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Nueva agenda económica también en España
Cuando en 1981 François Mitterrand y Georges Marchais pactaron en Francia el primer gobierno de socialistas y comunistas en tres décadas y media, en seguida se vio que la economía iba a ser uno de los talones de Aquiles de la coalición. Y así fue: el programa socialdemócrata y keynesiano tradicional de la coalición de izquierdas no logró consolidarse en un contexto internacional de auge del neoliberalismo. Bajo el liderazgo de Ronald Reagan en EEUU y de Margaret Thatcher en Reino Unido, los nuevos postulados neoliberales lograron cambiar el paradigma económico internacional, se convirtieron en hegemónicos y arrinconaron el keynesianismo casi como si fuera una entelequia del pasado. En 1984, el Gobierno francés rectificó, dio un giro a la derecha, más acorde con los nuevos vientos internacionales, y los comunistas abandonaron el Ejecutivo.
Por primera vez desde la caída de la II República, en 1939, se ha formado en España un gobierno de coalición de izquierdas, ahora entre el PSOE y Unidas Podemos, que incluye al Partido Comunista, con un programa económico que, sin abandonar las reglas europeas, incluye significativas gotas neokeynesianas, visibles desde el arranque mismo del mandato, con la subida del salario mínimo a 950 euros, el aumento del sueldo de los empleados públicos, la revalorización de las pensiones (con la voluntad de vincularlas a la inflación) y el objetivo de utilizar la política fiscal para reforzar el Estado de bienestar y luchar contra la desigualdad, así como empujar las palancas de inversión hacia el crecimiento y la emergencia climática.
¿Sucederá lo mismo que en Francia tras el primer gobierno de socialistas y comunistas, en 1981-1984? ¿Puede ser viable un programa ligeramente reformista en un mundo globalizado que funciona con las reglas liberales?
La derecha parlamentaria y la mayoría de medios de comunicación ya han concluido que de ninguna manera. Todos auguran -en ocasiones, de forma muy beligerante- que las nuevas políticas dispararán la deuda, tendrán un efecto negativo sobre el crecimiento, mermarán la competitividad de las empresas y, por tanto, acabarán causando paro y hasta pobreza.
Nadie puede saber todavía si el insólito Gobierno de coalición de izquierdas acabará como el que forjaron Mitterrand y Marchais, pero entre ambas experiencias insólitas hay al menos una gran diferencia: la francesa nacía justo cuando se estaba forjando un nuevo consenso internacional a partir de la ortodoxia neoliberal, lo que dificultaba mucho que pudiera prosperar un programa keynesiano, vinculado al viejo consenso que estaba siendo desplazado. En cambio, la de España arranca precisamente en lo que cada vez más sectores (y más cualificados) del propio sistema capitalista consideran ya el crepúsculo del paradigma neoliberal, cuando ha empezado el tanteo para inaugurar una nueva fase, liberada de algunos de los dogmas que han marcado este largo ciclo de más de cuatro décadas.
Fin del ciclo neoliberal
Un editorial importante del Financial Times, el diario de referencia de los mercados y el más comprometido en la necesidad de definir las nuevas bases para “salvar el capitalismo”, enterró el mes pasado de forma solemne el largo ciclo neoliberal. Con ello daba por finiquitadas las reglas convencionales que han guiado el mundo económico en estas cuatro décadas, especialmente respecto a la política monetaria, y se mostraba partidario de adoptar medidas fiscales contracíclicas y de aprovechar toda la fuerza de la inversión pública para impulsar el crecimiento poniendo el foco en la transición energética.
La obsesión por el control estricto de la deuda y el déficit debería quedar, a su juicio, como una característica del mundo de ayer. “Ya no estamos en el mundo de la década de 1970. Es absurdo actuar como si aún estuviéramos ahí”, remarcaba el editorial, antes de añadir: “Cuando los tipos de interés son tan bajos, tiene sentido que los gobiernos pidan dinero para invertir. En realidad, los prestamistas están suplicándolo”. Y concluía: “Es una locura aferrarse al viejo mundo”.
