Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.
Y es que lo están intentando todo: han reclamado justicia en la Audiencia Nacional, en juzgados territoriales; han llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y nada. De hecho, en 2012 el Tribunal Supremo español fue contundente en afirmar que las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil y el franquismo no podían ser investigadas en España. Llegó a afirmar que investigar esto era una tarea de los historiadores y no de la justicia.
Por eso, muchas víctimas fueron a tocar la puerta de la justicia argentina, pidiéndole que haga lo que no hacía España. Esto gracias a una herramienta jurídica llamada “jurisdicción universal”, que permite a la jueza argentina investigar crímenes cometidos en España, por españoles, contra españoles. Algo parecido a lo que había hecho la justicia española, allá por 1998, en el caso del General chileno Pinochet.
Y hasta Buenos Aires se fue Antonio a buscar justicia, que tiene 83 años pero tenía tres cuando su padre y su madre desaparecieron; también viajó Flor, que está buscando a su hermano, quien fue sustraído al nacer; y Felisa, que fue torturada en 1975 por agentes de seguridad franquistas. Y no les estaba yendo mal: Antonio declaró ante la jueza argentina el año pasado para recuperar los cuerpos de sus padres; y Flor y Felisa consiguieron que la justicia argentina dictara una orden de extradición y captura internacional, entre otros, contra un ginecólogo (por el robo de bebés) y contra Billy “el niño” (por torturas).
Sin embargo, España se negó a extraditar a los imputados (19 en total); por ello, la jueza argentina decidió viajar a España para tomar declaración a los imputados. Pero ni así: la Fiscalía General del Estado español emitió una Orden pidiendo a los fiscales españoles que se nieguen a colaborar con la justicia argentina, insistiendo en que estos delitos no se pueden investigar.
Por eso esta campaña “Justicia por navidad”, que presenta hoy Amnistía Internacional. Por eso quisimos contar con los testimonios de Antonio, Flor y Felisa, que ilustran la situación de miles (sí, de miles) de víctimas que no se cansan, que siguen, que caminan.
Con esta campaña, esperamos que la justicia camine, pero no dos pasos más allá, sino a la par de las víctimas.
Y es que lo están intentando todo: han reclamado justicia en la Audiencia Nacional, en juzgados territoriales; han llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y nada. De hecho, en 2012 el Tribunal Supremo español fue contundente en afirmar que las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil y el franquismo no podían ser investigadas en España. Llegó a afirmar que investigar esto era una tarea de los historiadores y no de la justicia.
Por eso, muchas víctimas fueron a tocar la puerta de la justicia argentina, pidiéndole que haga lo que no hacía España. Esto gracias a una herramienta jurídica llamada “jurisdicción universal”, que permite a la jueza argentina investigar crímenes cometidos en España, por españoles, contra españoles. Algo parecido a lo que había hecho la justicia española, allá por 1998, en el caso del General chileno Pinochet.