La juez Mercedes Alaya ha reclamado a la Junta de Andalucía que, “de manera inmediata”, haga entrega “personal” a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de los expedientes de los cursos de formación vinculados a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe) que se encuentren ubicados en el Centro Guadalquivir.
En un auto dictado el día 22 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada requiere igualmente a la Junta de Andalucía para que, “en caso de encontrarse los citados expedientes de formación en cualquier otro lugar”, haga entrega de ellos de forma “inmediata” y “personal” a la UCO.
Cabe recordar que Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional que denunció “graves” irregularidades en la concesión de cursos, relató durante su declaración que, en la programación 2009-2010, los expedientes de Faffe “se le quitaron de su control”, pues “por orden de su jefe de servicio aparecieron unos señores con una carretilla y se los llevaron no sabía a donde”, aunque posteriormente “se enteró de que estaban en el Centro Guadalquivir”.
El pasado 20 de octubre y durante la declaración de Teodoro Montes, la juez preguntó al testigo si la Faffe “era una fundación que financiaba al PSOE con cargo a los fondos que recibía de la Junta de Andalucía” para el desarrollo de acciones formativas, a lo que Teodoro Montes dijo que no podía contestar directamente.
La instructora también cuestionó al testigo si le consta la existencia de alguna otra fundación, como la Faffe, “afín” al PSOE, a lo que Montes respondió afirmativamente, precisando que la lista sería “larga” y que no sólo ha habido fundaciones sino también entidades privadas, como la Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad de la Mujer (Aesim) o Emartv.
PIDE LAS COMUNICACIONES EMITIDAS POR LA INTERVENCIÓN GENERAL
En otro auto fechado el pasado 17 de octubre, consultado por Europa Press, la juez Alaya atiende la petición realizada por la Guardia Civil y requiere a la Intervención General de la Junta para que, en el plazo de diez días, remita “todas las comunicaciones emitidas” por la Intervención General “a los diferentes órganos gestores en materia de subvenciones destinadas a la ejecución de acciones formativas, en los que se haya incluido alguna propuesta de reintegro, ya sea total o parcial”.
La juez hace extensiva esta petición “a las resoluciones que recaigan en el futuro sobre los expedientes requeridos y a los nuevos expedientes de reintegro que se incoen”, ya que considera “útil para la investigación y esclarecimiento de los hechos” que se incorporen a la causa todas estas comunicaciones.
En este mismo auto, la magistrada reclama a la Cámara de Cuentas de Andalucía para que, en el mismo plazo de diez días, remita todos los informes de fiscalización elaborados desde el año 2002 hasta el día de hoy.
TAMBIÉN PIDE A EDUCACIÓN LOS EXPEDIENTES DE REINTEGRO
Por último, la juez ha dictado una tercera resolución en la que, a petición también de la UCO, solicita a la Dirección General de Formación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte que, en el plazo de diez días, entregue en el Juzgado copia compulsada “de todos los expedientes de reintegro instruidos como consecuencia de las irregularidades observadas en la labor inspectora sobre los cursos de formación desarrollados, en cualquier fase procedimental que éstos se encuentren, así como un informe explicativo en cada caso”.
La magistrada hace extensivo este requerimiento a las resoluciones “que recaigan en el futuro sobre los expedientes requeridos y a los nuevos expedientes de reintegro que se incoen” y considera que la incorporación a la causa de estos expedientes es “útil y necesaria para la investigación y esclarecimiento de los hechos objeto del presente procedimiento, malversación de caudales públicos, y en su caso para la investigación de posibles fraudes de subvenciones”.