Mónica Sánchez y Vanesa Navarro, dos vecinas de Matillas (Guadalajara), deberán acudir a declarar el próximo 12 de abril al juzgado de instrucción número 1 de Sigüenza acusadas de un delito contra las instituciones del Estado. El alcalde, Ignacio Gordon, del PP, las denunció por intentar grabar el pleno municipal de su pueblo. La plataforma grabatupleno.es, a la que pertenecen, ha iniciado una campaña de apoyo para recabar fondos para poder pagar al abogado, ya que Mónica y Vanesa están en paro.
“Esta pesadilla la estamos viviendo desde hace muchos meses porque la denuncia nos la puso el alcalde en octubre, aunque no es un hecho aislado. En ocasiones anteriores ya nos ha expulsado del Ayuntamiento cuando íbamos a grabar el pleno”, relata a eldiario.es Mónica Sánchez, administrativa actualmente en paro, de 42 años. Tanto ella como Vanesa Navarro, maestra de 25 años, también en desempleo, no acaban de salir de su asombro por la deriva que han tomado en esta ocasión los acontecimientos. El delito contra las instituciones del Estado, del que se les acusa, conlleva una pena de prisión de seis meses a un año. Además, las dos están pendientes del recurso que presentaron contra las multas de 302 euros impuestas por la delegación del Gobierno por alteración del orden público.
En Matillas, un pequeño municipio de la provincia de Guadalajara situado en la Alcarria Alta, todos se conocen. El pueblo tiene 164 habitantes, según se explica en la web municipal que el alcalde del PP decidió abrir “para poder subir los vídeos de los plenos, pero editados a su modo”, afirma Mónica. En la página web se facilita un teléfono de ‘atención al ciudadano’ que comienza por 905, es decir, es de pago, como se informa en un recuadro para que nadie se llame a engaños. El minuto desde un fijo sale a 1,45 euros y desde el móvil cuesta 2 euros. No es de extrañar que los vecinos llamen poco o no llamen. “El pueblo está abandonado, no tiene servicios. En el Ayuntamiento no suele haber nadie. La secretaria solo va los viernes y los plenos se celebran cada tres meses aproximadamente, salvo algunos que ha habido extraordinarios”, nos explican las ‘acusadas’ de grabar las reuniones. Pero al alcalde esas prácticas no le hacen ninguna gracia. Siempre que algún vecino lo ha intentado, ha ordenado suspender los plenos y todos han terminado en la calle.
Ignacio Gordón es alcalde de Matillas “casi desde que nació”, explica Mónica con sorna, puesto que ocupa ese cargo desde hace más de 30 años. En 2007, Gordón rompió con el PP y se presentó por la Agrupación de Electores del Municipio de Matillas (A.E.M.M) obteniendo mayoría absoluta. “Es que tiene al rebaño muy bien adiestrado. Nosotras somos las ‘ovejas negras’”, asegura Mónica.
En la siguiente convocatoria, celebrada en 2011, regresó de nuevo al PP ganando también las elecciones aunque esta vez por menor margen. En la actualidad Matillas tiene 5 concejales, 3 del PP y 2 del PSOE. Precisamente, uno de esos dos ediles socialistas también está acusado del mismo delito y tendrá que declarar en el juzgado de Sigüenza junto a Mónica y Vanesa el mes que viene.
“En el pueblo nadie se atreve a mostrarnos su apoyo. Reina el silencio. Hay miedo”, lamenta Mónica, que espera que al final la Justicia les dé la razón y puedan grabar los plenos sin sentirse amedrentadas ni por la Guardia Civil ni por el alcalde.
Los miembros de la plataforma grabatupleno.es, desde luego, no las van a dejar solas. Están dispuestos a ayudarlas en todo lo que necesiten “abogados, procuradores y, si es necesario, poniendo dinero de nuestros propios bolsillos”. En su web recuerdan que el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha respaldado el derecho de los ciudadanos a grabar los plenos municipales, un derecho avalado también por el Defensor del Pueblo y por varias sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional.
Uno de los casos que citan es el de los detenidos el pasado 25 de septiembre por las concentraciones organizadas ante al Congreso de los Diputados, que fueron acusados como Monica y Vanesa de un delito contra las instituciones. La Audiencia Nacional finalmente anuló sus causas y los dejó en libertad. “La actitud dictatorial del alcalde de Matillas se va a volver en contra suya”, vaticinan.