Nueva Canarias no cree que el presupuesto de Justicia en 2025 afronte “las graves necesidades del sistema”

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha advertido este martes, en comisión parlamentaria, que las partidas previstas para la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad desatienden las graves necesidades de las infraestructuras y evitan las tareas prioritarias en el “colapsado” sistema judicial del Archipiélago. La formación ha criticado las cuentas asignadas para el año que viene en este área tras la exposición que ha hecho la consejera del departamento, Nieves Lady Barreto, cuando gestionará 367.889.541 euros, un 6,74% más que este año, y en el que ha destacado “el gran incremento” en el capítulo 1.

En concreto en este capítulo el aumento es del 10,84% y la cifra asciende a 181,2 millones de euros con el objetivo, según Nieves Lady Barreto, de dar respuesta a la subida salarial acordada con las organizaciones sindicales de la administración de Justicia, el aumento del 30% en los baremos del turno de oficio para los abogados y afrontar el aumento de efectivos en la Policía Canaria.

La consejera ha pedido disculpas en su intervención porque se ha detectado un error, una disminución de 151.000 euros en la partida destinada a la mediación, que se corregirá en el trámite de enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

Entre otras partidas ha citado además la asignación de 199.443.400 euros para el área de justicia, que permitirá la ampliación de plantilla en los nueve juzgados abiertos este año en Canarias y consignar 250.000 euros para el proyecto de edificio judicial en Santa Cruz de La Palma y 400.000 para iniciar las obras del palacio de justicia en Fuerteventura.

En cuanto a la memoria histórica, se consignan 140.000 euros de fondos propios del Gobierno de Canarias, que confía en que el ejecutivo central mantenga su aportación de 74.000 euros.

La Dirección General de Seguridad gestionará 23.218.790 euros que se utilizarán para la incorporación de 153 efectivos a la Policía Canaria, entre otras cuestiones, mientras que la Dirección General de Formación en Seguridad tendrá una partida de 2.136.141 euros, ha continuado la consejera.

Asimismo, en el proyecto de presupuestos se han asignado unos 40 millones de euros para la Viceconsejería de relaciones con el Parlamento de Canarias y unos 50 millones para la encargada de la recuperación de La Palma.

La parlamentaria de Nueva Canarias Carmen Hernández advirtió además de que las cuentas del pacto de las dos derechas canarias tampoco son útiles para afrontar otros desafíos pendientes de la administración pública. 

Según Hernández, estos presupuestos no afrontan las tareas prioritarias y los desafíos “más relevantes” del sistema judicial. No pueden garantizar, una administración “de calidad, eficaz, eficiente y moderna”, sostiene.

Mucho menos, añadió la diputada de Nueva Canarias, “afrontar los problemas y necesidades crónicas, lo que llevó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en la última memoria anual, a denunciar el colapso del sistema”.

Con un aumento de 23,2 millones de euros con respecto a 2024, la parlamentaria del grupo reveló “recortes importantes” y rechazó con rotundidad que el Gobierno se escude en que no hay opciones para tener un mayor margen de gasto. Con una política fiscal “justa y progresiva, en lugar de bajar los impuestos a los más ricos, suprimir tributos a los herederos y aprobar nuestra tasa turística, saldrían los recursos” para disponer de unas cuentas con un mayor margen para desarrollar distintas políticas.

Criticó la disminución de las partidas para el Ministerio Fiscal, para la seguridad y las emergencias, la función pública, así como el mantenimiento del programa de promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres.

Rechazó por “insuficientes” los fondos para el punto de encuentro familiar, así como el aumento de 1,1 millones de euros la asistencia jurídica gratuita para los procedimientos de Extranjería, competentes en materia migratoria. La misma denuncia extendió Hernández a la partida para las mujeres que sufren violencia de género y para su asistencia jurídica gratuita, que se mantiene en relación a 2024.

Tras criticar el mantenimiento de las antiguas tarifas del turno de oficio cuando los procedimientos crecen, Carmen Hernández abogó por un mayor esfuerzo del gasto para la implantación de la mediación, “única” vía para afrontar la litigiosidad en Canarias, situada a la cabeza del Estado.

“Incomprensible”, prosiguió, el mantenimiento de las partidas del plan de igualdad y del programa de modernización de la administración judicial a pesar de estar obligados a implementar el expediente electrónico. El recorte del proyecto de memoria histórica también fue censurado por NC-BC. 

Con este presupuesto, insistió Carmen Hernández en que “no responde a los principales problemas y necesidades” del sistema judicial canario, como también denuncia cada año la Fiscalía. Citó la falta de espacio, de despachos para el personal, de medios tecnológicos y de equipos de videoconferencia. Los problemas de accesibilidad en todos los edificios judiciales continuarán, así como los precarios medios de control de acceso, vigilancia y seguridad, señaló la diputada.

Con la disminución de tres millones de euros para las infraestructuras, en opinión de la portavoz canarista, las necesidades y deficiencias se agravarán.

Urge, además, la contratación de más equipos psicosociales en todos los partidos judiciales, lo que es un “grave perjuicio” para las víctimas, y “sangrante” cuando son menores, tal y como recriminó. También exigió la puesta en marcha de las oficinas de atención a las víctimas de género en todas las demarcaciones y el refuerzo de los institutos de Medicina Legal y Forense de ambas provincias con más recursos humanos, ante “las más que graves demoras” en la emisión de los informes.