Este jueves, dos altos dirigentes del PP andaluz se pronunciaron sobre la posibilidad de establecer una tasa turística en Andalucía. A las 9 de la mañana, José María Bellido (alcalde de Córdoba y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias -FAMP) dijo en Canal Sur que avanzan las negociaciones con los empresarios, y que en mayo se abrirá una “negociación formal” que incorpore también a la Junta de Andalucía. A las 12:00, ante el Parlamento, el presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, desinfló la expectativa hasta dejarla moribunda. Lo hizo tirando de ortodoxia ideológica: el PP, dijo, no es de imponer nuevos tributos.
Bellido había asegurado que la reflexión desborda a la tasa turística, y tiene que ver con la “sostenibilidad del turismo”, una tesis abanderada por los grupos de izquierda hasta ahora desechada por el Gobierno andaluz, que sigue catalogando al sector como la “gallina de los huevos de oro”. En San Telmo hay malestar con el manejo de la cuestión por parte del alcalde cordobés, porque les obliga a retratarse en un debate que genera contradicciones: los municipios turísticos (principalmente, Málaga y Sevilla, también gobernadas por el PP) tienen intereses contrapuestos al Gobierno andaluz.
Fuentes de la FAMP restan importancia a la discrepancia entre Bellido y Moreno: “Dijo A, pero también dijo B, e instó a seguir negociando”.
Desde que la tasa turística volvió a la palestra, Moreno y sus consejeros reman a la contra para marginar el marco del debate (vinculándolo a la turismofobia), redefinirlo y ampliarlo: la cuestión, insisten, no sería si los visitantes deben contribuir al pago de los servicios públicos en ciudades sometidas a gran presión turística, sino que los ayuntamientos tengan suficiente dinero para hacer frente al incremento de costes en temporada alta.
La financiación municipal desborda los contornos de la tasa turística, y políticamente es mucho más manejable para el PP y el Gobierno andaluz, porque apunta hacia el Gobierno central. Sin embargo, para Bellido este es un “debate paralelo”, según dijo en Canal Sur.
Hace apenas dos meses, Moreno aplacó a los regidores que reclaman valorar la tasa (José Luis Sanz, en Sevilla, o Francisco de la Torre, en Málaga) apadrinando la apertura de un diálogo, pero ni él ni el consejero Arturo Bernal han podido disimular su incomodidad en este tiempo, y el Gobierno andaluz arrastra los pies por la senda abierta por Bellido. De paso, deja pistas que le permitan volver a su posición de partida: no a la tasa. Algo que, teniendo en cuenta que Moreno y el PP tienen el BOJA en su mano, deja el diálogo en vía muerta antes de arrancar.
Ante el Parlamento, Moreno subrayó que lo que no quiere es “imponer” nada. En realidad, la FAMP nunca ha pedido una tasa que se aplique por igual a todos los municipios andaluces, sino una regulación autonómica que dé cobertura a las ciudades que quieran aplicarla.
El presidente acompañó su postura de una serie de datos y argumentos: tiró de ideología (contra los impuestos), de demoscopia (“no hay una posición social favorable”) y de economía (esto afectaría a los 3,4 turistas de andaluces que son turistas en su tierra y al “pan de decenas de miles de familias”).
Son razones que no decaerían aun en el caso de que la tasa sea el resultado de un acuerdo entre los municipios, los empresarios y la Junta de Andalucía, y no de una “imposición”. Con estas razones sobre la mesa, la Junta de Andalucía tendría que hacer contorsionismo argumental en el eventual caso de que el diálogo resultara en una tasa. De modo que, en la práctica, Moreno pareció enterrar la tasa turística de forma casi definitiva.
El posicionamiento explícito de la Junta de Andalucía contrasta con el papel de “mediador” entre empresarios y municipios que se arrogó hace menos de dos meses. Fuentes de la Consejería de Turismo subrayan que la posición inicial es contraria, pero matizan que no se trata de un “sí o un no taxativo”, y subrayan que la mera apertura de un diálogo a tres bandas dará la oportunidad de escuchar argumentos. “Queremos diálogo porque es evidente que hay municipios que quieren hablar del tema”, explican.
Hasta ahora, las conversaciones se reducen a encuentros “discretos” entre la FAMP y la Confederación de Empresarios Andaluces (CEA), que en las próximas semanas darán paso a las reuniones ya con la presencia de la Consejería de Turismo.
En 2023, Andalucía recibió 22 la cifra récord de 34 millones de turistas (un 50% más que hace diez años), que gastaron más que nunca (77,83 euros diarios, +7,2% anual). Este año, esas históricas cifras van camino de superarse: hasta marzo, Andalucía había recibido 2,3 millones de turistas internacionales, un 18,74% más que en los mismos meses de 2023, según los datos provisionales de la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR), que este viernes ha divulgado el INE. En el conjunto de España, el crecimiento es del 17,7%.
La toma de posición de Moreno se produjo en respuesta a José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, quien había planteado la pregunta “¿Cómo piensa el Gobierno garantizar que los turistas que llegan a Andalucía aporten al mantenimiento de nuestros servicios públicos?”. García alertó del riesgo de propiciar una “Andalucía como chiringuito para guiris”, y acusó a Moreno de bloquear una proposición de ley presentada hace meses por su grupo, orillando el debate parlamentario en favor de un diálogo preferente con la patronal hotelera.
“Vamos a convertir nuestros barrios en un sitio donde no se puede vivir, donde los andaluces y andaluzas sobramos. ¿Cree que alguien va a dejar de venir a Andalucía por pagar 2 o 3 euros por cada noche en un hotel? ¿Ha dejado de ir a Berlín, a Roma, a París?”, preguntó, antes de pedir a Moreno que “ordene el turismo” para paliar sus externalidades, poniendo como ejemplo el aumento de los precios del alquiler residencial, la turistificación de los barrios, la precariedad laboral o el impacto climático de cruceros o campos de golf.
Moreno le acusó de hacer demagogia, y volvió a elevar la tasa a la categoría de amenaza existencial para el turismo, que soporta el 13% de la economía andaluza, 415.000 puestos de trabajo directos y 26.000 millones de euros. “Genera progreso y bienestar, así que hay que tratarlo con prudencia, mucho rigor y buscando el consenso”. Después, aseguró que el nuevo tributo lo pagarían también los 3,4 millones de andaluces que hacen turismo en su tierra, “porque no se puede discriminar”. En España, sólo Palma, Girona y Barcelona la han adoptado.
El presidente andaluz refrendó así la postura del consejero de Turismo Arturo Bernal, quien hace un mes ya se manifestó en contra, asegurando que la tasa (que donde está vigente va de los 50 céntimos a los 4 euros diarios) supondría acabar con “la gallina de los huevos de oro”.
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