A Pedro Izquierdo le ha tocado ser ponente de la causa contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 24 exaltos cargos en la 'pieza política' del caso ERE. La suerte ha querido que primero la Sección Primera de la Audiencia, en sorteo público, y luego él mismo, en sorteo interno entre los cinco magistrados, hayan sido elegidos para enjuiciar el asunto. De sus declaraciones se desprende que ser secretario general de Justicia entre 2008-2014 y que ambos exdirigentes firmaran los decretos de sus sucesivos nombramientos (con hasta cinco consejeros) no le merezca motivo para abstenerse y dejar paso a que otro magistrado presida el tan esperado juicio, aún sin fecha, donde estará acompañado en el tribunal por Pilar Llorente y Encarnación Gómez Caselles.
Él y los que le conocen apelan a su profesionalidad, a su buen hacer, pero para la opinión pública parece difícil de explicar que una persona que ha estado al servicio de la Junta pueda dirigir el juicio contra años de presunto fraude. Él no lo ha elegido, cierto. Pero quiera o no, la sentencia que firme estará salpicada por su trayectoria, nada menos que seis años dirigiendo las políticas en materia de justicia en Andalucía que, aunque nada tengan que ver con este caso ni con ninguna causa, van directamente asociadas simplemente por definirse bajo el mismo nombre de la justicia.
Izquierdo está convencido de que no es causa de abstención, una cuestión con la que, de momento, el pseudo sindicato Manos Limpias no está acuerdo y ha anunciado su recusación. Habrá que ver estos días qué hace la propia Junta o el Partido Popular, que llevó repetidamente a la jueza Núñez Bolaños al CGPJ por su instrucción del caso de los cursos de formación, algo criticado por la Fiscalía. No es el caso de Núñez, pero sí el de Izquierdo: es un magistrado que ha estado un tiempo en la política y ha vuelto al día a día judicial.
Pedro Izquierdo ha dicho estos días atrás que su paso por la Junta le supuso un “enriquecimiento” tanto personal como profesional. “Me siento orgulloso de haber servido a Andalucía”, ha llegado a decir. No hay voto de calidad en el tribunal compuesto por tres jueces. Precisamente el número es impar para que haya una mayoría de dos en cualquier sentencia. El ponente es el que escribe la sentencia si bien deliberan los tres, explican fuentes judiciales.
Las causas de abstención y, en su caso, de recusación, vienen recogidas en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a lo largo de 16 puntos, dos de los cuales (13 y 16) aluden al juez que haya ocupado “cargo público”, como es el caso. Si bien es cierto que, como mantiene Izquierdo, no parecen cumplirse en su caso. Esas causas concretas de abstención hablan de haber “participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa” o haber tenido “conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad”.
Cabe recordar que Izquierdo fue nombrado por la consejera Evangelina Naranjo en abril de 2008, y aguantó en el cargo, con rango de viceconsejero, con los siguientes consejeros, primero Begoña Álvarez, luego Luis Pizarro, ya en Gobernación y Justicia, y Francisco Menacho. En julio de 2014, con el actual consejero Emilio de Llera en Justica y ya presidiendo la Junta Susana Díaz, decidió regresar a los tribunales por “motivos personales”, según se dijo en aquel entonces.
Ni Izquierdo lo cree ni la legalidad parece ser obstáculo, a la espera de las recusaciones que se planteeen para que presida el juicio y sea ponente de la causa contra Chaves y Griñán, pero también es cierto que no será fácil de explicar a la opinión pública que una persona durante seis años en la Junta decida la suerte judicial de tantos exaltos cargo de la propia Junta.