Mercedes Alaya está cerrando la instrucción del caso de los ERE pero está abriendo otra espita golpeando la línea de flotación de la Junta de Andalucía a cuenta de la concesión de subvenciones, en este caso las destinadas a sindicatos y otras entidades para cursos de formación. Y ha empezado fuerte, imputando al que fuera consejero de Empleo entre 2004 y 2010, Antonio Fernández, que ya estuvo varios meses en prisión preventiva a cuenta de los ERE y al que ahora se le acusa de prevaricar y malversar con las ayudas para el plan de formación de los extrabajadores de la empresa Delphi.
La jueza va más allá en este primer auto relacionado con el caso, que reconoce “en su estado inicial de investigación”, y apunta directamente “una cantidad aproximada de 950 millones de euros en subvenciones sin justificar”. Sin mayor detalle, Alaya afirma en su escrito que se basa en el testimonio del director general de Formación Profesional para el Empleo y en el informe remitido por la Dirección General de Inspección de Trabajo para determinar la concesión continuada de subvenciones por parte de Fernández desde 2007, a quien atribuye “claros indicios de la comisión de hechos delictivos”.
La Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior informaba a finales de abrill de que no podía hacer conclusiones acerca de la posible relevancia penal del reparto de los fondos de formación de la Junta, aunque valoraba la necesidad de llevar a cabo “exhaustivas comprobaciones”, por cuanto deberían hacerse investigando cada uno de los expedientes fiscalizados. Las que ya está llevando a cabo la jueza en la parte que le correspondió según el decreto dictado por la Fiscalía de Sevilla ya en mayo.
El exconsejero dictaba, según la jueza, resoluciones de exoneración de la justificación de las subvenciones a las beneficiarias entre 2008 y 2011, “contraviniendo la normativa reguladora de la Ley de Subvenciones” y “permitiendo que tales entidades pudieran resultar beneficiarias en el siguiente ejercicio económico”. Es decir, que la Junta habría permitido la no justificación de casi mil millones de euros en subvenciones para la formación, según concluye Alaya entre los “hecho indiciarios” contra el exconsejero.
A través de cinco puntos, la jueza desgrana en este primer auto de imputación la supuesta participación de Fernández, que ha quedado citado para prestar declaración en el juzgado el próximo 16 de octubre a las 10.30 horas. En concreto le imputa por conceder “con ausencia de procedimiento” diferentes subvenciones a la formación y contratación a la multinacional Delphi “sin convocatoria ni bases reguladoras”. Asimismo, Alaya indica que Fernández habría permitido en los expedientes de subvenciones la subcontratación de actividades formativas “sin estar autorizada”, citando un expediente a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en relación a Delphi.
Relación laboral “inexistente”
Detalla la jueza que el exconsejero habría concedido becas por asistencia a cursos “por encima del máximo legalmente permitido” y otorgado subvenciones a empresas “para la realización de acciones formativas en alternancia con el empleo por importe de 70 millones de euros, con la intención de que los extrabajadores de la antigua Delphi pudieran volver a tener acceso a la prestación de desempleo, sabiendo que la relación laboral sería inexistente, limitándose dichas entidades a la realización de cursos de formación”.
La Fiscalía Superior de Andalucía señalaba hace unas fechas, en su 'Fiscalización de subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para la formación profesional para el empleo y seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de 2004', que el plan formativo de Delphi se había desarrollado en cuatro fases, “detectándose numerosas irregularidades que entrañarían responsabilidad administrativa y contable”, que afectarían parcialmente a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).
Consideraba la Fiscalía que las irregularidades apreciadas en el documento fiscalizador son “tan numerosas, persistentes y graves, especialmente aquellas que se estima que podrían dar lugar a una responsabilidad contable, que también podrían operar como indicios de la comisión de hechos delictivos”. Esta circunstancia exige, según la Fiscalía, “su investigación con todas las garantías, aunque sería aún prematuro establecer las tipologías concretas que podrían haber sido vulneradas”.