Venta de armas a Colombia e Israel: curar por no haber prevenido

Los acontecimientos que están sucediendo en las últimas semanas en lugares tan alejados y dispares como Israel, Territorios Palestinos Ocupados (TPO) o Colombia tienen, al menos, dos cosas en común: por un lado demuestran un uso desproporcionado de la fuerza contra personas civiles, contraviniendo las normas internacionales de derechos humanos y, por otro, nos ponen sobreaviso, una vez más, de lo que las organizaciones como Amnistía Internacional venimos advirtiendo desde hace años al gobierno español, cuando éste decidió la exportación a ambos países de armas, y es que éstas pueden estar siendo utilizadas en este instante para cometer atrocidades.

En Colombia, desde el 28 de abril, miles de personas ocupan las calles pidiendo una mejora de sus condiciones sociales y económicas, a lo que el gobierno colombiano ha respondido con una represión que se ha saldado con decenas de personas muertas, cientos de heridas y un número no determinado de personas detenidas, desaparecidas y víctimas de violencia sexual. Amnistía Internacional ha hecho pública la evidencia audiovisual del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Fuerza Pública en el control de las manifestaciones. Además, resulta especialmente preocupante la participación de las fuerzas armadas en la represión de las protestas sociales que, tal y como ha indicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “el Estado debe limitar al máximo la participación de fuerzas militares en tareas de seguridad interna”.

En paralelo, en la última escalada de violencia entre israelíes y palestinos, las fuerzas israelíes han hecho un uso reiterado de la fuerza excesivo e injustificado contra la población civil palestina. Los datos recabados por Amnistía Internacional reflejan un escalofriante patrón de uso abusivo e innecesario de la fuerza por las fuerzas israelíes contra manifestantes palestinos mayoritariamente pacíficos en los últimos días. Entre las personas que han resultado heridas en los episodios de violencia en Jerusalén Oriental hay transeúntes y también musulmanes que estaban en medio de sus oraciones de Ramadán. Los grupos armados palestinos, por su parte, han lanzado más de 1.500 cohetes contra civiles en Israel. El saldo total de fallecidos (hasta el momento de escribir este post) es de 53 personas en Gaza, de las cuales, 14 son menores. Es fundamental que todas las partes ejerzan la máxima moderación y cumplan con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional en los términos más estrictos, también en lo que respecta a la protección del derecho inherente a la vida de los niños.

En Colombia, la policía y el ejército han utilizado para la dispersión de protestas armas letales y han hecho un uso indiscriminado de gas lacrimógeno, cañones de agua y otros materiales prohibidos. Este modus operandi no es una novedad: el gobierno de Iván Duque ya utilizó estos métodos contra manifestantes durante 2019 y 2020. Por esta razón, en diversas ocasiones preguntamos a la Junta Interministerial que autoriza las exportaciones de armas españolas: “¿cómo explica que, ante informes fidedignos de Naciones Unidas y de otras fuentes que señalan la existencia de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y la policía colombianas, así como de abusos por parte de grupos irregulares o delictivos con vínculos con las agencias oficiales, España exportara munición a las fuerzas armadas de este país por valor de 6,3 millones de euros en 2019 y de 5,9 millones en munición?”

Esta misma preocupación ha sido reiterada en ocasiones anteriores porque, España es un proveedor constante al ejército y la policía de Colombia de determinadas categorías de armas cuyo uso nos preocupa, como armas pequeñas y ligeras, munición y material de apoyo como blindados y aviones: en total ha exportado armas por valor de casi 70 millones de euros entre 2015 y junio de 2020 (según los últimos datos disponibles de junio de 2020). La semana pasada, Amnistía Internacional, una vez mas pidió al Gobierno español la suspensión de las exportaciones de material de defensa y otro material letal que se puedan usar para cometer graves violaciones de derechos humanos en la represión de las manifestaciones.

Las autoridades israelíes, por su parte, continúan cometiendo violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en los TPO, utilizando todo tipo de material: desde gas lacrimógeno hasta ataques aéreos, pasando por granadas aturdidoras y disparos indiscriminados. Desde 2014, Amnistía Internacional ha solicitado al gobierno español la suspensión inmediata de las transferencias de armas a Israel, por las constantes violaciones de derechos humanos cometidas por medio de ataques indiscriminados. El Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el proceso de paz en el Oriente Medio, Tor Wennesland, pidió el pasado martes 11 de mayo el cese inmediato de los ataques de uno y otro, abogando por la toma de responsabilidad de los líderes de todos los bandos en la desescalada. Estas palabras deben hacerse extensibles a los líderes de los estados que contribuyen con sus armas a alimentar este conflicto, amplificando las consecuencias que tiene para la población civil, sobre todo una vez que el primer ministro en funciones israelí, Benjamin Netanyahu, anunciara el 11 de mayo en sus redes sociales que “la fuerza de los ataques y la frecuencia incrementará”.

En los últimos seis años, España autorizó 161 licencias de exportación de armas a Israel por valor de más de 40 millones de euros, incluida munición por importe de más de 1,5 millones de euros y 20 millones de euros en la categoría de aeronaves. Las exportaciones realizadas en ese período superaron los 7 millones de euros e incluían 4,5 millones de euros en armas cortas y 1,5 en munición.

El gobierno español no quiso prevenir, y ahora toca curar. Aunque hubiera sido mejor haber tomado antes medidas, ahora debe colaborar en la desescalada de estos conflictos, evitando echar aún mas leña al fuego suministrando todavía más armas que puedan alimentarlos. Debe suspender las autorizaciones otorgadas y aún no realizadas a estos países, cuando sean susceptibles de ser utilizados para la comisión de derechos humanos como los documentados. Más allá del terreno de lo moral, España debe tomar esta decisión por imperativo de las obligaciones legales en la normativa española, europea e internacional. Si no lo hace, se arriesga a ser cómplice de crímenes de derecho internacional tanto en Colombia como en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados.

Los acontecimientos que están sucediendo en las últimas semanas en lugares tan alejados y dispares como Israel, Territorios Palestinos Ocupados (TPO) o Colombia tienen, al menos, dos cosas en común: por un lado demuestran un uso desproporcionado de la fuerza contra personas civiles, contraviniendo las normas internacionales de derechos humanos y, por otro, nos ponen sobreaviso, una vez más, de lo que las organizaciones como Amnistía Internacional venimos advirtiendo desde hace años al gobierno español, cuando éste decidió la exportación a ambos países de armas, y es que éstas pueden estar siendo utilizadas en este instante para cometer atrocidades.

En Colombia, desde el 28 de abril, miles de personas ocupan las calles pidiendo una mejora de sus condiciones sociales y económicas, a lo que el gobierno colombiano ha respondido con una represión que se ha saldado con decenas de personas muertas, cientos de heridas y un número no determinado de personas detenidas, desaparecidas y víctimas de violencia sexual. Amnistía Internacional ha hecho pública la evidencia audiovisual del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Fuerza Pública en el control de las manifestaciones. Además, resulta especialmente preocupante la participación de las fuerzas armadas en la represión de las protestas sociales que, tal y como ha indicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “el Estado debe limitar al máximo la participación de fuerzas militares en tareas de seguridad interna”.