Recuperar la búsqueda de fosas comunes. Sacar a Queipo de la Macarena. Eliminar la condena a Blas Infante. Revisar el expolio a los derrotados. Y los símbolos del franquismo. Son algunas de las claves en las que va a incidir en Andalucía la nueva Ley de Memoria Democrática que el Gobierno de España ha aprobado en el Consejo de Ministros.
La parálisis en las políticas públicas desde el aterrizaje de PP y Ciudadanos al Gobierno de la Junta de Andalucía –sostenidos por la ultraderecha de Vox– ha dejado en vía muerta la reparación a las víctimas del franquismo, como reclama Naciones Unidas y el derecho internacional. Un frenazo que puede romper el próximo marco memorialista, presentado ahora como anteproyecto de ley y que necesita meses para superar el trámite parlamentario.
Aunque el mensaje desde San Telmo asegura el “derecho” de las familias de represaliados a buscar a sus muertos: la Junta ha anunciado un proyecto por el que va “a blindar las exhumaciones para los próximos tres años en Andalucía”, según dijo la consejera de Cultura, Patricia del Pozo. La realidad es otra y la búsqueda de fosas comunes está parada, solo con Pico Reja en Sevilla y otros procesos que lleva adelante la Diputación de Cádiz.
La futura ley se centrará en lograr el “reconocimiento de las víctimas” y su “dignificación” a través del “deber de memoria del Estado”, en palabras de la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo. Y es lo que esperan las familias. Como desde la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática, que “celebra” que la norma estatal “cumpla con los derechos humanos y ponga en el centro a la víctima”.
La realidad de las fosas
La próxima Ley de Memoria Democrática estatal asume de oficio la apertura de fosas franquistas con un plan estatal de exhumaciones. El Gobierno español pretende liderar las labores de búsqueda de desaparecidos forzados, desde la localización de las sepulturas al rescate de los restos óseos y la identificación genética. Otras instituciones y las propias familias de víctimas podrán solicitar estos procesos. Si hay muro por parte de la Junta, quedará roto con la nueva norma.
Andalucía es la región con más desaparecidos forzados de España: al menos 45.566 asesinados en 708 fosas comunes, según el Mapa de Fosas. Desde el año 2003, la comunidad andaluza ha superado las 100 fosas del franquismo abiertas y las 4.000 víctimas recuperadas.
Queda, por tanto, gran parte del trabajo por hacer. Como en el resto del país: 9.009 esqueletos rescatados en 743 exhumaciones entre los años 2000 y 2018, según la investigación de la doctora en Historia de la Universidad del País Vasco, Lourdes Herrasti.
Blas Infante versus Queipo
Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza: asesinado, desaparecido, tirado en una fosa, condenado por la justicia franquista. Queipo de Llano: militar golpista, genocida, expoliador… enterrado con honores en una iglesia sevillana. Una anomalía que vuelve a poner sobre la mesa el anteproyecto de ley de Memoria.
Además, sobre Blas Infante pesa todavía la sentencia dictada cuatro años después de su ejecución en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona. Es un delincuente, todavía, según la justicia de las autoridades golpistas. El futuro marco legal declara la ilegitimidad de los tribunales franquistas y declara nulas sus condenas. La de Infante y la de miles de blasinfantes anónimos. Queipo, por el contrario, nunca respondió ante un juzgado por las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas en suelo andaluz.
España enfrenta esta dicotomía más de 80 años después del golpe de Estado fascista contra la democracia republicana: la memoria de los victimarios, presente; las de las víctimas, en espera. El trabajo aleccionador de décadas de dictadura de Francisco Franco pervive en las 'fake news' del franquismo sociológico.
El robo a los derrotados
El castigo económico fue otra de las patas de la represión poliédrica de los golpistas: desde el trabajo esclavo al uso de los derrotados como botín de guerra. Abrir el melón del expolio es una iniciativa que aborda la Ley de Memoria Democrática con una auditoría de los bienes robados por el franquismo.
Y en Andalucía hay un paradigma que involucra, de nuevo, al genocida Queipo: el cortijo de Gambogaz en Camas (Sevilla). El golpista incluso usó a presos políticos como mano de obra gratuita, como demuestran las investigaciones del historiador José María García Márquez. La familia Queipo sigue manteniendo tierras de arrozal en la marisma sevillana y una fundación titulada ‘proinfancia’ al estilo de la Fundación Franco, cuya ilegalización propone el anteproyecto de ley por apología del fascismo.
Abrir las fosas, simbología franquista, retirar honores a golpistas, investigar el expolio… y reparar a las víctimas. Las claves están sobre el papel. Y “la voluntad política de implementar estas políticas desde los principios de reparación, justicia, verdad y deber de la Memoria”, como destaca la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática en un comunicado, tras mantener una reunión telemática con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
“Estaremos expectantes además de todo su desarrollo y de las partidas presupuestarias, que confiamos sean acordes a los compromisos recogidos en la ley”, subraya el portavoz del colectivo, Antonio Manuel Mateos. Esta “vigilancia” de las familias de represaliados y de las asociaciones memorialistas es una tónica general de las reacciones a la futura Ley de Memoria Democrática. Porque el tiempo se fue para muchas víctimas sin encontrar reparación y sí desmemoria. Y porque décadas de retraso en memoria histórica condenan a la mayor parte de familias a no recuperar jamás a sus muertos.