Vox impone parte de su programa al primer gobierno de coalición del PP y Ciudadanos en Andalucía

El próximo Gobierno de Andalucía será el primero de derechas de la historia autonómica y el primero que incluye el ideario, las consignas y la agenda política vinculada a la extrema derecha en España. Aun siendo reescrita, matizada y pulida de la retórica radical con la que Vox defiende sus postulados, el PP ha firmado un documento con la formación de Santiago Abascal que incluye todas las preocupaciones inherentes a la extrema derecha: la alerta contra la inmigración, como un problema de seguridad, con especial alusión al “fundamentalismo islámico”; la promoción de la escuela católica concertada -hasta el Bachillerato-, de la educación segregada por sexos, y el derecho de los padres a vetar enseñanzas a sus hijos que cuestionen sus convicciones; la defensa de la familia como eje de la sociedad; el cuestionamiento del aborto; el rechazo a la Memoria Histórica o la exaltación de las tradiciones, como la Semana Santa, los toros o la caza...

El cambio de ciclo político en Andalucía -la entrada de un Gobierno de derechas después de 36 años y medio del PSOE en el poder- se ha materializado este miércoles en dos actos consecutivos, ritualmente representados por sus tres protagonistas: PP, Ciudadanos y Vox. Primero los populares han firmado un acuerdo con la formación de Albert Rivera para formar un Gobierno de coalición, sustentado por sus 47 diputados (26 de PP y 21 de Cs), que presidirá el popular Juan Manuel Moreno, y tendrá como vicepresidente al líder de la formación naranja en Andalucía, Juan Marín.

Este breve acuerdo, sobre la investidura y la estructura del futuro Gobierno, complementa el pacto programático que ya firmaron ambas formaciones antes de Navidad, y que incluía 90 medidas de gobierno y un calendario de aplicación para los primeros cien días de su mandato. Hasta aquí, la participación que reconoce Ciudadanos en este “día histórico para Andalucía”.

Luego, los dirigentes del PP -Moreno y su equipo, más el secretario general, Teodoro García Egea- se han desplazado al piso superior del Parlamento andaluz para sellar un acuerdo paralelo con Vox, tras la negociación iniciada el día antes en Madrid. De esta breve reunión ha surgido un segundo documento, de 37 puntos, que suponen la asunción por parte del PP de muchas de las consignas planteadas por la formación ultraderechista. La firma de este acuerdo paralelo ha permitido que la formación de  Abascal garantice el apoyo de sus 12 diputados andaluces a la investidura de Moreno. El primer Gobierno de derechas de Andalucía nace, por tanto, fruto de un relato político complejo: un consenso entre tres partidos del arco conservador, en el que dos de ellos -Ciudadanos y Vox- dicen repelerse, y el tercer protagonista hace las veces de mediador.

El papel del PP en esta doble negociación paralela ha sido fundamental para garantizar el éxito de la investidura de Moreno. Los populares han tratado de maquillar o vaciar de retórica extremista el polémico documento de 19 propuestas que el día antes le había presentado Vox en la mesa de negociación. Del acuerdo resultante ha desaparecido toda mención al desmantelamiento del Estado de las Autonomías -la devolución de las competencias de Educación, Sanidad y Justicia- y otras medidas concretas que agitaron los nervios de las filas del PP, como la propuesta de derogar las leyes andaluzas relativas a la igualdad de género, la lucha contra la violencia machista y la que protege los derechos de los homosexuales.

Puntos comunes entre Vox y Ciudadanos

De las 37 medidas pactadas por PP y Vox, 18 ya estaban casi calcadas en el acuerdo programático de PP y Ciudadanos. Y 19 son nuevas, aunque algunas abordan los mismos asuntos que en el pacto con los naranjas, y otras no son medidas legislativas concretas, como la defensa de las fiestas tradicionales y la caza o la “condena a los ataques a fuerzas democráticas”. La dirección del PP regional aseguró este miércoles que había trasladado el documento de su acuerdo con Vox a Juan Marín y el resto de negociadores del partido naranja, y que “apoyaban el 90% de las medidas”. Ciudadanos lo niega y se mantiene firme en una realidad paralela ajena a cualquier intermediación con Vox. “Le he dejado muy clarito [a García Egea] que esos acuerdos [con Vox] en ningún momento van a vincular al Gobierno de Andalucía ni a las 90 medidas que han pactado con nosotros”, dice Marín.

La idea de que el pacto de PP con Vox no va a interferir en el acuerdo de PP con Ciudadanos se antoja compleja: hay medidas específicas en el primer documento que sí obligan a remodelar la negociación con la formación naranja, como la creación de una Consejería de la Familia, que no estaba contemplada en la estructura de Gobierno pactada con 11 consejerías. 

