El juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, comandado por la juez Mercedes Alaya, ha procesado finalmente al expresidente del Real Betis Balompié Manuel Ruiz de Lópera, y a las restantes siete personas imputadas en torno a la anterior gestión del club heliopolitano, entre ellas Luis Oliver, Ángel Guillermo Martín y Francisco Javier Páez, por la “descapitalización” de la entidad “en beneficio” de las sociedades controladas por el propio Lopera.
A través de un auto fechado el 8 de mayo y recogido por Europa Press, la juez Alaya examina el “plan preconcebido” desde que Manuel Ruiz de Lopera fuese vicepresidente económico el club verdiblanco, “en perjuicio de la sociedad y en su propio beneficio”, ostentando primero “la mayoría absoluta del capital social” del club a través de la sociedad 'Farusa', para luego aprovechar “el poder de decisión conseguido, privando al resto de accionistas del conocimiento de dicha gestión”, y “ceder a otra de sus empresas, 'Tegasa', la totalidad de ingresos que percibiera el Real Betis por su actividad deportiva a cambio de una cantidad fija o variable según las temporadas”. Todo ello “con el importante desfase temporal entre el cumplimiento puntual del Betis de sus obligaciones y el cumplimiento dilatado” de 'Tegasa', que tras operar seis temporadas desde la 93/94 fue relevada por 'Encadesa', también controlada por Lopera.
En este prolijo auto, explica la juez que en 1992, 'Farusa', administrada por Ana María Ruiz, y participada en un 96 por ciento por 'Incecosa', cuyo administrador único era Lopera, se hizo cargo del préstamo de 308,7 millones de pesetas suscrito meses antes por el club con la consiguiente adquisición de acciones y la imposición de 'Farusa' a la hora de ostentar “los derechos políticos de unas acciones que no había desembolsado”, si bien 'Farusa' no habría cumplido sus compromisos en materia financiera, según el auto de la juez, quien señala que ya a finales de 1994, “el desfase entre lo abonado por el Betis y lo cobrado” de 'Farusa' superaba los 66,6 millones de pesetas.
'Farusa', según Alaya, se hizo con la mayoría absoluta del capital social del Real Betis, en concreto 55.350 acciones en 1992, si bien 30.869 de estas acciones “no se habían adquirido” en aquellas fechas y 20.662 “no se abonarían nunca”. En una “segunda fase” de la operación, según la juez, Lopera contaba ya con el “poder absoluto” del club heliopolitano e introdujo a 'Tegasa', a la que controlaba a través de la propia 'Farusa' y otras sociedades, para “gestionar de manera personalísima los recursos de la actividad deportiva del club a través de diversos contratos de arrendamiento de servicio”, contando para ello con María Mercedes Ferraro de Mora y María Teresa González como “testaferros” en la última etapa.
“En connivencia”
Actuarían “en connivencia” Francisco Javier Páez, sobrino de Lopera y administrador de 'Tegasa'; Guillermo Molina como sucesor de Páez en la administración de esta empresa; y Ángel Guillermo Martín Vega, consejero del Betis desde su constitución y vicepresidente económico del consejo de administración desde noviembre de 1996 hasta julio de 2007. La juez desgrana detalladamente “la operativa” a través de la cual Lopera aprovechaba, supuestamente, estos contratos de arrendamiento de servicios para “apropiarse de manera continuada de parte de los recursos de la actividad deportiva del Betis”, pues mediante dichos contratos 'Tegasa' se hacía “con la totalidad de los ingresos” del club “a cambio de un canon fijo o variable según las temporadas”, obteniendo esta sociedad “capacidad de negociar con terceros a nombre propio, y no por cuenta del Betis, derechos económicos” relacionados con la radio, la televisión o la publicidad.
Tales cesiones, a juicio de Alaya, “constituyen claramente una disminución del patrimonio del Real Betis”. 'Tegasa', además y “sin justificación lógico económica alguna, participaba gratuitamente en el diez por ciento en la indemnización que correspondiera por el ejercicio de la cláusula de rescisión por parte de los jugadores”, cosechando por ejemplo 200 millones de pesetas de la indemnización derivada de la rescisión del juzgador Roberto Ríos en la temporada 97/98.
Así, Alaya señala diversas operaciones para exponer “los recursos ilícitamente obtenidos por 'Tegasa' durante seis temporadas”, calculando en 15.701.180 euros, --2.612.456.540 de las antiguas pesetas--, “el perjuicio total irrogado al Betis por la interposición de 'Tegasa'”. Relevada esta empresa por 'Encadesa', en la que Guillermo Molina ostentaba también la administración, esta última entidad “seguiría gestionando desde la temporada 99/2000 privadamente los recursos de la actividad deportiva del club”, incluyendo “la totalidad de los ingresos”, siempre con la “aquiescencia” de Ángel Guillermo Martín Vega. Señala la juez, en ese sentido, que en la relación ordinaria del Betis con 'Encadesa' se observa “un diferencial claramente favorable a 'Encadesa' de 92.916.550,40 euros”.
“Camino del fraude”
“A través de este diseño societario, como camino del fraude”, está según Alaya “la voluntad de Lopera, con el consenso del resto de procesados”, de “descapitalizar” el Betis en beneficio de las sociedades controladas por Manuel Ruiz de Lópera. Señala la juez, en la parte final de su auto, la incorporación de Luis Oliver a la trama “como cooperador necesario”, porque habría adquirido acciones del Real Betis “a sabiendas del carácter litigioso de las mismas y para intentar conseguir con Don Manuel hacer ineficaz cualquier pronunciamiento judicial sobre ellas”.
Dado el caso, la juez declara “procesados” a Manuel Ruiz de Lópera, María de las Mecedes Ferraro, Guillermo Molina, Ana María Ruiz, María Teresa González, Francisco Javier Páez, Ángel Guillermo Martín y Luis Oliver, convocándoles a una declaración indagatoria el 28 de mayo a las 10,00 horas. En materia de fianzas, impone una de 33,3 millones de euros a Lopera; a Mercedes Ferraro, María Teresa González y Ana María Ruiz un millón de euros en cada caso, a Francisco Javier Páez 1,66 millones de euros, a Guillermo Molina y Ángel Guillermo Martín 2,66 millones de euros y a Oliver 431.280 euros, con embargo de bienes en caso de no presentar las fianzas.