Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.
Empecemos por las cifras
A nivel mundial más de 1.800 millones de personas carecen de una vivienda adecuada, se estima que 15 millones de personas son desalojadas por la fuerza cada año de sus hogares y que aproximadamente 150 millones no tienen hogar.
En España, sabemos que desde 2013 -cuando se empiezan a publicar estadísticas- se han producido 426.593 desalojos. No sabemos más. Podemos intuir que hay más mujeres afectadas que hombres, debido a la desigualdad socioeconómica estructural que atraviesa la realidad. Sin embargo, no existe un diagnóstico del rostro humano de los desalojos que identifique cuántas personas han perdido su hogar ni quiénes son. Sin este análisis, es difícil imaginar que las políticas de vivienda se adapten a las verdaderas necesidades de las personas, especialmente de las mujeres y sean eficaces.
Sigamos con los actores responsables
La mayoría de Estados no ha aplicado estrategias eficaces para hacer efectivo el derecho a la vivienda según la Relatora. Los Estados a menudo conciben la vivienda como una cuestión de política socioeconómica vaciándola de su carácter de derecho humano. Por otra parte el informe destaca el dominio sin precedentes de los promotores e inversores privados de los sistemas de vivienda que utilizan esta última como un bien perfecto para la especulación y el beneficio económico, despojándola de su función social.
España no escapa a esa concepción mercantilista
La vivienda sigue regulándose o desregulándose como un bien de inversión, como una parte de la actividad económica. Nuestra propia crisis de vivienda se ha construido sobre prácticamente los mismos cimientos que la internacional. Estos van desde un irrisorio porcentaje de vivienda social de alquiler (2,5% del total del parque de viviendas), hasta unos precios de alquileres que siguen catapultándose hasta nuestros techos, escapando a cualquier tipo de regulación del mercado que asegure que la vivienda, como derecho humano que es, sea un bien asequible. Otra dolorosa capa de la cimentación de nuestra crisis es la elevadísima cifra de desalojos que han convivido en el tiempo con una cifra sin actualizar desde 2011 de 3,4 millones de viviendas vacías y un proceso de desinversión pública sin precedentes.
Durante la crisis económica y cuando las personas necesitaban mayor protección, hemos sufrido uno de los mayores recortes en la protección social (70% en la partida de las ayudas a la vivienda en los últimos diez años). Este edificio de la crisis se ha podido ir elevando gracias a la ausencia de normativa que, de existir, hubiera blindado con todas las garantías de protección a este derecho y a las personas
El cemento con el que construir una nueva política y legislación de vivienda más garantista debe estar compuesto de una idea básica. El reconocimiento y configuración de la vivienda como un verdadero derecho humano cuya protección hay que blindar jurídicamente. Admitir esto conlleva asumir que las autoridades (centrales, autonómicas y locales) tienen obligaciones. Implica la regulación de las mismas -incluyendo la regulación de las empresas que suministran bienes que son derechos humanos- y comporta el establecimiento de un marco político y jurídico en el que se rindan cuentas por las violaciones cometidas. Obliga igualmente a acabar con las discriminaciones en el acceso y disfrute de este derecho, especialmente de las que sufren las mujeres.
Y lo más importante, significa que las personas deben tener acceso a la justicia, no sólo para defenderse de los desalojos sino también respecto de la negligencia y la inacción del Estado para lograr la plena efectividad del derecho a la vivienda. Para ello, los tribunales deben abogar por interpretaciones de la legislación que sean compatibles con el derecho a la vivienda.
En definitiva supone construir un muro de contención que no pueda ser derrumbado ni por las autoridades ni por el sector privado bajo ninguna circunstancia ni en ningún contexto.
Las recetas están identificadas en este excelente informe. Sólo hace falta que se implementen de manera urgente si queremos salir de esta crisis. La nueva legislatura que arranca puede y debe ser una oportunidad para ello.
Empecemos por las cifras