El partido de Albert Rivera ha encapsulado su acuerdo con el PP y, aunque necesite a Vox para conformar el Ejecutivo, ni se ha sentado con la ultraderecha ni se siente interpelado por sus exigencias. Su estrategia pasa por que sean los populares quienes acusen el desgaste de tratar con Vox durante una legislatura compleja, con un Gobierno en minoría de 47 diputados, que necesitará siempre el respaldo de Vox o de PSOE o de la coalición Podemos-IU para sacar adelante sus medidas.

Lo que dice el acuerdo y lo que interpreta Vox

Aunque el documento final que ha aceptado Vox dista mucho del original, el espíritu del decálogo extremista de Abascal impregna gran parte de las propuestas asumidas por los populares. Aunque la traducción legislativa de muchas de estas ideas sean difíciles o imposibles, el futuro presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya ha aceptado un lenguaje y un marco mental propio la extrema derecha, del que los populares andaluces habían tardado años en desmarcarse.

Con todo, algunos dirigentes del PP que han participado directamente en la negociación, en Madrid y en Sevilla, estaban ufanos y pletóricos después del terremoto interno que vivieron la jornada previa al recibir las propuestas de Abascal en un documento que ellos mismos tildaron de “despropósito inaceptable”. Vox ha renunciado a defender planteamientos concretos de ese acuerdo, como la supresión de las leyes de igualdad, y ha permitido que el PP “reescriba” en un lenguaje menos beligerante y demagógico algunas de las consignas políticas de los ultraderechistas. Hay una gran diferencia entre las medidas que Vox difundió en Twitter tras firmar el acuerdo con el PP, o las que expresó su secretario general, Javier Ortega Smith, al término de la reunión, y lo que recoge la literalidad del acuerdo.

Vox insiste en que ha pactado con el PP la “deportación de 52.000 inmigrantes ilegales”, como venía en su documento de propuestas, pero el texto que han firmado sólo habla de “cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un efecto llamada y combatir a las mafias que trafican con personas”. Moreno Bonilla le ha respondido más tarde: “Cada uno es libre de hacer la interpretación que crea oportuna, pero nosotros no hemos acordado nada que no aparezca en el documento por escrito”, sentencia.

La alusión al “efecto llamada” y la “inmigración ordenada” no es un legado nuevo de Vox al PP. El líder nacional, Pablo Casado, ya hizo suyo este discurso durante la campaña de las elecciones andaluzas. Entre las 19 medidas nuevas del acuerdo entre PP y Vox, destaca la “eliminación de las subvenciones superfluas”; la supresión de “embajadas comerciales de la Junta en el extranjero”, como la agencia Extenda; la eliminación de las zonas de escolarización- que concreta un punto ya pactado con Ciudadanos para garantizar que los padres matriculen a sus hijos donde quieran-; el Bachillerato concertado; un plan de adopciones y un programa de atención a mujeres con embarazos no deseados (se ha omitido la alusión de Vox contra el aborto); “prevenir la amenaza del fundamentalismo islámico”; lucha contra el “turismo sanitario”; una auditoría para revisar las licencias de radios y televisiones que garantice la pluralidad o la sustitución de la Ley andaluza de Memoria por una “Ley de Concordia”.

Fin a la Memoria Histórica

Este último punto también es polémico, aunque las críticas a las políticas memorialistas y la alusión a una Ley de Concordia tampoco es exclusiva de Vox, también Casado había defendido esta idea en el Congreso. La Ley andaluza de Memoria fue aprobada en el Parlamento andaluz sin ningún voto en contra (PP y Ciudadanos se abstuvieron), y se enmarca en una legislación de rango estatal. Moreno ha aclarado que el documento sólo dice que se “promoverá” una reforma. El documento también propone una Ley de Tauromaquia y la renuncia a las políticas de cooperación internacional para el desarrollo, es decir, el dinero que la Junta destina a ONGs en proyectos solidarios. Vox y el PP han pactado que este apartado lo gestione el Gobierno central.

Así las cosas, la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, inicia este jueves la ronda de contactos con los portavoces de los cinco grupos parlamentarios, para luego proponer al candidato a la Presidencia de la Junta. Bosquet escuchará el nombre de Juanma Moreno Bonilla del portavoz de PP, Ciudadanos y Vox, que suman 59 diputados, frente a los 33 del PSOE, que propondrá a Susana Díaz. La falta de acuerdo de los socialistas y la coalición Adelante Andalucía (Podemos-IU) para presentar como candidata alternativa a Díaz ya es irrelevante. El Parlamento andaluz baraja dos fechas para el debate de investidura, que se desarrollará en dos días consecutivos: 13 y 14 o 15 y 16 de enero. Previsiblemente, Juanma Moreno será investido presidente de la Junta en primera votación.