La comunidad gitana, dans la rue!

Constantin, de 39 años, lleva 20 residiendo en Francia, y durante este tiempo ha sido desalojado dos veces al año por termino medio y expulsado a Rumania en tres ocasiones. Llevaba 18 meses viviendo con su esposa y sus dos hijos en un asentamiento informal de La Courneuve, cuando una delegación de Amnistía Internacional se entrevistó con él, el 21 de septiembre de 2012, tres días después de que un agente judicial le entregara una orden de desalojo inmediato del lugar. Según explicó, no había habido consulta de ninguna clase.

“Es muy duro estar mudándose de un sitio a otro y no tener un lugar fijo donde vivir. No podemos quedarnos siquiera un poco -explicó Maria, mujer gitana que vivía en un almacén en Sucy-en-Brie-. Cuando sé que tenemos que marcharnos, siempre es igual, me duele el corazón.”

Carmen, de 27 años, tiene un hijo de ocho y una hija de cuatro. Vivía en una casucha levantada de manera provisional en Villeneuve-le-Roi hasta que la desalojaron el 11 de septiembre de 2012. Le ofrecieron dos noches de alojamiento de emergencia en un hotel. La policía no le permitió entrar a por sus cosas durante el desalojo y tuvo que caminar durante cuatro horas con sus hijos y el equipaje hasta llegar al hotel, que estaba a varios kilómetros de la estación más próxima. Pasó allí sólo una noche, porque estaba muy lejos del lugar donde vivía anteriormente. Cuando Amnistía Internacional la encontró, el 22 de septiembre, vivía en una pequeña tienda de campaña, para dos personas, con su marido y sus dos hijos, en un asentamiento informal de Champs-sur-Marne. No había acceso a agua ni a retretes en el campamento, y ninguno de los niños estaba escolarizado. El 16 de octubre de 2012, se presentó un agente que repartió una citación judicial de desalojo entre los habitantes del campamento porque se ubicaba en una propiedad privada. La vista estaba fijada para el 27 de noviembre de 2012 ante el Tribunal de Grande Instance de Meaux.

Estos testimonios los recogimos en París, pero hubiéramos podido escucharlos en el poblado de Puerta de Hierro en Madrid -a punto de ser desmantelado por el Ayuntamiento- y en muchas otras ciudades de España y de Europa como Burgás, en Bulgaria; Atenas en Grecia; Roma en Italia; Miercurea Ciud en Rumania; o Nuevo Belgrado en Serbia. La población gitana es la minoría étnica más numerosa de Europa, con 12 millones de personas, y una de las que más discriminación sufre.

Las personas de etnia gitana viven mayoritariamente en asentamientos carentes de servicios públicos mínimos y a menudo son desalojadas sin ser consultadas previamente, sin recibir aviso con suficiente antelación y sin que se les ofrezca ningún alojamiento alternativo. Con frecuencia, son víctimas de desalojos forzosos, pierden sus hogares y se ven abocadas a unas condiciones de vida y vivienda deplorables. Muchas también pierden sus propiedades y el acceso que tuvieran a educación, empleo, sanidad y servicios sociales.

En el caso de Francia, la mayoría de las 15.000 personas gitanas que viven en su territorio proceden de Rumania, y algunos de Bulgaria. Casi todos han huido de la pobreza crónica y la discriminación que sufrían en sus países de origen.

Al no tener la ciudadanía francesa, les está prohibido por ley permanecer en el país más de tres meses si no tienen trabajo o no pueden demostrar que cuentan con medios suficientes para su sustento.

Sin embargo, al pertenecer a la Unión Europea, si les expulsan, tienen derecho a regresar, que es lo que muchas personas hacen en reiteradas ocasiones.

Como en Francia -y tantos otros países del entorno- hay una falta crónica de vivienda adecuada y refugio de emergencia para quienes lo necesitan, las personas que son desalojadas se ven obligadas a vivir dans la rue. Y esto, pese a quien le pese, es una flagrante violación de derechos humanos. La pregunta es hasta cuándo van a seguir permitiéndolo las autoridades. El problema no es nuevo. Y las calles, aunque sean de París, no son acogedoras para vivir.

Constantin, de 39 años, lleva 20 residiendo en Francia, y durante este tiempo ha sido desalojado dos veces al año por termino medio y expulsado a Rumania en tres ocasiones. Llevaba 18 meses viviendo con su esposa y sus dos hijos en un asentamiento informal de La Courneuve, cuando una delegación de Amnistía Internacional se entrevistó con él, el 21 de septiembre de 2012, tres días después de que un agente judicial le entregara una orden de desalojo inmediato del lugar. Según explicó, no había habido consulta de ninguna clase.

“Es muy duro estar mudándose de un sitio a otro y no tener un lugar fijo donde vivir. No podemos quedarnos siquiera un poco -explicó Maria, mujer gitana que vivía en un almacén en Sucy-en-Brie-. Cuando sé que tenemos que marcharnos, siempre es igual, me duele el corazón.”