informe anual, ha vuelto a abogar por una rebaja de los costes de despido para reducir el desempleo. La institución que preside Luis María Linde, pide flexibilidad para facilitar la rebaja de salarios y critica “la excesiva protección de los trabajadores indefinidos”. En la misma línea, el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, justificaba la precarización de las condiciones laborales que están sufriendo los trabajadores en esta larga crisis señalando que “el contrato indefinido forma parte de la historia”.

Estas manifestaciones hay que enmarcarlas en las duras condiciones existentes en el mercado laboral español, con una tasa de temporalidad del 24% -la segunda más alta de la UE después de Polonia- y con una duración media de los contratos de cuatro meses. Por otra parte, el salario mínimo mensual, 655,2 euros en 14 pagas, es prácticamente la mitad que el vigente en Francia, Irlanda, Alemania, Holanda y Bélgica. Al mismo tiempo, el número de desempleados con subsidio de paro ha descendido del 79,9% en 2010 al 52,8% del pasado abril. Es decir, la mitad de los 4.791.400 desempleados carecen de subsidio.

Frente a esta insistencia sistemática en la necesidad de nuevas reformas del mercado laboral, que ya registró importantes recortes de derechos de los trabajadores en 2010 y 2012, aparecen cada más estudios que centran el problema fundamental del mercado de trabajo en España en la falta de educación adecuada de los trabajadores y de los directivos.

Un trabajo de la Fundación de Estudios de la Economía Aplicada (Fedea) indicaba recientemente que la tasa de participación en la educación de adultos para España está aún cinco puntos por debajo del objetivo del 20% de la agenda de la UE para 2010 y muy alejada de los países escandinavos que es del 30%. Este aspecto es especialmente grave para los trabajadores menos educados, cuya participación en actividades de aprendizaje para adultos es “casi insignificante” en España. Según esta fundación “la participación en la educación de adultos es especialmente baja entre los que más la necesitan y su acceso a la formación parece haberse convertido en un desafío aún mayor durante la crisis debido a la drástica reducción del gasto público en políticas activas en general, y de la formación en especial”.

Hay que tener en cuenta que una parte significativa de los actuales desempleados proceden de la construcción, sector al que acudieron muchos jóvenes que abandonaron sus estudios ante la gran demanda durante los años de la burbuja inmobiliaria. Estos jóvenes, expulsados de la construcción, son los que se han quedado más rezagados por su falta de formación y ahora son los que tienen mayores dificultades para encontrar un empleo en otra actividad.

La correlación entre empleo y educación ha quedado puesta de relieve en una reciente publicación del Instituto Nacional de Estadística (INE) según la cual la tasa de empleo de las personas formadas en matemáticas, estadísticas, informática y ciencias de la computación superaba el 75%. Mientras tanto, los que solo habían seguido programas de formación básica tenían una tasa de empleo del 35%.

Existe además un problema añadido debido al desajuste entre la oferta y demanda según su nivel de educación. Un estudio elaborado por la patronal de la pequeña y mediana empresa en Catalunya, (Pimec), indica que un 22,8% de la población activa catalana tiene una formación de tipo medio, a pesar de que un 36,5% de los puestos de trabajo que precisa la economía  son de este tipo. Por otra parte, sólo un 23,4% de los empleos que genera el mercado catalán son de tipo alto, a pesar de que un 40% de la población activa acredita un nivel de educación superior. Muchos jóvenes universitarios han encontrado trabajo en otros países europeos, Estados Unidos o países emergentes.

El problema del paro en España no está en la regulación laboral ya demasiado exprimida y sí en un Estado incapaz de formar a sus trabajadores para las necesidades de su economía.

España vive una auténtica esquizofrenia sobre la forma de abordar la elevada tasa de desempleo. El Gobierno y las autoridades económicas insisten en la necesidad de reformar la legislación laboral, mientras que cada vez aparecen más estudios que apuntan que el verdadero problema es la falta de educación y formación adecuada de trabajadores y empresarios.

Para las autoridades económicas, la receta para reducir la elevada tasa de desempleo -el 21%, según la última Encuesta de Población Activa-, está en la regulación laboral. El Banco de España, en su reciente informe anual, ha vuelto a abogar por una rebaja de los costes de despido para reducir el desempleo. La institución que preside Luis María Linde, pide flexibilidad para facilitar la rebaja de salarios y critica “la excesiva protección de los trabajadores indefinidos”. En la misma línea, el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, justificaba la precarización de las condiciones laborales que están sufriendo los trabajadores en esta larga crisis señalando que “el contrato indefinido forma parte de la historia”.