Andalucía multará los eventos deportivos y culturales que discriminen a la mujer

El Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles una actualización de la ley contra el machismo, la discriminación a la mujer y la violencia doméstica, vigente desde 2007. El desarrollo de esta norma permitirá sancionar, por primera vez, cualquier evento deportivo, cultural o lúdico que tenga tintes machistas o que discrimine a las mujeres.

La reforma de la Ley andaluza de Igualdad de Género ha tardado muchísimo en cobrar vida: se esbozó un primer borrador en la legislatura pasada, con un Gobierno de coalición PSOE-IU; se reescribió un nuevo documento, ya con otro Ejecutivo socialista apoyado por Ciudadanos, y finalmente ha llegado a la Cámara con una seria fisura en el consenso entre partidos progresistas. El Gobierno de Susana Díaz ha sacado adelante la ley con el apoyo de la derecha y el rechazo de los grupos de izquierda. PSOE, PP y Ciudadanos han votado a favor, Podemos e IU se han desmarcado, porque consideraban que la reforma de esta ley, después de 11 años, se ha quedado corta.

El Pleno del Parlamento de este miércoles -para muchos el último antes del adelanto electoral- también ha sido el escenario de dos leyes aprobadas por unanimidad -Ley Audiovisual y Ley de Cambio Climático-, pero la norma que viene a combatir el machismo y la discriminación a la mujer no ha recabado la misma fortaleza parlamentaria que las otras dos. El retraso político ha hecho que esta nueva Ley de Igualdad llegue en un momento de especial relevancia para el movimiento feminista, convirtiéndose así en una prioridad para el Gobierno de Díaz, pero también en una oportunidad para que otros grupos de izquierdas -Podemos e IU- denuncien la falta de compromiso de los socialistas con estas políticas.

Hay un amplio consenso en el texto legal, sin embargo, el debate final ha girado en torno a un punto específico. Podemos se ha desmarcado del texto a última hora y ha protagonizado un duro choque con el PSOE a cuenta de una palabra que aparecía en el capítulo de sanciones: “prostitución”. El documento original sancionaba los comentarios en libros de texto, los actos y los anuncios que “promuevan, justifiquen o inciten a la prostitución o la violencia”, pero durante la votación del dictamen final de la ley, en comisión parlamentaria, Podemos pidió que se sustituyera “prostitución” por el término “explotación sexual”. El primero no está tipificado como delito, el segundo sí.

La propuesta de Podemos salió adelante en la comisión, pese a los votos en contra de PSOE e IU. Pero para los socialistas, era un matiz importante, de modo que este miércoles presentó un voto particular en el debate final en Pleno para volver a introducir la palabra “prostitución”. “De este Parlamento no puede salir una Ley de Igualdad que justifique la prostitución en los libros de texto”, avisó la diputada socialista, Soledad Pérez. Podemos, en cambio, interpretó este cambio como un intento de censurar el debate público en torno a la prostitución, una especie de “ley mordaza”, en palabras de la diputada Esperanza Gómez. La formación morada afeó al PSOE que intentase “limitar la libertad de expresión”, y señaló sus contradicciones: el mismo PSOE que desde el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó un sindicato de prostitutas ahora quiere sancionar que se organice un simposio sobre prostitución, advirtieron. Gómez prefería el término “explotación sexual”, porque se trata de un delito tipificado, y pidió que la Ley de Igualdad no “penalice que se hable de prostitución”.

Fuentes jurídicas consultadas han explicado a este periódico se trata de “un debate semántico menor”, porque el régimen sancionador de la Ley de Igualdad compete al ámbito “administrativo”, y “en ningún caso invade el aspecto penal”. IU votó en contra por otras razones, porque muchas de las medidas de la ley “no servirán” de mucho “si no se ejecutan, como ha ocurrido con su antecesora”, dijo Elena Cortés. Podemos justificó su voto en contra en el rechazo a que apareciera la palabra “prostitución” en el capítulo de sanciones.

Fue el debate más ideológico del miércoles, con más fricciones entre los grupos progresistas -PSOE, Podemos e IU- que con la bancada de PP y Ciudadanos. Éstas son algunas novedades que plantea la reforma legal para afrontar situaciones de discriminación que no han variado en los últimos diez años, desde que se aprobó la primera versión:

Auditorías contra la discriminación

La Junta de Andalucía va a regular por ley “auditorías periódicas a empresas privadas para detectar diferencias retributivas entre hombres y mujeres”, con objeto de sancionar y eliminar la brecha salarial de género. En Andalucía, las trabajadoras cobran de media 5.875 euros menos al año que sus compañeros (6.161 menos a nivel nacional), según la Encuesta de Estructura Salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística. El Gobierno andaluz ha introducido una horquilla de multas que van de los 6.000 a los 120.000 euros contra las empresas privadas (y entes públicos) que incumplan las medidas de igualdad que recoge la ley.

Multas contra anuncios de explotación sexual

La parte punitiva de la ley también se extiende a otras esferas. Se considerarán infracciones graves y muy graves aquellos actos que promuevan la discriminación a la mujer o inciten a la prostitución o a la violencia machista; el uso en centros docentes públicos de material que presente a las personas como superiores o inferiores en función de su sexo; la realización de campañas publicitarias que utilicen el cuerpo femenino como reclamo o fomenten la violencia o la prostitución; cualquier comportamiento realizado en función del sexo que atente contra la dignidad de una persona, o la transmisión de mensajes estereotipados de subordinación o de desigualdad en los medios de comunicación públicos.

Sanción contra actos deportivos machistas

La ley también sancionará “la convocatoria de actos culturales, lúdicos, artísticos o deportivos que promuevan la discriminación a la mujer o inciten a la prostitución o a la violencia machista”, un aspecto de la norma que depende de un desarrollo posterior.

Planes de igualdad en la escuela

Los centros educativos de Andalucía tendrán la obligación de desarrollar planes de igualdad entre hombres y mujeres. Un documento que fije el comportamiento, los deberes y derechos de ambos sexos dentro del ámbito educativo, algo que ya existe en muchas escuelas, regulado por una normativa propia de la Consejería de Educación. La dirección de cada centro escolar tendrá que designar a una persona responsable de coeducación, que formará parte del Consejo Escolar del centro, para supervisar y coordinar la aplicación del plan. También los ayuntamientos tendrán la obligación de aprobar planes de igualdad.

Cátedras universitarias de género

Las universidades deberán incluir enseñanzas obligatorias de igualdad en sus planes de estudios, con especial incidencia en el grado, máster y doctorado en Ciencias de la Educación. Esta formación computará en los criterios de evaluación para el acceso a la función pública docente. Cada universidad contará con planes sobre la materia y promoverá, además, la creación de cátedras sobre estudios de género y violencia machista.

Inspectores en el Instituto de la Mujer

La norma también habilita al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) para investigar discriminaciones directas o indirectas por razón de género y para actuar a través de la negociación y de la remisión de informes a la Inspección de Trabajo.