Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.
A pesar del acuerdo de alto el fuego, la coalición dirigida por Arabia Saudí ha seguido realizando en Yemen ataques indiscriminados contra la población civil, lo que representaría crímenes de guerra, algunos de los cuales además dificultaron la llegada de ayuda humanitaria.
Así, en el pasado año se lanzaron ataques aéreos contra edificios de telecomunicaciones, centros sanitarios, una facultad de arte e incluso un parque infantil. Solo el ataque del 21 de enero contra un centro de detención en Saada causó la muerte de al menos 80 civiles y causó heridas a más de 200.
Se calcula que, desde el inicio del conflicto en 2015, más de 233.000 personas habrían podido perder la vida y 2,5 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse dentro del país.
Arabia Saudí es el tercer país que más aplica la pena de muerte en el mundo. En 2022, registró 196 ejecuciones, la cifra más alta en 30 años. El 12 de marzo de ese año realizó una ejecución colectiva de 81 personas.
Las condenas a la pena capital llegan tras juicios claramente injustos, por delitos como robo, contrabando de drogas o terrorismo, pero también de otros como “desestabilizar el tejido social y la cohesión nacional” o “promover y participar en sentadas y protestas”. A pesar de que comunicó a Amnistía Internacional que todas las penas capitales a menores de edad habían sido conmutadas, Arabia Saudí ha seguido ejecutando a jóvenes que eran menores en el momento del presunto delito.
Como Salma al-Shebab, una joven saudí, madre de dos hijos y estudiante de doctorado en Reino Unido. Su delito, durante una visita a su país, haber tuiteado a favor de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí. Tras 285 días en régimen de aislamiento le condenaron a seis años de cárcel, pero el “Tribunal Penal Especializado” aumentó posteriormente la pena a 34 años.
Antes, otras activistas como Loujain al-Hathloul, Nassima al-Sada o Samar Badawi pasaron por prisión por reclamar sus derechos. El año pasado fueron puestas en libertad, pero siguen bajo estrictas restricciones como la prohibición de hablar en público, salir del país o usar las redes sociales.
Arabia Saudí es uno de los once países donde la homosexualidad puede llegar a castigarse con la pena de muerte, según la plataforma ILGA. En 2019, una agencia gubernamental calificó la homosexualidad (junto al feminismo y el ateísmo) como “ideas extremistas” que deben castigarse con prisión y flagelación. Y por desgracia se aplica esta recomendación. En 2020, el defensor de los derechos LGTBI Mohamed al-Bokari fue condenado a 10 meses de prisión y 500 latigazos, acusado de violar la moral pública, promover la homosexualidad e “imitar a las mujeres”.
El año pasado un tribunal especializado declaró culpables a al menos 15 personas, con penas entre 15 y 45 años de cárcel, por ejercer su derecho de libertad de expresión o de asociación pacífica. Algunos de los condenados, simplemente publicaron contenido -de carácter pacífico- en Twitter.
También el año pasado, ese tribunal condenó a 10 egipcios de etnia nubia a penas de entre 10 y 18 años de prisión por organizar un acto conmemorativo. Llevaban más de dos años detenidos a la espera de juicio.
A pesar de que en julio de 2022 se aprobaron algunas medidas para limitar el sistema kafala, como permitir que el personal doméstico (compuesto en su mayoría por mujeres migrantes) pudiera decidir cambiar de empleador, la nueva norma sigue sin protegerlas de insultos, agresiones, la confiscación del pasaporte o el impago de salarios.
Asimismo, las fuerzas de seguridad saudíes continúan reprimiendo mediante detenciones arbitrarias a las personas migrantes sin permiso de residencia, sobre todo de origen etíope. Según el propio Ministerio del Interior, entre enero y noviembre de 2022 fueron devueltas a su país de origen al menos 479.000 personas extranjeras de las 678.000 detenidas por infringir la normativa sobre “seguridad laboral, de residencia y de fronteras”.
Así, hombres, mujeres, niños y niñas etíopes fueron recluidos hasta 18 meses en condiciones inhumanas, en celdas masificadas, sometidos a torturas y sin alimentación ni atención médica adecuada, antes de su devolución. Al menos 12 personas murieron el año pasado debido a estas brutales condiciones.
Según análisis de instituciones internacionales, Arabia Saudí es uno de los países del mundo donde hay mayor desigualdad de género. A pesar de ligeros avances, como la posibilidad de conducir, la discriminación que se venía practicando ya tiene categoría de ley. En marzo de 2022, el Consejo de Ministros aprobó la figura de tutela masculina según la cual, solo ellos pueden ser tutores legales, las mujeres les deben pedir permiso para casarse y una vez se casan deben obedecer a sus maridos.
La represión a las mujeres saudíes es cotidiana y asfixiante. No pueden vestir libremente, sino con la abaya, una túnica negra que apenas deja cubierta una pequeña parte del rostro; no pueden acceder a ciertos espacios públicos; se mantienen los matrimonios forzados y, aunque sufran maltrato por parte de sus maridos, no pueden abandonar su hogar ya que podrían ser denunciadas por desobediencia por su “guardián”.
De acuerdo a la última clasificación de Reporteros sin Fronteras, Arabia Saudí ocupa el puesto 170, de un total de 180, en lo que se refiere a libertad de prensa. No existen medios de comunicación libres y, según esta organización actualmente hay 24 periodistas en la cárcel. El triple que en en 2017. Además, la tortura a los presos por delitos de opinión es habitual y el espionaje a periodistas incluye tanto a quienes se encuentran dentro del país como a quienes se han exiliado.
En octubre de 2018, el periodista Jamal Khashoggi, crítico con el régimen de Mohamed bin Salman, fue asesinado en la embajada saudí en Turquía. Se sabe que ocho personas han sido condenadas, pero no se conocen ni sus nombres ni se han publicado información sobre el proceso judicial. Sin embargo, sí sabe que el tribunal absolvió a los principales acusados: el asesor del príncipe heredero, Saud al-Qahtani, y el agente de los servicios secretos y cónsul en Estambul, Mohamed al-Otaibi,en cuyo despacho habría sido descuartizado el periodista.
Más información sobre la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí
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