Hace menos de un mes fue la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) quien seguía añadiendo apellidos a la Operación Edu. Esta vez la jueza Alaya, en la investigación que tiene abierta por el presunto fraude en suvenciones públicas para cursos de formación, ha sido más prudente que en otras ocasiones y ha esperado a que pasaran los comicios autonómicos para ordenar un operativo del Grupo de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil. A finales de enero, anunciaba cuatro nuevas líneas de investigación que este martes poselectoral están teniendo visibilidad.
Ya hay 16 detenidos y cinco imputados, entre los que están los delegados provinciales de Empleo en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, apartados de sus funciones. También han sido arrestado los exdelegados de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba (Antonio Fernández), Cádiz (Juan Bouza), Granada (Marina Martín Jiménez), Almería (Francisca Pérez Laborda), Málaga (Juan Carlos Lomeña), Jaén (Irene Sabalete), así como las exdirectoras generales de Formación Profesional María José Lara y Teresa Florido, pareja del exconsejero Ángel Ojeda, imputado desde el verano pasado en esta causa, y que ha sido imputada de delitos de prevaricación y malversación, informa Europa Press, que indica que Sabalete ha sido la primera persona en pasar a disposición de la jueza Alaya sobre las 20.00 horas de este martes.
También están arrestados los exdirectores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y de los responsables del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIO) de Mijas (Málaga) y de Formades, así como a la presidenta de la UTE gestora de Ciomijas. Asimismo, el exdirector general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo Andrés Sánchez y el exdirector general de Empleabilidad y Formación Profesional Manuel Brenes.
Inmediatas decisiones en el seno de la Junta de Andalucía al trascender el operativo de la Guardia Civil en relación al presunto fraude de la gestión de los fondos de formación. El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, en su primera rueda de prensa tras las elecciones del domingo, ha comunicado que los hasta ahora delegados Eduardo Muñoz y Aurora Cosano han sido apartados tras ser arrestados esta mañana por agentes de la Unidad Central Operativa de la Benemérita.
El portavoz de la Junta, que se ha mostrado “convencido” de que los apartados son personas “honestas e íntegras” y que se ha de respetar su “presunción de inocencia”, ha informado tras el Consejo de Gobieno que la Junta “no conoce los detalles de la operación” sino únicamente la “información publicada en los medios de comunicación” pero que “es necesario actuar de manera implacable” con el objetivo de “preservar el buen nombre de la Junta”. La propia presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, ha dicho posteriormente en otra convocatoria públicas ante la prensa que, cuando un responsable público es detenido, tiene que ser destituido porque lo primero es “la tranquilidad de los andaluces”.
Varios responsables de formación en las provincias o con competencias para conceder las subvenciones están siendo detenidos por una supuesta implicación en la red de cursos y entidades que se beneficiaban presuntamente de forma irrregular del dinero público. Entre ellos está también el que fue delegado provincial de Empleo en Sevilla de la Junta entre 2014 y 2010, Antonio Rivas. Rivas, antecesor de Aurora Cosano, está imputado en el caso ERE y en veranoel Supremo anuló su condena por el caso Mercasevilla.
La Guardia Civil, en la 'Operación Barrado', investiga actividades relacionadas con los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones, según han informado en una nota. En concreto, los agerntes han actuado en las ocho provincias andaluzas, con tres detenciones en Sevilla, dos en Córdoba, dos en Cádiz, tres en Málaga (donde se han realizado los dos registros, en el complejo del consorcio Ciomijas), otras dos en Huelva, dos más en Almería, y una tanto en Granada como en Jaén.
La investigación de Alaya
Alaya indaga, en esta parte de la macrocausa de los cursos de formación, los procedimientos empleados por la Junta de Andalucía para otorgar, tramitar y dar por justificadas subvenciones. En enero decretó el secreto de las actuaciones, que prorrogó en febrero, y trata de conocer la participación de cargos públicos en los procesos de adjudicación y tramitación de subvenciones, así como a responsables de algunos de los consorcios de la Junta. Ayer mismo trascendía un auto de Alaya de hace unos días en el que criticaba la “unidad de intereses” de Junta y PSOE y rechaza la nulidad de la causa de los cursos, como pedía la Administración.
Son varios juzgados de distintas provincias donde se investiga este supuesto fraude. En Sevilla, es Alaya la que centra la instrucción, que tenía en principio como principal objetivo el entramado empresarial de Ángel Ojeda, exconsejero en los 80 y cuyos “contactos” le sirvieron presuntamente para tejer una red de cursos y entidades que se beneficiaban de las subvenciones públicas andaluzas en la materia. Ojeda fue detenido el pasado verano. Otros juzgados se han inhibido ya a su favor. Alaya, en un primer auto en el que imputó a otro exconsejero, Antonio Fernández, atribuyó a la Junta de una tacada nada menos que mil millones sin justificar entre 2008 y 2011.
La jueza se centra en la “existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación” y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla. También investiga si las personas “que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos de la Administración”.
La instructora también indaga la “existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de 'Concurrencia no Competitiva', planteando la Cámara de Cuentas dudas sobre la adecuación del procedimiento”. Alaya también está profundizando en los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las “distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma”.