La polémica por la negativa de distintos ayuntamientos a permitir que se graben los plenos municipales llega a la provincia de Málaga. El alcalde de Alhaurín de la Torre y diputado en el Congreso por el Partido Popular, Joaquín Villanova, no permite que Electores-Equo, formación política que cuenta con un concejal en este municipio, grabe las sesiones plenarias pese a los reiterados intentos de la coalición en los últimos meses.
Los plenos en este ayuntamiento malagueño se celebran un viernes de cada mes a las ocho de la mañana. El edil de Electores-Equo, Juan Manuel Mancebo, solicitó permiso por primera vez para poder grabarlos hace 13 meses. Sin embargo, ante la ausencia de respuesta oficial por parte del Ayuntamiento ha intentado, sin éxito, en reiteradas ocasiones tomar imágenes de las sesiones.
En el último pleno, el equipo de gobierno conocía con anterioridad la intención de grabar la sesión. Electores-Equo envío un escrito a Alcaldía anunciándolo. En este documento se hacía referencia a la normativa vigente, que este partido político entiende que le da la razón a la hora de poder acceder con cámaras de vídeo al salón de plenos.
Pese a todo, el alcalde le volvió a negar esta posibilidad. Fuentes municipales han explicado a eldiario.es que no se trató de una “denegación arbitraria” y que “la responsabilidad de la acreditación para grabar el pleno es de la presidencia, es decir, del alcalde”. Las mismas fuentes precisan que la petición de Equo-Electores “no llegó a tiempo para acreditarse”.
En Electores-Equo denuncian el silencio del alcalde del PP a esta solicitud y justifican esa actitud con la intención del primer edil de que los ciudadanos no se enteren de lo que realmente sucede en los plenos. Es más, recuerdan que en el propio Congreso de los Diputados, donde Joaquín Villanova ocupa un escaño representando al Partido Popular por la provincia de Málaga, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ya ha dejado clara la intención del Gobierno de facilitar este tipo de grabaciones.ha dejado clara la intención del Gobierno de facilitar este tipo de grabaciones
Ayllón respondió recientemente una pregunta parlamentaria que recogía una sentencia del Tribunal Supremo en referencia a estos asuntos y en la que se detallaba que “la limitación del acceso a las cámaras implica una suerte de censura previa de la obtención de la información, privando de esta manera no sólo al medio de comunicación de su derecho fundamental, sino obstaculizando también el derecho a la información de los vecinos”.
Además, critican que la televisión municipal sí pueda grabar el pleno entero, aunque sólo emite informaciones relativas al equipo de gobierno y oculta las presentadas por otros grupos políticos como Electores-Equo. El concejal Juan Manuel Mancebo ya ha puesto el asunto en manos de los abogados que están planteándose emprender acciones legales. ¿El problema?: “Con las nuevas tasas de Justicia nos cuesta casi 1.000 euros”, lamenta el edil.
Suspendido un pleno por grabarse
Suspendido un pleno por grabarsePero el caso de Alhaurín de la Torre no es el único de la provincia. La pasada semana, el alcalde del municipio de Fuente de Piedra, el socialista Francisco Hidalgo, decidió suspender el pleno ordinario después de que varias personas intentaran grabarlo. En este caso, el concejal de Izquierda Unida en esta localidad, Francisco Ríos, había solicitado permiso 14 meses antes para poder grabar la sesión. Sin embargo, y al igual que sucede en Alhaurín de la Torre, el regidor no ha ofrecido respuesta a la solicitud.
Los argumentos ofrecidos por el edil de Izquierda Unida están también recogidos en la página web de la plataforma ‘Graba tu pleno’, donde se relacionan todos los ayuntamientos que ponen trabas para la grabación de las sesiones.
Además, estas explicaciones coinciden con la de expertos juristas. El catedrático de Derecho Constitucional y especialista en derecho a la información, Ángel Rodríguez, es tajante al afirmar que “el Ayuntamiento no puede prohibir la grabación de un pleno con carácter absoluto”. Rodríguez detalla que se esta circunstancia “se puede regular, aunque esa regulación debe cumplir con determinados estándares”, además añade que “no se puede permitir que con el pretexto de una regulación se haga una prohibición”. “Si se regula, se debe hacer basándose en principios neutros, no se puede decir, estos sí y aquellos no”, indica el catedrático.