- Se calcula que el perjuicio al Patronato de la Alhambra fue de siete millones de euros entre ingresos no percibidos y daños al patrimonio al superar los cupos.
El caso Alhambra, por la venta fraudulenta, falsificación de entradas y accesos ilegales al monumento granadino entre 2002 y 2005, irá a juicio finalmente con 50 acusado, 27 menos de los aparecidos durante la instrucción, a los que se imputan los delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil y daños al patrimonio. Se calcula que el perjuicio al Patronato de la Alhambra entre visitas que no cobró y daños por exceso de afoto roza los siete millones de euros.
En esta trama, que se investigó entre agosto de 2005 y marzo de este 2014, y cuyos hechos se desarrollaron al menos desde 2002, están implicados taquilleros, controladores, guías turísticos, propietarios de las empresas turísticas que llevaban grupos a la Alhambra y empleados de la entidad bancaria con la que el Patronato tenía un acuerdo para la venta anticipada en aquel entonces.
Respecto a los 79 imputados que señalaba el juez de instrucción, incluyendo dos empresas como personas jurídicas, finalmente sólo 50 se sentarán en el banquillo de los implicados, ya que las acusaciones, que representan fiscalía y la Junta de Andalucía, sólo han acusado a 50 de los mismos. Las acusaciones contra 27 de los encausados inicialmente se dan por sobreseídas con este escrito. Del medio centenar finalmente acusado, se pide para 10 de ellos nueve años de cárcel y 9.000 euros de multa, y para el resto cuatro años y 2.160 euros.
El escrito señalando juicio oral, que firma el juez de instrucción Miguel Ángel del Arco y al que ha tenido acceso este diario, ocupa hasta 73 folios con las acusaciones y los razonamientos del magistrado para enviar a juicio a los acusados, ya supone una reducción frente al auto que cerraba la instrucción, que llegaba a los 200 folios. El juez también afirma que no comprende que se deje de acusar a ciertas personas de las acusadas inicialmente pese a que existen “unos indicios y beneficios económicos considerables” por parte de estas, aunque añade que “respeta” la decisión de las acusaciones.
Los encausados están acusados de los delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil y daños al patrimonio, todos ellos con el agravante de cometerse de manera continuada en el tiempo. Las acusaciones de la Fiscalía de Granada y el letrado de la Junta de Andalucía varían, aunque se considera al núcleo de los organizadores de la estafa, siete personas, acusados de los cuatro delitos y la mayor parte de los colaboradores sólo de uno o dos de los anteriores.
En el escrito del fiscal, en el apartado dedicado al perjuicio económico recibido por el Patronato de la Alhambra a causa de esta fraude continuado, se sitúa en 3,5 millones de euros los ingresos que se dejaron de percibir y 3,1 en daños recibidos por el patrimonio. Esto último se explica porque el patronato controla los cupos de visitantes a los diferentes espacios según el estado de conservación de los mismos, y si se superan se disparan los gastos de mantenimiento.
Tal y como recoge el escrito del juez citando al fiscal Luis Salcedo: “El número real de turistas que visitan el monumento y la anómala forma en que la visita se realiza en el año 2003 determinan que en el año 2004 se pase de 687.168 euros a 1.015.772 en gastos de mantenimiento. El aumento en gastos de este concepto indican el efecto de una presión relevante sobre los materiales y su consiguiente deterioro”.
Empleados del Patronato de la Alhambra llegaron a robar el papel que se utilizaba para imprimir las entradas, emitiendo billetes falsos con un día diferente al de la visita o el número de reserva de otro grupo. En acuerdo con guías turísticos o controladores de las puertas de entrada, se permitía que colasen estos documentos fraudulentos. En otros casos, se usaban entradas de otros días ya utilizadas o el controlador permitía, a sabiendas, que pasase un grupo mayor del permitido, por ejemplo, uno de 30 personas con un billete sólo para 20.
Los guías y las empresas, además, comerciaron con entradas sin ser agentes autorizados, utilizando las de venta anticipada de la entidad bancaria o de la Federación de Hostelería de Granada. Tanto las personas como las empresas facturaron en b, en ocasiones con la connivencia de empleados la entidad bancaria mencionada, la cual en 2012 rompió su relación con el Patronato de Granada y lo indemnizó con 290.000 euros tras un acuerdo.