El principal referente económico del emblemático periódico, Martin Wolf, había complementado el editorialcon un artículo en el que expone lo que considera las cinco prioridades que debe afrontar la nueva era para reformar el “capitalismo amañado” de nuestros días: promover la competición real en muchos mercados que, en la práctica, son oligopólicos; abordar seriamente los abusos del sector financiero; reenfocar el sentido de las empresas para orientarlo hacia el bien común y no solo hacia la maximización de beneficios; reducir las desigualdades, y mejorar la calidad de las democracias.
Paradójicamente, este esbozo de programa para la nueva era del rotativo de referencia de los mercados internacionales conecta muy bien con la agenda reformista del nuevo Gobierno español. Y, desde luego, mucho mejor que con los planes económicos de todas las derechas supuestamente liberales en España, que siguen habitando en las normas y conceptos del viejo orden neoliberal que hasta el Financial Times da por finiquitados.
En esta nueva fase, todavía en construcción, incluso dogmas tan sagrados como el de la deuda pública están pues en revisión, pero buena parte de las críticas de los partidos de la derecha en España siguen tomando como base para sus alarmas las hipotéticas previsiones de aumento de la deuda pública que comportaría el programa económico del nuevo Gobierno.
Esquemas en revisión
La deuda pública sigue efectivamente cerca del 100% del PIB y, por tanto, en una ratio insostenible desde la perspectiva de la ortodoxia. Pero estos esquemas están en revisión también en las principales instituciones internacionales e incluso en el mundo académico. Primero se desmarcaron los partidarios de la teoría monetaria moderna (MMT, en sus siglas en inglés), enarbolada por los economistas de la izquierda del Partido Demócrata en EE UU, que sostienen en síntesis que la deuda pública no es un problema en la medida en que el Estado conserve su capacidad monopolista de proveer moneda. Pero ante la nueva realidad de los bajísimos tipos de interés a largo plazo, cada vez más académicos de renombre vienen subrayando que “la obsesión por la deuda” debería dejar de ser una prioridad, entre ellos Olivier Blanchar, execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Larry Summers, eminencia de Harvard y perpetuo asesor económico del establishment demócrata en EE UU.
Las instituciones internacionales de referencia están siguiendo la misma senda. La propia Unión Europea mantiene los objetivos macroeconómicos de siempre, que forman parte de sus tratados. Sin embargo, ya no los aplica como textos sagrados, sino con flexibilidad para favorecer una visión más amplia que incluya no solo el rigor presupuestario, sino también el crecimiento y la equidad. Incluso ha hecho autocrítica sobre la obsesión pasada por la austeridad y hasta Alemania es más flexible.
La OCDE ya no se especializa tanto en aportar recetas ortodoxas para liberalizar la economía, sino que ha puesto el foco en cómo lograr que los Estados recauden los impuestos que necesitan para mantener los sistemas de bienestar y dejen de ser burlados por la ingeniería fiscal de las multinacionales. Y hasta el FMI ha puesto el foco en la lucha contra la desigualdad, como dejó claro en el reciente Foro de Davos su economista jefa, Gita Gopinach, partidaria incluso de aumentar el gasto social para luchar contra la desigualdad. “En todas las economías, un imperativo clave y cada vez más pertinente en un periodo de creciente descontento consiste en ampliar la inclusividad y garantizar que las redes de protección social estén protegiendo a los más vulnerables y que las estructuras de gobierno refuercen la cohesión social”, expuso Gopinach en la simbólica cita de las élites del capitalismo globalizado.
