El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), cuyo equipo de Gobierno está formado por PSOE y Ciudadanos, va a plantar cara a la Junta de Andalucía y tiene previsto aprobar definitivamente en el próximo pleno municipal una modificación puntual de su Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para impedir la implantación de establecimientos de apuestas y salas de juego a menos de 500 metros de los equipamientos educativos, deportivos y socioculturales, en áreas de uso residencial. Se trata de una distancia considerablemente superior a la marcada legalmente por el Gobierno andaluz, que en mayo de 2021 aprobó un decreto que disponía para el establecimiento de nuevos salones de juego una distancia mínima de 150 metros de centros de enseñanza reglada no universitaria (colegios e institutos).
Hace un año, la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea solicitó al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra que derogara una modificación puntual de su Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que impedía la implantación de establecimientos de apuestas y salas de juego a menos de 500 metros de los equipamientos educativos, deportivos y socioculturales, aprobada un mes antes. A juicio de la Junta, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra pretendía “invadir” el ámbito competencial de la administración andaluza en materia de juego y apuestas a través de una regulación local sobre la ubicación de esos establecimientos de juego en su término municipal. Según el artículo 81.1 del Estatuto de Autonomía, la Junta es la única administración competente en materia de juego presencial en la comunidad autónoma, como se encarga de recordar siempre que tiene ocasión el consejero de Hacienda, Juan Bravo.
Pero el Ayuntamiento de Alcalá, pese a que la normativa vigente dice textualmente que en Andalucía “no se podrá autorizar la instalación y funcionamiento de un salón de juego que se encuentre a menos de un radio de ciento cincuenta metros de los accesos de entrada a centros educativos de enseñanza no universitaria”, va a ir más allá. En el informe de propuesta a pleno emitido por el concejal delegado de Urbanismo y Hacienda, Jesús Mora, se dice que la regulación municipal propuesta “es más restrictiva” que la establecida por la Junta ya que impone “una distancia mayor y respecto de más centros de referencia: distancia de más de 500 metros de suelo destinado a equipamiento escolar, deportivo o socio cultural, en áreas de uso residencial”. La regulación “no es absoluta para todo el término municipal, sino que la limita a las áreas de uso residencial”, explica.
Defiende el concejal que las entidades locales tienen competencia para imponer limitaciones distintas (más restrictivas) a las contempladas en la normativa autonómica, pero limitadas a zonas de uso residencial, sin aplicación por tanto a otras zonas del suelo urbano, abundando en el alcance de “la potestad municipal en materia de planeamiento, siempre que no se contradiga con la regulación contenida en las normas urbanísticas o con las determinaciones de normas legales o reglamentarias de superior jerarquía”.
Según aclara, la Junta justificó la medida aprobada en mayo pasado “en su carácter de medida de prevención del juego en personas menores de edad. Por eso argumenta que fue ”una limitación preventiva y con el carácter de mínimo, lo que justifica que el Ayuntamiento pueda contemplar desde el planeamiento, en ejercicio de su potestad, otras medidas complementarias con el mismo objeto (limitación preventiva para los menores) aumentando la distancia aplicable y extendiendo su aplicación a los espacios frecuentados por la infancia, la adolescencia y la juventud, tales como los centros educativos, deportivos, culturales o juveniles“.
La propuesta dirigida al pleno del 18 de marzo contará con los votos favorables suficientes para que salga adelante, aseguran fuentes municipales. Es de recordar que para la aprobación provisional de la modificación puntual del PGOU todos los grupos votaron a favor salvo PP y Vox, que se abstuvieron. El texto, además, hace alusión al informe previamente emitido por el Jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo favorable a la aprobación definitiva de la modificación, donde se sustancia la competencia municipal para la adopción de la medida. La Junta, una vez trascienda la oficialidad del acuerdo del pleno de Alcalá, podrá hacer un requerimiento o dirigirse a los tribunales de justicia con la interposición de un contencioso si así lo estima oportuno.
Según el informe jurídico, donde se da cuenta incluso del informe del Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio favorable a la aprobación de la modificación puntual, la regulación propuesta para Alcalá de Guadaíra “coadyuva en términos sociales, culturales y sanitarios al desarrollo sostenible del municipio, concretando los usos admisibles en los lugares frecuentados por segmentos de la población más vulnerables a riesgos relacionados con la accesibilidad a las salas de juego”.
Después de que en verano el consejero de Educación responsabilizase también a “los jóvenes” y “las familias” de la ludopatía por las casas de apuestas, en una reciente respuesta parlamentaria a una pregunta registrada en el Parlamento por el diputado de Unidas Podemos por Andalucía Jesús Fernández, el consejero de Hacienda señaló que su departamento no apreciaba “motivos suficientes, perentorios y de interés general que demanden ampliar esta medida restrictiva más allá de la establecida actualmente en la regulación y planificación del Juego en Andalucía”.
Cabe recordar que la distancia de 150 metros establecida por la Junta, que se viene a sumar a los 100 metros de distancia mínima que deben mediar entre dos salones de juego y que ya existía con anterioridad, es también insuficiente para algunos ayuntamientos, también del PP que, de un tiempo a esta parte, están tratando de limitar su implantación modificando sus planes de ordenación urbanística (PGOU) para alejarlos hasta 500 metros.
La Consejería de Hacienda, a quien el TSJA dio la razón al suspender cautelarmente la limitación de casas de apuestas y juego en Cádiz, aseguró en su momento haber hecho saber también a los municipios de Córdoba (también 500 metros), Tomares y Mairena del Alcor (350 metros, en su caso) que no podían modificar sus planeamientos urbanísticos. La Junta, como ya hizo en Cádiz, se había preparado normativamente para llevar a los tribunales a los municipios que quieran limitar las casas de apuestas.
El pasado 26 de febrero, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, visitó precisamente Alcalá de Guadaíra, donde reivindicó el papel de los ayuntamientos y las comunidades frente al problema de las casas de apuestas, valorando que, desde los municipios, se pongan en marcha “herramientas e instrumentos para ofrecer alternativas de ocio” a las personas más vulnerables y, en especial, a los jóvenes.
“Los ayuntamientos han de tener herramientas e instrumentos para marcar distancias suficientes e importantes respecto a determinados focos como pueden ser los centros escolares”, dijo el ministro para recalcar que todas las Administraciones Públicas “tienen que velar por la protección de las personas más vulnerables y, en especial, cuando se habla de los más jóvenes”. Según defendió Garzón, la problemática de las casas de apuestas va “más allá” de un problema de salud pública, “ya que, además de la dimensión sanitaria, los trastornos relacionados con la ludopatía ”tienen otras afectaciones sociales“.
“Recientemente, un estudio dejaba constancia de que la cercanía de las casas de apuestas a los centros escolares determinaba un rendimiento educativo menor para aquellas personas que estaban en esos centros, especialmente, en los sectores de menor renta y en los barrios más populares y de trabajadores”, explicó. Ante ello, el ministro abogó por que, como sociedad, “diseñemos ciudades donde el ocio destinado a los jóvenes” esté lejos de este modelo “perverso” de las casas de apuestas.
Garzón, que puso al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra como ejemplo en este ámbito, deseó que “sean muchos más los ayuntamientos que puedan proliferar a lo largo de todo nuestro país” con este compromiso porque este es “un fenómeno creciente tanto en España como en otros países del entorno europeo”.
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