Mientras tres muchachos trabajadores de Santander viajaban en dirección a Pechina (Almería) a celebrar la comunión del hermano de uno de ellos, en la calle Peñalver de Madrid dos terroristas de ETA colocaban sobre la marcha una bomba en el coche que transportaba al teniente general Joaquín Valenzuela, jefe del Cuarto Militar de la Casa del Rey, y tres acompañantes. La bomba mató a los tres subalternos, y también provocó una onda expansiva que acabó también con los tres obreros, torturados y muertos a manos de agentes de la Guardia Civil.
“La muerte de tres jóvenes santanderinos en Almería, probable error de la Guardia Civil”, tituló El País solo dos días después de que sus cuerpos apareciesen en un barranco de la carretera de Gérgal (Almería). El 8 de mayo de 1981 Juan Mañas, Luis Montero y Luis Cobo habían sido detenidos en Roquetas de Mar a punta de pistola y trasladados a un cuartel abandonado en Cabo de Gata. Ni tenían antecedentes, ni iban armados, ni trataron de escapar, como sostuvo la primera versión oficial. Sus cuerpos se encontraron dentro del coche, acribillados, mutilados y abrasados, el 10 de mayo.
Hoy se cumplen 40 años del brutal crimen, uno de los episodios más perturbadores de la represión ejercida por agentes con placa y pistola. Aunque se ha escrito mucho del Caso Almería, editorial Atrapasueños acaba de publicar un libro que acerca las fuentes primarias. El Caso Almería 40 años después, de Manuel Hijano y Chaymaa Outnarit, es una investigación y un compendio de testimonios directos de familiares, periodistas y políticos. Deja conscientemente de lado la verdad judicial y apuesta por plasmar la realidad política a través de lo que dijeron ministros, diputados y senadores, reflejado en las actas del Diario de Sesiones.
El libro favorece también la perspectiva histórica. A la vista del tratamiento del caso, Hijano concluye que la Transición “no fue tan pacífica como se ha venido sosteniendo” y que “el Franquismo conservaba reductos en las fuerzas de seguridad del Estado”. El Caso Almería tiene hoy el peso simbólico de las heridas por cerrar, un sangrante episodio que casi nadie ha tenido interés en cicatrizar desde las instituciones.
Francisco, el hermano de Juan Mañas que aquel día estaba llamado a su primera comunión, ha pedido al Parlamento Andaluz que solicite al Estado el reconocimiento de que Juan y los otros dos jóvenes son, también, víctimas del terrorismo. “No me gusta politizar el caso, pero es cierto que partidos de izquierdas nos han apoyado, y Gobiernos del PP y PSOE nos han denegado el reconocimiento”, explica a eldiario.es/Andalucía. Sí consiguieron que todos los partidos del ayuntamiento de Pechina, liderado por el PP, se pusieran de acuerdo en colocar un monolito en recuerdo de Juan.
En 1981 Francisco Mañas tenía ocho años, la edad suficiente para comprender lo que ocurría, aunque todos disimularan. Celebró la comunión sin sus padres, ya alertados por la desaparición del mayor, e hizo una petición: que apareciesen su hermano y sus amigos: “En ese momento todo el mundo en la Iglesia se alarmó”.
El domingo 10 de mayo por la tarde, el Telediario informó de que tres terroristas habían aparecido muertos en la carretera de Gérgal. Los padres de Juan se prepararon para lo peor. Fue la madre de Francisco quien le dio la noticia y está convencido de que aquello adelantó su proceso de maduración. Hay infancias que terminan de golpe.
En este tiempo la familia Mañas no ha arrinconado el recuerdo de Juan y su asesinato. “No ha sido ningún tabú, siempre hemos querido hablar de mi hermano recordando la persona que era. Cuando voy por la carretera y veo a la Guardia Civil me lo recuerda. No tengo nada en contra de ellos hoy, pero sí de aquellas personas y la institución de aquel momento”.
Al dolor del crimen se ha sumado, durante décadas, la pegajosa sensación de que quienes más debían hacer por condenar a los autores y reparar a las víctimas trabajaban precisamente en lo contrario. “Solo sientes impotencia”, dice Francisco.
