Tarajal: Seis años esperando justicia

En este caso concreto, lejos de garantizar los derechos humanos y proteger a las personas que intentaban alcanzar la costa, en lugar de prestar auxilio, las autoridades españolas antepusieron la defensa de la frontera, dejando a estas personas en una situación de absoluta desprotección. No podemos olvidar que la defensa de las fronteras debe ser compatible con la defensa de los derechos humanos.

Algunas organizaciones como Amnistía Internacional denunciamos públicamente la necesidad de que se llevara a cabo una investigación inmediata, exhaustiva y efectiva del uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por otro lado, varias asociaciones presentaron una denuncia que dio lugar a que se iniciara una investigación judicial sobre todo lo ocurrido.

Desde entonces, el largo camino recorrido por las familias de las víctimas para saber lo que pasó ese día con sus familiares y obtener justicia ha estado y sigue estando lleno de obstáculos. A día de hoy, las familias no solo no han obtenido verdad, justicia y reparación, sino que tampoco han podido identificar los cadáveres de sus familiares porque las autoridades han desatendido sus peticiones y necesidades. En este punto me pregunto a qué se debe esa manifiesta falta de humanidad y, sinceramente, no encuentro razón para ello.   

El proceso judicial tampoco ha sido fácil. La causa se ha archivado hasta en tres ocasiones. El último archivo se produjo en octubre del año pasado tras la petición de la Fiscalía, entre otras, por considerar que no había delito. Tampoco se admitió por parte del Tribunal la personación como acusación particular de los familiares de las víctimas. A día de hoy seguimos esperando que se haga justicia. Seis años después nos encontramos nuevamente ante una situación de impunidad y falta de rendición de cuentas muy preocupante.

El auto del tribunal recoge expresamente que miembros de la Guardia Civil investigados en la causa utilizaron material de dispersión para disuadir a las personas que se encontraban en el mar, disparando en consecuencia bolas de goma y botes de humo al mar en que nadaban. Dicha actuación, según el propio auto, pudo contribuir, a título de imprudencia a la muerte por ahogamiento de las mismas, concurriendo indicios de falta de proporcionalidad de la actuación desplegada por los investigados. También omitieron socorrer a las personas que se hallaban nadando en el mar con riesgo vital.

Sin embargo, todas estas cuestiones han quedado pendientes de analizar por la falta de celebración de juicio y archivo de la causa. No sabemos qué responderán los tribunales en segunda instancia, pero ojalá nada de esto se ahogue entre papeles y archivos como se ahogaron las esperanzas de las personas que murieron buscando una vida mejor.

Frente a un olvido que no podemos permitir, los actos se repiten en este sexto aniversario: el Congreso guardará un minuto de silencio por las víctimas en las fronteras y habrá un acto público de Memoria de las Víctimas de Tarajal a las 19 horas en la Fiscalía General (Paseo de la Castellana, 5). Porque la esperanza por alcanzar verdad, justicia y reparación no terminará.

En este caso concreto, lejos de garantizar los derechos humanos y proteger a las personas que intentaban alcanzar la costa, en lugar de prestar auxilio, las autoridades españolas antepusieron la defensa de la frontera, dejando a estas personas en una situación de absoluta desprotección. No podemos olvidar que la defensa de las fronteras debe ser compatible con la defensa de los derechos humanos.

Algunas organizaciones como Amnistía Internacional denunciamos públicamente la necesidad de que se llevara a cabo una investigación inmediata, exhaustiva y efectiva del uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por otro lado, varias asociaciones presentaron una denuncia que dio lugar a que se iniciara una investigación judicial sobre todo lo ocurrido.