José María Calero, abogado defensor del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, ha mostrado este martes su “total satisfacción” por la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de estimar parcialmente su recurso de amparo y anular la condena a seis años de cárcel que le impuso la Audiencia de Sevilla por malversación en el “procedimiento específico” de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos autonómicos.
En declaraciones a Europa Press, José María Calero ha celebrado esta decisión del TC, adoptada con siete votos a favor y cuatro en contra, emitidos por los cuatro magistrados del ala conservadora (Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel), igual que en las decisiones anteriores sobre los recursos de amparo de este caso.
En el caso de Griñán, el TC ha estimado parcialmente el recurso de amparo, anulando la condena y descartando la malversación, al considerar que el derecho de Griñán a la presunción de inocencia fue vulnerado al no ser precisado en qué medida participó en los hechos que se le atribuyen. Griñán había sido condenado a seis años y dos días de cárcel por malversación y 15 años y dos días de inhabilitación por prevaricación por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en noviembre de 2019. Posteriormente, el Tribunal Supremo desestimó su recurso de casación. Griñán no había entrado en prisión al tener suspendida la pena de cárcel merced al cáncer de próstata que padece.
En cuanto al delito de prevaricación, el TC resuelve que la elaboración de los anteproyectos de ley de los presupuestos de la Junta y su aprobación como proyectos de ley por el Parlamento de Andalucía no puede ser constitutiva de un delito de tal naturaleza, ordenando así que la Audiencia de Sevilla dicte una nueva sentencia respecto a Griñán aplicando los aspectos ya descritos.
Una línea que abrió con la sentencia relativa al exconsejera Magdalena Álvarez y que ha apuntalado en resoluciones posteriores, desinflando la llamada “pieza política” de los ERE: las sentencias del TC mantienen que hubo delitos y descontrol en el reparto millonario de ayudas sociolaborales, pero no un plan criminal concebido en la Junta desde los anteproyectos presupuestarios para tolerar y amparar esas irregularidades.
Calero ha asegurado que la Fiscalía “ya apuntó lo que, por otra parte, es una evidencia, que un anteproyecto o un proyecto de ley no pueden ser considerados como una resolución administrativa” ni como “una resolución injusta en asunto administrativo”. “A partir de ahí, se caía gran parte del discurso de las acusaciones que asumió la Audiencia de Sevilla y que asumió en una mayoría de tres a dos la Sala Segunda del Tribunal Supremo”.
Según Calero, en la sentencia del TC ha pesado “en el ámbito de la prevaricación, esa idea esencial de que no es posible equiparar un anteproyecto o un proyecto de Ley a una resolución administrativa”. Para la malversación, se habría incurrido en “la vulneración esencial de legalidad” penal y “la vulneración del principio de presunción de inocencia”.
“Hay un salto imposible de admitir desde el parámetro de la presunción de inocencia: presumir que una autoridad que no tiene disposición sobre los fondos (...) simplemente por el hecho de conocer que se han disminuido los controles en una situación de crisis de empresa, debía asumir también que esa disminución tenía como finalidad el sustraer fondos públicos”, ha razonado Calero: “Esto nunca ocurrió, nunca fue así y esa traducción de la prueba era claramente un vulneradora del principio de presunción de inocencia”.
El letrado de Griñán ha avisado de que a estas alturas, “es irreparable todo el daño sufrido durante todo este tiempo” por el expresidente andaluz, de quien ha destacado la “entereza y dignidad” con la que ha afrontado este “duro trance”, siempre “con un respeto absoluto a la Administración de Justicia, descartando cualquier tipo de argumento que pudiera poner en cuestión la imparcialidad de los tribunales y creyendo siempre en el propio sistema de la Administración de Justicia”.
“El Tribunal Constitucional ha superado un test de esfuerzo en un asunto que suponía una presión que absolutamente era necesario superar”, ha enfatizado el abogado José María Calero.
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