La jueza Mercedes Alaya decía el pasado mes de noviembre que su “carga” de trabajo excedía de “las capacidades personales”. A los ERE, Mercasevilla, Madeja, Betis, Idea... ahora sumará otra 'macrocausa' que, como el caso de los ERE, también está relacionada con un presunto desvío de fondos públicos. Se trata de las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas de Andalucía en las subvenciones recibidas por la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para cursos dirigidos a parados. Se investigan en concreto hasta 49,5 millones en ayudas recibidos por dicha fundación “sin justificación alguna” entre 2009 y 2010.
Tras las diligencias abiertas en este sentido por la Fiscalía Superior de Andalucía al advertir “indicios de delito” en la concesión de ayudas, ha sido este martes la Fiscalía de Sevilla la que que ha dictado un decreto en el que acuerda remitir esta parte de la investigación a la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Además, hace constar que otro juzgado, en este caso al Instrucción 9 de Sevilla, ya tiene abiertas diligencias relativas a la parte de la investigación, aún en secreto sumarial, sobre el supuesto desvío de fondos de formación por parte del sindicato UGT, denunciado por Manos Limpias, entre otros.
El juzgado de Alaya, por tanto, seguirá investigando las diligencias que se siguen por fraudes en fondos de formación derivado de ERE tramitados y otros cursos organizados por el 'conseguidor' Juan Lanzas, uno de los principales imputados en el caso de los ERE, y empresas de su entorno, según consta en el decreto de la Fiscalía de Sevilla.
“Manifiesto desorden”
Tanto el juzgado de Alaya como el Instrucción 9, por tanto, recibirán copias del Informe de la Unidad Adscrita de Policía Judicial como del informe 'Fiscalización de subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para la formación profesional para el empleo y seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de 2004' que la Cámara de Cuentas aprobó el pasado mes de enero.
Según señaló la Fiscalía Superior en su momento, en términos generales la Policía Judicial informa de “un manifiesto desorden” en la concesión de las ayudas, detectándose por el órgano fiscalizador en los expedientes que han sido revisados y de forma continua una ausencia de justificación del gasto realizado. Igualmente, subraya que pese a la importancia económica de las ayudas y su finalidad, “se habrían incumplido las numerosas recomendaciones que fueron realizadas en el año 2004” por la propia Cámara de Cuentas de Andalucía.
La Policía Judicial también indicaba que no puede hacer conclusiones acerca de la posible relevancia penal de los hechos aunque valora la necesidad de llevar a cabo “exhaustivas comprobaciones”.