“Rara vez el colegio pone en conocimiento de la justicia un supuesto caso de acoso. Da la información cuando se le requiere pero no actúa por iniciativa propia. No es algo que benficie al colegio y tratan de mantenerlo en un ámbito privado. Los colegios deben notificar supuestos casos de bullying a la Fiscalía y nunca lo hacen. En diez años no se me ha dado el caso de que un colegio denuncie en Fiscalía un posible caso”.
Quién así se ha pronunciado durante uno de los cursos de septiembre de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) es Susana Hernando, fiscal de Familia y Protección de Menores. Su opinión fue corroborada por educadores sociales presentes en el encuentro (“El equipo directivo es la barrera”, apuntó un participante). “¿Cómo nos enteramos? Pues por un atestado policial, por la denuncia de un tercero, por el propio menor o por los padres”, explicó la fiscal. “El colegio no nos informa, como mucho la hace la Inspección Educativa, pero prefieren comprobarlo antes de comunicarlo”, apuntó.
El protocolo de actuación de la Junta de Andalucía en supuestos casos de acoso escolar pone en manos del director o directora la posibilidad de informar a otras instancias “si lo estima oportuno” y “en función de la valoración inicial”. El colegio “suele actuar internamente”, dice la fiscal, que apuesta en cualquier caso por dar “una respuesta adecuada” y por una “fluida colaboración interorgánica” ya que se pueden establecer medidas de urgencia (vigilancia, supervisión y control) pero “no puede ser que a veces los padres sean los últimos en enterarse” de un caso de acoso en el que su hijo sea agresor o víctima.
Para esta fiscal, muchos acosadores proceden de familias desestructuradas “que ven violencia y descargan violencia” pero “la mayoría de los casos de bullying se dan en familias de nivel cultural medio o medio/alto”. En las casas, “existe una relación directa con el nivel de tolerancia con conductas agresivas o violentas” y “muchas veces, lo que menos se imaginaban las familias es que su hijo o hija fuera el acosador”. A su juicio, se debe “generar un clima de confianza, evitar una doble victimización y buscar pruebas”. “El problema del acoso escolar es siempre la prueba, pero es fundamental para demostrarlo”, señaló.
“La legislación protege en casos de acoso escolar, pero normalmente es la víctima quien se tiene que ir del colegio”
La Fiscalía de Protección, una vez conocido un supuesto bullying, se oficia al colegio para conocer qué medidas corectoras se han tomado. “Normalmente, el colegio responde que el problema se ha solventado, pero en muchos casos la consecuencia es el traslado de la supuesta víctima, porque los padres no pueden esperar y toman la decisión de pedir un cambio de centro”. “La legislación protege en casos de acoso escolar, pero normalmente es la víctima quien se tiene que ir del colegio”, indicó.
La fiscal expuso un caso real ocurrido en Estepa (Sevilla). Una menor, de ocho años, venía sufriendo acoso por parte de niñas de familias adineradas del pueblo. Se le empezó a caer el pelo, dejó de ir al colegio y a los padres les denunciaron por absentismo. “Se terminaron mudando a una localidad vecina, donde vivían unas primas y la menor ahora está bien. La Fiscalía intervino pero Educación negó el acoso. La Delegación esgrime muchas veces que no tiene plazas en otros centros. Un mes sufriendo para un niño es mucho tiempo, pero es poco administrativamente”, señaló la fiscal.
“El acoso es un fenómeno reciente, que antes se entendía como 'cosas de niños'. Sucede como pasaba con la violencia doméstica, que muchas veces se callaba por vergüenza, pero las consecuencias para la víctima, los compañeros y su futuro son muy graves”, sentenció la fiscal.