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El Consejo General del Poder Judicial sale al paso de las acusaciones de Alaya sobre su retirada de las macrocausas

Las comisiones de ERE financiados por Junta superan hasta un 550% la media

Javier Ramajo

Los desencuentros de Mercedes Alaya con el TSJA, más que con el CGPJ, vienen de lejos. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces, ante las acusaciones vertidas por la jueza en ABC acerca de que los vocales de PP y PSOE quisieron apartarla de las macrocausas, señalan a este periódico que la Comisión Permanente del CGPJ siguió el criterio marcado por el presidente del alto tribunal andaluz, en este caso, “como en cualquier comisión de servicio”.

Y así fue. El 23 de junio de 2015, poco antes de que Alaya formalizara su ascenso a la Audiencia de Sevilla, la Sala de Gobierno del TSJA fue quien adoptó la decisión de apartar a Alaya del caso de los cursos de formación, una de las macrocausas que llevaba su juzgado, ya entonces dirigido por su sustituta y actual titular, María Núñez Bolaños, quien por cierto meses después dio carpetazo a la causa judicial al asunto.

Argumentó el TSJA que la instrucción de las macrocausas, excepto el caso ERE, que se seguían en dicho juzgado (entre ellas, la de formación) debían corresponder a Bolaños ya que tenían aún “escaso recorrido por ser de reciente incoación o bien están en trámite procesal muy avanzado y pendientes de próxima remisión a otros órganos judiciales”. Antes, en otoño de 2014, la Junta de Andalucía había solicitado que Alaya no podía seguir encargándose de la investigación de los cursos “por vulneración del principio del juez natural”.

Es decir, fueron cuestiones organizativas las que llevaron al TSJA a tal decisión, ratificada al julio siguiente por el mismo tribunal y que luego ratificó también el CGPJ, al igual que fueron esas cuestiones de organización del juzgado las que sirvieron para mantener a Alaya investigando el caso de los ERE para “la finalidad de lograr celeridad y eficacia en la sustanciación de los procedimientos y ponderando el conocimiento que posee la anterior titular del juzgado respecto de los asuntos de mayor antigüedad”.

Desavenencias evidentes

Núñez Bolaños, que en el caso de formación ya había anulado una decisión de Alaya nada más llegar al juzgado, había planteado la imposibilidad de decidir sobre el conocimiento y posible reparto de los ERE, que en aquellos tiempos estaba pendiente de resolverse su división en piezas separadas.

Pese a que Alaya tenía plaza en la Audiencia de Sevilla desde marzo de 2015, hizo saber al TSJA que quería terminar la instrucción de los ERE y la de otras macrocausas. El TSJA le concedió lo primero pero no lo segundo. Fue después de que Alaya desprestigiara a su sustituta ante el CGPJ en un contundente informe para quedarse con los ERE pero también con los cursos de formación, en julio de 2015, cuando la jueza tuvo que dedicarse en exclusiva a su labor en la Audiencia.

Porque no tardó Núñez en querer prescindir definitivamente de Alaya como comisionada de servicio en su juzgado. Ya era septiembre de 2015 y, apenas un mes después, el TSJA propuso apartar a Alaya del juzgado, acordando que el otro magistrado en comisión de servicio por el CGPJ, Álvaro Martín, quedara plenamente integrado en la tramitación de las macrocausas, de las que Alaya quedó definitivamente apartada. “Alaya se autoexcluyó”, dijeron entonces fuentes judiciales.

Aunque quién se quedaba con los ERE centró la actualidad durante meses, las manifestaciones de Alaya argumentando que le quisieron apartar de las macrocausas porque había “miedo” a que siguiera investigando los cursos de formación la devuelve a la actualidad, pocos meses después de su errónea “incertidumbre” al inicio del juicio de los ERE, cuando vino a poner en duda la imparcialidad de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJA al resolver los recursos en el caso de que fueran condenados en primera instancia por la Audiencia de Sevilla.

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