Víctor Pey y las transiciones de España y Chile

La historia de dignidad y constancia de Víctor Pey, catalán de 101 años afincado en Chile, es tan impresionante que en un país normal provocaría que los periodistas se pelearan por entrevistarle, los medios de comunicación lucharían para llegar los primeros a la última noticia del caso, las asociaciones de prensa harían comunicados grandilocuentes, los reyes tratarían de fotografiarse con él y el Gobierno colocaría entre las prioridades del próximo Consejo de Ministros un plan de acción para apoyarle.

Pero los medios de comunicación y las asociaciones de prensa ignoran por completo su historia, los reyes miran para otro lado y el Gobierno incluso maniobra en su contra.

Pey cayó en el lado de los perdedores: republicano español y editor del Clarín equivocado, el diario chileno que Augusto Pinochet confiscó el mismo día que dio el golpe de Estado contra Salvador Allende y no el periódico argentino que tanto gusta a los poderosos. El caso de Víctor Pey es una de las mejores metáforas de que las transiciones de España y Chile de regímenes autoritarios a democracias no fue todo lo modélica que sus apologetas quieren hacer ver.

Pey fue un alto cargo de la Generalitat republicana que desempeñó puestos clave en la organización de la industria durante la guerra. Tras la derrota, recaló en Chile huyendo del fascismo y acabó convirtiéndose en el editor de El Clarín, el diario popular de mayor tirada del país, que apoyaba al presidente Salvador Allende. Treinta y siete años después del golpe de Franco, Pey se topó con el terrible déja vu del golpe de Pinochet: el mismo día en que arrasó la Moneda, las tropas del general se incautaron El Clarín, imprentas incluidas.

Nunca más ha habido un diario de izquierdas con peso en Chile. Y el empresario catalán confiscado a punta de bayoneta ni siquiera ha sido jamás indemnizado. Y eso que con la  formidable y tenaz ayuda del abogado Joan Garcés –exasesor de Allende e impulsor de la Fundación Española Salvador Allende– ha ganado todos los litigios planteados durante décadas en las instancias internacionales de arbitraje.

Las reglas del capitalismo prevén que ante un litigio empresarial hay que acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, y a esta organización de arbitraje se dirigió Pey. Y a pesar de que España se puso increíblemente del lado del Estado chileno en lugar de defender al compatriota expropiado –¿tendría miedo de que se le puedan abrir causas parecidas en España por las confisaciones del franquismo?–, el CIADI le ha dado siempre la razón al irreductible ciudadano español, que pese a ser ya centenario sigue al pie del cañón con su causa. Desde 2012, la decisión del CIADI, que establece una indemnización millonaria, no sólo es nítida, sino también firme y de obligado cumplimiento. Pero Chile y España hacen oídos sordos. ¿Hay alguien ahí?

La situación es tan escandalosa que hasta el Colegio de Periodistas de Chile –un gremio muy poco revolucionario, que tiene como medio de referencia el Mercurio, que jaleó el golpe de Pinochet– acaba de emitir una nota exigiendo al Estado que cumpla la sentencia de una vez e indemnice al empresario catalán. Pey luchó contra Franco y contra Pinochet y, camino ya de los 102 años, no va a agachar la cabeza: la semana pasada denunció que unos desconocidos entraron a su domicilio sin que finalmente le robaran nada: “No me van a amedrentar”, declaró.

¿Tendrá alguna opinión la Asociación de la Prensa de Madrid? Los grandes medios españoles, siempre tan interesados en los supuestos abusos cometidos en América Latina contra empresarios españoles o por los atropellos de los derechos humanos, ¿no tienen espacio ni para un breve? ¿Al Gobierno español ha dejado de interesarle la seguridad jurídica de los empresarios españoles en el extranjero?

 ¿Y si ni España ni Chile son todavía países normales?

La historia de dignidad y constancia de Víctor Pey, catalán de 101 años afincado en Chile, es tan impresionante que en un país normal provocaría que los periodistas se pelearan por entrevistarle, los medios de comunicación lucharían para llegar los primeros a la última noticia del caso, las asociaciones de prensa harían comunicados grandilocuentes, los reyes tratarían de fotografiarse con él y el Gobierno colocaría entre las prioridades del próximo Consejo de Ministros un plan de acción para apoyarle.