El primero en alertar de que el relato no encajaba con los hechos fue el chófer del juez que levantó los cadáveres: “Esto huele muy mal”, le dijo a Antonio Torres, periodista de Ideal. A esa hora la Guardia Civil ya había iniciado una maniobra de distracción. Comunicó que había encontrado papeles en el hostal, que los jóvenes se resistieron, que agredieron al conductor que los trasladaba al cuartel y que saltaron del vehículo en marcha. Todo falso.
Es posible que sin la labor de Torres y la de medios como El País o Diario 16, que investigaron y denunciaron las ocultaciones, el caso se hubiese archivado. “A lo hecho, pecho”, dijo el juez Ángel Tortosa a los padres de Juan Mañas, según relata Miguel Ángel Blanco, por entonces director de Ideal.
Tampoco fue mejor la actuación de Juan José Rosón, ministro de Interior. En la rueda de prensa despachó el asunto calificándolo de “trágico error”. Días más tarde, respondió con prisas a una decena de preguntas formuladas por varios diputados, que se cuestionaban por qué no se había permitido a los ciudadanos ayudar a apagar el fuego que envolvió el coche de los asesinados, por qué habían desaparecido brazos y piernas de los cuerpos de los muchachos o por qué no se sabía dónde los habían interrogado.
Darío Fernández, el abogado de las familias, se sobrepuso a una instrucción sesgada, en la que el juez se negó a practicar pruebas que podían aclarar las probables torturas. Llegó a vivir un año en secreto en una casa cueva, por temor a un atentado. “El problema era ¿cómo entro en casa?, ¿por la puerta?, ¿por el garaje?, ¿o subiendo hasta el noveno y bajando despacio? El miedo que tenía es que me dejasen ciego echándome un líquido en los ojos, con eso se habría acabado el tema”, cuenta en el libro.
La justicia condenó a tres personas: el teniente coronel Carlos Castillo Quero, jefe del operativo, el teniente Manuel Gómez Torres y el guardia Manuel Fernández Llamas. No se les condenó por torturas, ni por asesinato, sino por homicidio, y con eximente y atenuantes de cumplimiento del deber y obediencia debida. Fueron condenados a 24, 15 y 8 años de cárcel. Otros ocho partícipes, agentes que participaron en la detención de los jóvenes, fueron absueltos.
Los condenados tardaron más de dos años y medio desde que se dictó sentencia firme en empezar a cumplir la pena en una prisión ordinaria, tal y como disponía la ley. Entre tanto, pasaron por diferentes dependencias de la Guardia Civil y prisiones militares en un régimen privilegiado. Rafael Fernández-Piñar, senador del Partido Comunista por Granada, llegó a preguntar a Narcís Serra, por entonces ministro de Defensa, “si ha habido algún tipo de pactos o compromisos con los condenados para evitar que éstos hablaran y dijeran toda la verdad”.
“Los crímenes de Almería representan un ejemplo más del sometimiento de los gobiernos al poder de determinados sectores militares”, concluyen Manuel Hijano y Chaymaa Outnarit.
Castillo Quero logró el tercer grado en 1988 y salió en libertad condicional en 1992. Cumplió nueve de los 24 años de prisión. Los otros dos condenados pasaron siete y cinco años en la cárcel.
Al entierro del teniente coronel Castillo, en abril de 1994, acudió el Gobernador Militar de Córdoba, el General Ramón Serrano, vestido de uniforme y en coche oficial. Dijo que no le había dado tiempo a cambiarse. En 1999, El País desveló que los tres condenados, expulsados de la Guardia Civil, habían cobrado durante años con cargo a los fondos reservados. A pesar de que se han formulado preguntas parlamentarias a los Gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, esta revelación nunca se ha aclarado oficialmente.
“Las familias siempre nos hemos sentido abandonadas por las administraciones”, lamenta Francisco Mañas, que recuerda que el Rey asistió en 1981 al entierro de las tres víctimas del atentado de ETA. Los tres jóvenes asesinados en Almería fueron honrados, 37 años después de su asesinato, por el Parlamento cántabro.
El mayor reconocimiento que ha tenido Juan Mañas en Andalucía es un monolito y dar nombre desde 2015 a un parque en su Pechina natal: el Parque Juan Mañas Morales.
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