En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que ha sido este mismo viernes cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha levantado el secreto de las actuaciones, que constan de hasta 21 tomos y en torno a unos 10.000 folios.
Alaya ya levantó parcialmente el secreto sobre la operación 'Madeja' el pasado mes de mayo únicamente en lo relacionado con el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño, y su esposa, la abogada Ana María Vaquero.
A raíz de este levantamiento parcial del secreto sumarial se conoció un atestado en el que la Guardia Civil cifraba en 411.215,56 euros el incremento patrimonial no justificado entre los años 2005 y 2012 de Domingo Enrique Castaño y su mujer y consideraba que “parte de dicho incremento patrimonial podría provenir de ingresos opacos sin justificar y cuyo origen podría ser ilícito”.
TRES FASES
La operación 'Madeja' se ha desarrollado en tres fases entre julio y diciembre de 2013 y noviembre de 2014, en la primera de las cuales fueron detenidas cuatro personas e imputadas otras dos, siendo Domingo Enrique Castaño el único que ingresó en prisión, aunque la pudo abandonar en agosto de 2013 después de pagar la fianza de 60.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla.
La instructora imputa a Castaño los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. Asimismo, le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada por el Ministerio Público.
Ya en la segunda fase de la operación, desarrollada en diciembre pasado, la Guardia Civil imputó a dos personas y detuvo a otras cinco, de las que entraron inicialmente en prisión tres, que salieron en libertad el pasado mes de marzo tras pagar distintas fianzas.
Así, salieron en libertad bajo fianza de 150.000 euros el exjefe de servicio de la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla Francisco de Amores, y de 250.000 euros el empresario de 'Fitonovo' José Antonio González Baró, mientras que el responsable de conservación del Parque de María Luisa, Francisco Luis Huertas, pudo salir en libertad provisional después de que su familia abonara una fianza de 60.000 euros.
En esta segunda fase de 'Madeja', la magistrada imputó al director del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Joaquín Peña (PP), que fue destituido de manera fulminante y nada más conocer su imputación por el alcalde, Juan Ignacio Zoido.
SÓLO UN IMPUTADO CONTINÚA EN PRISIÓN
La tercera fase de la operación tuvo lugar el pasado 11 de noviembre, en el marco de la cual la Guardia Civil detuvo a un total de 32 personas e imputó a varias más, de las que ingresaron en prisión cuatro personas, una de las cuales permanece encarcelada, como es el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera, quien podría salir libre si paga una fianza de 180.000 euros.
Las otras tres personas inicialmente encarceladas ya han salido en libertad, como son Antonio Rodríguez Jurado, exgerente de ADIF en Sevilla a quien la juez atribuye haber cobrado 428.000 euros en 'mordidas' y que ha abandonado la prisión tras pagar la fianza de 90.000 euros, y Enrique José Finch Ramos, directivo de ADIF Córdoba a quien la juez acusa de haber cobrado en comisiones 1.004.624 euros entre los años 2003 y 2012, quien quedó libre tras abonar una fianza de 250.000 euros.
También salió en libertad el exjefe de servicio de Carreteras de la Diputación Provincial de Sevilla Carlos Podio tras pagar una fianza de 100.000 euros.
“ORGANIZACIÓN CRIMINAL JERARQUIZADA”
En el auto de prisión del exgerente de ADIF en Sevilla, la juez le atribuyó haber recibido entre 2002 y 2011 un total de 428.535 euros en “sobornos” a cambio de “beneficiar” a la empresa Fitonovo “en la adjudicación y/o ejecución de contratos públicos”.
La juez considera que las “dádivas” constituían “práctica habitual de la empresa” Fitonovo, “realizándose las mismas de forma periódica o mensual a buena parte de los funcionarios públicos imputados, como en el caso de Rodríguez Jurado”, señalando que esta práctica “para la consecución de contratos públicos se extendió durante un largo periodo temporal que abarcaría desde 1995 hasta 2013, y múltiples áreas geográficas y administraciones públicas”.
“Todo ello ha podido producirse gracias a la existencia de una organización criminal jerarquizada que tendría como centro Fitonovo, donde el inculpado contribuía a facilitar el beneficio” de esta empresa “durante un largo periodo de tiempo desde el año 2002 a 2011 a través de su intervención en la adjudicación de contratos menores y/o de ejecución de los mismos”.