El mismo Foro de Davos ha dejado clara la necesidad de cambio de paradigma, en línea con la campaña del Financial Times: si el capitalismo quiere sobrevivir tiene que atajar las desigualdades, crecer de forma más inclusiva y afrontar la emergencia climática, proclamó como síntesis de la última edición, con la activista Greta Thunberg como invitada. Son exactamente las mismas prioridades que expresa la agenda reformista del nuevo Gobierno de izquierdas en España, mientras que la oposición sigue enarbolando las banderas habituales en la larga era neoliberal, que la propia élite del capitalismo mundial considera anticuadas: cuadrar las cuentas como prioridad absoluta, competitividad basada en bajos salarios, recorte de derechos sociales...
Campaña mediática
La campaña mediática de la derecha contra el nuevo Gobierno de España daba por hecha la supuesta oposición de los empresarios, pero también estos parecen resituarse en la nueva agenda internacional posneoliberal. Pese a las andanadas apocalípticas de los partidos de derecha y de toda la prensa económica mainstream, la patronal CEOE se sumó en seguida al pacto para incrementar de 900 a 950 euros el salario mínimo en el marco del renovado diálogo social. Y pese a las continuas exhortaciones a la insurrección, su presidente, Antonio Garamendi, se ha expresado con gran rotundidad en El Mundo, uno de los medios más agresivos contra el nuevo Ejecutivo: “Es un gobierno legítimo al que deseamos lo mejor porque será lo mejor para España y para los españoles. La CEOE va a colaborar con independencia, lealtad institucional y sentido de Estado”.
La patronal CEOE se ha sumado a las tesis que desde hace más tiempo abandera su sección catalana, Fomento del Trabajo, que de la mano de su presidente, Josep Sánchez Llibre, habla abiertamente de la necesidad de suscribir un nuevo contrato social que incluya una subida generalizada de los salarios más bajos y una puesta al día de la protección social como la mejor receta para hacer frente a los populismos.
Poco a poco, el debate internacional sobre el propósito de las empresas va llegando también a España, a rebufo de la revolucionaria proclama de la Business Roundtable, que agrupa a las grandes corporaciones de EE UU, que desde el año pasado admite sin ambages que el sentido de una empresa no puede ser solo tener beneficios, sino que debe tener un impacto social positivo para los trabajadores, los proveedores y el conjunto de la sociedad. En España, la Plataforma Pymes, que agrupa a 2,14 millones de pequeñas y medianas empresas, aboga explícitamente en sus documentos por un “capitalismo inclusivo” que sea coherente con el bien común.
Un equipo muy plural
La batuta económica del nuevo Ejecutivo de izquierdas está en manos de Nadia Calviño, reforzada ahora con una vicepresidencia y muy bien conectada con las instituciones europeas. Calviño, miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, forma parte de la corriente social-liberal que siempre ha controlado las carteras económicas en los sucesivos gobiernos del PSOE desde 1982. La vicepresidenta es la garantía de moderación ante los empresarios y la UE y, por ello, paradójicamente, también el mejor escudo para los proyectos más heterodoxos que se ensayen en el Gobierno, que ha sumado a sensibilidades económicas de casi todas las izquierdas, excepto las partidarias del decrecimiento.
También está encuadrado en la tradición social-liberal el economista y ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, mientras que María Jesús Montero, que sigue al frente de Hacienda y asume, además, la portavocía del Gobierno, tiene un perfil netamente socialdemócrata.
Las áreas de Unidas Podemos han reclutado a varios economistas heterdoxos: el vicepresidente Pablo Iglesias cuenta con el respetado poskeynesiano Nacho Álvarez para la secretaría de Estado de Derechos Sociales; la ministra de Trabajo,Yolanda Díaz, ha sumado al economista de CC OO Manuel Lago, mientras que Alberto Garzón, él mismo economista neomarxista, ha incorporado a varios economistas críticos.
Cuando Mitterrand y Marchais pactaron en Francia, el mundo estaba mirando ya para el otro lado. Pero ahora, la agenda reformista del primer gobierno de coalición de izquierdas en España desde 1939 parece conectar con los grandes debates internacionales del mundo liberal... aunque sin la mayoría de los liberales de aquí.
[Este artículo ha sido publicado en el número 77 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]
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