Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.
Esta ley mantiene bajo llave aún hoy temas fundamentales de derechos humanos como son los crímenes en la Guerra Civil y el franquismo, la venta de armas a países que cometen crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, el espionaje a activistas, periodistas o representantes políticos, o las infiltraciones policiales en manifestaciones.
El presidente del gobierno asumió el pasado 29 de abril, tras cinco días de reflexión, su “compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y libertades”. Una declaración de intenciones que debería de dar paso a acciones concretas con las que cumplir con asignaturas pendientes que lleva años arrastrando. Es el caso de la Ley de Secretos Oficiales, cuya reforma anunció hace más de tres años como un paso necesario por la “calidad de nuestra democracia, en todo lo que representa la transparencia”.
Pedro Sánchez ha anunciado un punto y aparte, y reclama que “la mayoría social se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común”. Para ello cuenta con una herramienta muy potente, que es la presidencia del gobierno de la que es titular, así como una mayoría legislativa que desde hace años viene aprobando las propuestas de reforma de la Ley de los Secretos Oficiales y que en un Pleno del mes de febrero aprobó nuevamente la tramitación de la reforma.
Recordando lo obvio, un punto y aparte sería reformar una ley para superar las principales preocupaciones. En caso contrario nos quedaríamos en un mero punto y seguido. El nuevo texto deberá incluir la prohibición expresa de clasificar como secreta la información sobre violaciones graves de derechos humanos. La futura ley debe prever que en ningún caso se pueda limitar el acceso a información para prevenir, reducir o investigar violaciones de derechos humanos.
Para una regeneración democrática efectiva el gobierno y los grupos parlamentarios también deben asegurar que la nueva ley cumpla con el criterio restrictivo en materia de clasificación de información. Es decir: la transparencia como norma y la opacidad como excepción. Los estándares internacionales reconocen que ciertos temas sí pueden ser restringidos legítimamente, si bien las restricciones temporales a la información sólo pueden responder a razones limitadas y muy precisas, y demostrar que estas restricciones son necesarias y proporcionales a la amenaza específica que justificaría su no divulgación.
Es asimismo fundamental garantizar medidas de protección para las personas informantes o denunciantes que revelen información clasificada, y la previsión de que queden excluidas del régimen sancionatorio. El derecho a denunciar irregularidades es una extensión natural del derecho a la libertad de expresión y por tanto relevante para avanzar en la regeneración democrática.
“Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia”, reclama Pedro Sánchez. De igual modo le demandamos que lo haga, cumpliendo con su compromiso anunciado en el pasado y reafirmado en el presente. El acuerdo de PSOE y Sumar del 16 de mayo en el que anunciaban la creación de un grupo de trabajo para desarrollar “medidas de regeneración democrática” debería de facilitar la concreción de esta aspiración.
España debe avanzar en derechos y esta ley retrógrada se lo impide puesto que es un cerrojo frente al derecho de información, la transparencia y la posibilidad de investigar numerosas violaciones de derechos humanos. Por un futuro en el que la cultura de los derechos prevalezca sobre el oscurantismo y la impunidad, no hay excusas: es hora de abrir el candado de los secretos oficiales.
Esta ley mantiene bajo llave aún hoy temas fundamentales de derechos humanos como son los crímenes en la Guerra Civil y el franquismo, la venta de armas a países que cometen crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, el espionaje a activistas, periodistas o representantes políticos, o las infiltraciones policiales en manifestaciones.
El presidente del gobierno asumió el pasado 29 de abril, tras cinco días de reflexión, su “compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y libertades”. Una declaración de intenciones que debería de dar paso a acciones concretas con las que cumplir con asignaturas pendientes que lleva años arrastrando. Es el caso de la Ley de Secretos Oficiales, cuya reforma anunció hace más de tres años como un paso necesario por la “calidad de nuestra democracia, en todo lo que representa la transparencia”.