Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.
No es una situación nueva. En noviembre del año pasado, el Bhari Yanbu, barco perteneciente a la misma naviera que, desde 2015, ha transportado material militar y de doble uso por valor cercano a los 360 millones de dólares en diez viajes desde Estados Unidos a Arabia Saudí, hacía parada en el puerto de Motril, Granada. En mayo de 2019, el mismo buque, paró en el puerto de Santander, después de cargar seis contenedores de munición de fabricación belga en Amberes. Amnistía Internacional declaraba entonces lo que diversos estados europeos parecían pasar por alto, que el buque iba “rebotando de puerto en puerto europeo como una pelota”. En esa ocasión, la Campaña Armas Bajo Control (Fundipau, Oxfam Intermón, Greenpeace y Amnistía Internacional) dirigió una carta a las autoridades españolas pidiendo que no autorizaran su tránsito por aguas estatales. Decidieron hacer oídos sordos.
Siete meses después, en plena madrugada de diciembre, otro buque saudí, el Bahri Abha, que desde el inicio de la guerra en Yemen ha transportado armas por valor de 143 millones de euros en ocho viajes desde Estados Unidos a Arabia Saudí, atracaba en el mismo puerto español donde se espera que el Bahri Jazan haga escala este primero de marzo. Alberto Estévez, portavoz de la citada campaña, reclamó en esa ocasión al gobierno que suspendiera las exportaciones de armas a la coalición internacional encabezada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU), declarando que “el gobierno español tiene la obligación de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario y, sí permite esta operación, corre el riesgo de ser cómplice de la comisión de crímenes de guerra”. Esas palabras siguen vigentes, ya que, debemos recordar, España tiene la obligación de suspender las licencias de armas de las cuales tuviese indicios racionales de que podrían ser empleadas en la comisión de genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra, fundamentada bajo la ratificación del Tratado de Comercio de Armas (TCA), la Ley 53/2007 y la Posición Común de 2008.
Conviene tener presente que Yemen es un país asolado por una guerra que se ensaña con la población civil. La coalición de países encabezada por Arabia Saudí y EAU ataca hospitales, colegios, mercados, bodas e incluso funerales.
Las cifras son terribles: casi 9.000 civiles muertos, más de 10.000 personas heridas, más de 2 millones de personas que han perdido sus hogares, 22 de los casi 30 millones de yemeníes necesitan ayuda humanitaria y casi 400.000 menores de edad que sufren malnutrición en un país al borde la hambruna y golpeado por la COVID-19 y el cólera. España es cómplice de esta situación. Entre 2015 y 2019, el gobierno autorizó la venta de armas a la coalición por valor de más de 2.600 millones de euros y exportó armas por un importe de casi 2.000 millones, tendencia que parece no desaparecer. Sólo en el primer semestre del año pasado, el gobierno concedió 16 autorizaciones de exportación de material de defensa (casi el 90% en munición y aviones) a Arabia Saudí por valor de casi 100 millones de euros y 14 autorizaciones de material de defensa a EAU por valor de 22,5 millones, de los cuales 22,2 millones fueron en munición y el resto en armas pequeñas y blindados susceptibles de ser usados en Yemen. La llegada del Bahri Jazan al puerto de Sagunto abre la posibilidad de que varias de estas autorizaciones de exportación se ejecuten, llevando más allá del papel la previamente mentada complicidad española con la coalición saudí.
La escala del buque Bahri Jazan llega en un contexto inusual a nivel internacional. Por un lado, el pasado tres de diciembre, el Grupo de Eminentes Expertos sobre Yemen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU urgía al Consejo de Seguridad acabar con la impunidad y derivar la situación en Yemen al Tribunal Penal Internacional (TPI), denunciando que se habían cometido graves violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH), de las cuales muchas constituirían crímenes de guerra. Por otra parte, diferentes estados han replanteado su posición en materia de exportación de armas. No sólo Estados Unidos parece estar cambiando la estrategia ejercida bajo la Administración Trump entorno al respeto de los DDHH y el DIH en su política de exportación de armas, ejemplificado con la congelación de la venta de estas mismas a Arabia Saudí y EAU tras la llegada de Biden., Además, hace apenas un mes, el gobierno italiano de Conte tomaba una decisión histórica, revocando las autorizaciones en curso para la exportación de misiles y aviones bombas dirigidas a los mismos países.
España debería seguir esta línea de actuación si quiere ser coherente con lo que manifestó en el Congreso el pasado junio, cuando aseguraba que “el principal objetivo del control de comercio exterior de material de defensa es la protección de los derechos humanos”. Amnistía Internacional ya ha emitido una carta a los Ministerios de Comercio, Hacienda y Transportes, así como a la Delegada del Gobierno en Valencia, pidiendo información acerca de la escala del barco saudí y recordando que España “está obligada legalmente a no permitir el tránsito de barcos que transporten armas para cometer atrocidades”. Ahora es momento de que el Gobierno predique con el ejemplo.
No es una situación nueva. En noviembre del año pasado, el Bhari Yanbu, barco perteneciente a la misma naviera que, desde 2015, ha transportado material militar y de doble uso por valor cercano a los 360 millones de dólares en diez viajes desde Estados Unidos a Arabia Saudí, hacía parada en el puerto de Motril, Granada. En mayo de 2019, el mismo buque, paró en el puerto de Santander, después de cargar seis contenedores de munición de fabricación belga en Amberes. Amnistía Internacional declaraba entonces lo que diversos estados europeos parecían pasar por alto, que el buque iba “rebotando de puerto en puerto europeo como una pelota”. En esa ocasión, la Campaña Armas Bajo Control (Fundipau, Oxfam Intermón, Greenpeace y Amnistía Internacional) dirigió una carta a las autoridades españolas pidiendo que no autorizaran su tránsito por aguas estatales. Decidieron hacer oídos sordos.
Siete meses después, en plena madrugada de diciembre, otro buque saudí, el Bahri Abha, que desde el inicio de la guerra en Yemen ha transportado armas por valor de 143 millones de euros en ocho viajes desde Estados Unidos a Arabia Saudí, atracaba en el mismo puerto español donde se espera que el Bahri Jazan haga escala este primero de marzo. Alberto Estévez, portavoz de la citada campaña, reclamó en esa ocasión al gobierno que suspendiera las exportaciones de armas a la coalición internacional encabezada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU), declarando que “el gobierno español tiene la obligación de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario y, sí permite esta operación, corre el riesgo de ser cómplice de la comisión de crímenes de guerra”. Esas palabras siguen vigentes, ya que, debemos recordar, España tiene la obligación de suspender las licencias de armas de las cuales tuviese indicios racionales de que podrían ser empleadas en la comisión de genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra, fundamentada bajo la ratificación del Tratado de Comercio de Armas (TCA), la Ley 53/2007 y la Posición Común de 2008.