El sector agroalimentario ha convocado diferentes movilizaciones en Andalucía como consecuencia de la subida del precio de la luz, el agua, los piensos y los fertilizantes. Un incremento en los costes de producción que, aseguran, reduce al mínimo la rentabilidad de los trabajadores del campo y de la ganadería.
Almería, una provincia que vive principalmente del campo y de los animales, está con el agua al cuello. La llamada “huerta de Europa”, líder del sector hortofrutícola de Andalucía, está sufriendo la tendencia al alza de los costes de producción que agricultores y ganaderos no ven recompensado en la venta de sus productos. Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) alertan de posibles recortes ante la “brutal” subida del precio de la energía, los fertilizantes, el agua y los piensos para ganado, entre otros materiales básicos para el funcionamiento de este gremio. El secretario general de COAG Almería, Andrés Góngora, explica que la problemática “se arrastra desde el mes de agosto”, pero lo peor llegó en el mes de octubre y asegura que esta situación está “muy vinculada a la crisis energética”.
En los campos e invernaderos la preocupación crece ante la imposibilidad de trasladar el aumento de costes a los precios de los alimentos. Según el secretario de COAG, el sector está “desestructurado” lo que impide poner precio a sus cultivos: “El agricultor no tiene capacidad de repercutir en el precio al que las comercializadoras compran nuestras frutas, hortalizas o cereal”.
“Cada campaña es peor”
José Antonio Castillo es agricultor de tomates y berenjenas en las dos hectáreas que tiene de invernaderos en La Cañada. Ha dedicado toda su vida a trabajar en el sector agrario y asegura que “cada campaña es peor”. El encarecimiento de la inversión que se requiere para realizar una buena cosecha no está produciendo el suficiente beneficio a los empresarios agrarios: “A nosotros se nos paga igual o peor que hace 20 años. Ahora nuestro trabajo no da ninguna rentabilidad”. Según Castillo, el coste actual de producción de berenjena está alrededor de 45 céntimos/kilo, sin embargo las distribuidoras pagan al agricultor por debajo de 20 céntimos y “lo ideal sería que se pagara en torno a 75 céntimos”.
En la misma zona, Mari Carmen Suárez trabaja en el cultivo de tomates. Ante la imposibilidad de trasladar el vertiginoso aumento de costes a los precios de las producciones agrarias, ella dice sentirse impotente y poco valorada como profesional y achaca parte de la culpa a las cooperativas y comercializadoras encargadas de hacer llegar el alimento al consumidor final: “Piensan en sus negocios y en enriquecerse ellos, pero no tienen en cuenta que su rentabilidad depende del agricultor. Todo sale de nuestras espaldas”.
Las empresas intermediarias encargadas de comprar el producto en origen y venderlo a supermercados rechazan la culpa que les otorga los trabajadores del campo. El encarecimiento en el precio de la electricidad, plástico y combustible también está afectando al proceso de envasado y distribución del que se encargan las empresas intermediarias, que también lamentan no poder reflejar esta subida en los precios de venta al consumidor final debido a la gran competencia que hay en el mercado. “Para nosotros es importantísimo que los precios al consumidor final se incrementen lo menos posible porque si no se irá a otro supermercado con precios más baratos”, explica el director general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA), Álvaro González.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) afirma que la situación actual “es disparatada”. Para ejemplificar el difícil momento, la secretaria general de UPA Almería, Paqui Iglesias, explica que anteriormente una explotación de 3.000 pollos estaba pagando unos 500 euros al mes de luz; ahora se pagan casi 2.500 euros al mes lo que ha causado que “la rentabilidad se haya reducido a la mínima expresión”. No obstante, asegura que el sector más perjudicado es el caprino de leche: “El precio de la leche no cubre los costes de producción a pesar de que el valor de venta en los supermercados se haya incrementado” y añade que “al contrario de lo que puede pensar un consumidor, esa subida no ha repercutido en lo que el ganadero recibe”.
La sensación de los granjeros es de impotencia cuando llegan a los mercados y observan sus productos: “Los precios son un disparate, se triplican de como lo vendemos a como están en los establecimientos”, lamenta Francisco Jesús García, ganadero de cabras en la localidad de Huércal-Overa. Él explica que el incremento de los costes le supone al mes “unos dos mil euros más que el año pasado”, una cantidad que iguala su sueldo, e indica que si el problema continúa no podrá seguir haciéndose cargo de sus 700 cabras.
Ley de la Cadena Alimentaria
Para evitar que el sector agrícola-ganadero opte por el decrecimiento de sus producciones, desde COAG han exigido al Ministerio de Agricultura que se refuercen los controles e inspecciones para garantizar el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria: “Tenemos una normativa que obliga a que los agricultores y ganaderos reciban como mínimo un valor que cubra los costes”. No obstante, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aseguran que la Ley busca que reciban un precio digno por sus producciones y que haya mayor transparencia en las operaciones comerciales entre los distintos eslabones de la cadena, pero que la evolución de los precios de las materias primas es un problema global.
Juan Manuel Andújar, comercial y agricultor de patatas y tomates en la vega de Almería, considera que esta ley puede ser un “arma de doble filo” ya que la mayoría de los contratos no son a precio cerrado, sino a volumen y estos marcan los precios semanales: “Puede darse que cuando se tiene este tipo de contrato y el importe de la hortaliza está caro, los intermediarios pueden excusarse en haber estado pagando de más cuando no deberían”.
Aún así, el pasado dos de diciembre se aprobaron en el Congreso de los diputados cinco de las seis modificaciones que ha defendido el sector primario desde hace años. Estos cambios supondrán una mejora en el funcionamiento de la Ley de la Cadena Alimentaria a través de la prohibición de la venta a pérdidas en el último eslabón en la Ley de cadena, un registro digital de contratos, una mejora parcial de la figura del mediador y potenciación del Observatorio de la Cadena. Estos avances han sido valorados positivamente por COAG, aunque esperan que no se queden en el papel o en un cajón bajo llave.
Movilizaciones: “tiene que hacerse lobby”
El sector agrario andaluz, representado por ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía han convocado movilizaciones ante la crisis generada por el aumento de los costes de producción. El sector se echará a la calle el 21 de diciembre en Córdoba y el 20 de enero de 2021 en Sevilla para concienciar a la sociedad de los problemas de rentabilidad y exigir a las administraciones medidas que palíen la situación que atraviesan los productores andaluces. Además, los responsables de las diferentes agrupaciones no descartan que las lleguen no solo a Madrid sino también a Bruselas o Estrasburgo coincidiendo con reuniones de los ministros de Agricultura de la Unión Europea.
La suma del encarecimiento de los distintos costes junto a la poca regulación podría considerarse como la “tormenta perfecta” y cuya solución es proteger el sector: “Tiene que hacerse lobby entre las principales empresas de Almería y agricultores. Hay muchas familias que viven de esto”, plantea Juan Manuel Andújar y añade que otra solución es priorizar la venta a granel que requiere de menos costes.
Dado que el principal incremento se ha dado por la subida de la luz, la secretaria general de UPA sugiere que poner en funcionamiento una energía alternativa como es la solar, lo que “abarataría muchísimo las facturas”. En lo que coinciden todos los empresarios y trabajadores de este sector es que la solución es responsabilidad de las administraciones y especifican que tienen que luchar por la agricultura y ganadería del país. El secretario de COAG destaca que hay que trabajar para que “los costes de producción no sean establecidos por las cadenas de supermercado sino que sea mediante estudios realizados a través del Observatorio de Precios y que ellos sean los que limiten los precios”.