La Audiencia Nacional vuelve a rechazar que las administraciones tengan que indemnizar a la promotora del Algarrobico

La Audiencia Nacional ha vuelto a dar la razón a las administraciones, denegando la pretensión de la promotora del hotel del Algarrobico de que la Administración del Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras le paguen al alimón una cuantía millonaria por paralizar la construcción del edificio, situado en primera línea de playa del paraje natural protegido de Cabo de Gata (Almería). En una sentencia dictada el 7 de abril, la sala de lo Contencioso-Administrativo vuelve a negar que Azata Patrimonio, S.L. tenga derecho a ser compensada por los perjuicios que alega haber sufrido, después de que se paralizara la construcción ilegal del hotel cuando estaba al 74% de ejecución.

Azata recibió una primera negativa el pasado mes de febrero, cuando la Audiencia Nacional denegó su aspiración de recibir más de 70 millones de euros. Ahora, una nueva sentencia del mismo órgano jurisdiccional, a la que este medio ha tenido acceso, confirma que la promotora no tiene derecho a cobrar nada por la suspensión y paralización definitiva de sus obras. Se trata de una sentencia dictada en un procedimiento paralelo, pero contra una resolución diferente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En este caso, la promotora no había cuantificado el supuesto perjuicio.

Elías Bendodo: “Un paso más”

La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, pero aclara la salida de un interminable laberinto jurídico que ha perpetuado la estampa del Algarrobico, una mole depositada en la playa de Carboneras desde el año 2003.

“Se da un paso más para alcanzar el objetivo de este gobierno”, celebró este martes Elías Bendodo, consejero de Presidencia, quien insistió que la Junta de Andalucía quiere que la mole desaparezca y “recuperar la situación previa a su construcción”, la de hace más de veinte años. Se trata, insistió Bendodo, de un “compromiso” del presidente, Juan Manuel Moreno, “que se hará efectivo cuando tengamos todas las garantías jurídicas”.

Para hacerlo, antes deberá adquirir los terrenos completando el retracto que se inició en 2006. Según explicó el Ministerio de Medio Ambiente en respuesta a elDiario.es/Andalucía el pasado marzo, el Estado aportaría financiación cuando llegue el momento de demoler, “una vez resueltos los procedimientos judiciales en curso”. No obstante, la misma fuente oficial advirtió de que las sentencias sobre la responsabilidad patrimonial de las administraciones “no acercan ni alejan la demolición”.

Casi veinte años desde el comienzo de las obras

En 1999, Azata adquirió 16,2 hectáreas de terreno a 50 metros de la línea de costa por 2,3 millones de euros. Obtuvo las licencias municipales de obras para construir un hotel y la calificación ambiental favorable en marzo de 2003. Mientras, ante la Dirección General de Costas se tramitaba un expediente de deslinde desde 1995, donde se dudaba si la servidumbre de protección de la franja costera debía marcarse a veinte metros de la línea de costa o a cien. Azata conocía ese procedimiento y se personó en él.

Mientras se valoraba esta cuestión y las distintas entidades administrativas que tenían algo que decir se cruzaban dictámenes e informes (a saber: Dirección General y Servicio Provincial de Costas, por parte de la administración central; Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de Andalucía; y Concejalía de Urbanismo del ayuntamiento de Carboneras) Azata empezó a construir, sin esperar a que se aclarase la cuestión. Era el 22 de marzo de 2003.

El 30 de mayo, solo dos meses después, la Dirección General de Costas dio la orden de modificar los planos del proyecto de deslinde: debía situarse a los cien metros. Pero la obra ya había arrancado.

Aún transcurrieron dos años y medio más, en los que las administraciones siguieron discutiendo y Azata levantando su hotel, hasta que se aprobó la Orden Ministerial que fijaba definitivamente la servidumbre de protección a los cien metros. El 8 de noviembre de 2005, cuando la obra se paraliza, el hotel estaba casi terminado. 19.689 metros cuadrados de los 36.086 que estaban previstos estaban dentro de la servidumbre, y la promotora inició entonces una batalla jurídica para completar la construcción, mientras alegaba el perjuicio económico que se la había causado.

Descartada la opción de terminar el hotel, Azata ha interpuesto cuatro demandas reclamando compensaciones a las administraciones. Las dos resueltas por la Audiencia Nacional la han denegado, mientras que otras dos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía fueron suspendidas hasta que se resolviesen los dos primeros pleitos.

Los magistrados desmontan el relato de la promotora “de buena fe”

La promotora siempre ha alegado ante los jueces que cuando compró los terrenos, toda la información que recabó le hizo concluir que podría construir sin problemas, y que las administraciones actuaron de forma lenta, imprecisa, descoordinada y negligente en la tramitación del expediente de deslinde.

Frente a ello, la Audiencia Nacional concluye que la falta de revisión del plan parcial municipal y la concesión de la licencia no legitima para incumplir de forma tan palmaria la Ley de Costas, que fijaba cien metros de servidumbre desde 1988. También señala que Azata no es un particular cualquiera, de modo que cuando compró, en 1999, pudo advertir fácilmente que los terrenos estaban invadiendo la zona de protección delimitada por la Ley de Costas, aunque tuviese una licencia para construir. Los magistrados resaltan que Azata también ignoró el Plan de Ordenación de Recursos Naturales que declaraba a la zona “de protección C3”.

En definitiva, no admiten el retrato que Azata hace de sí misma como promotora “de buena fe”, que obtuvo una licencia de obras sin sospechar de su ilegalidad. De hecho, estaba personada en el expediente de deslinde, donde estaba alegando para lograr que la servidumbre se colocara a veinte metros de la línea de costa.  

Además, los jueces recuerdan que Azata compró los terrenos sin informar a la Junta de Andalucía, a pesar de que estaban en zona de protección y la administración podía haber ejercido un derecho de retracto. En septiembre de 2006, la Junta de Andalucía acordó ejercer ese derecho de retracto, que aún no se ha ejecutado, a la espera de que se resuelva todo el galimatías jurídico.