Óscar Liria Sánchez y Fernando Giménez Giménez comparecen este martes en la Comisión de Investigación por los contratos de compra de material sanitario en el Congreso. A muchos, sus nombres no les dirán nada: uno fue vicepresidente de la Diputación de Almería (gobernada por el PP desde hace tres décadas), y el otro lo es ahora.
Sus declaraciones no están entre las más esperadas de las dos comisiones que paralelamente se tramitan ante el Congreso y el Senado, pero la investigación sobre la presunta mordida percibida por Liria, exvicepresidente de la Diputación (y destacado dirigente popular hasta hace muy poco), es una de las más avanzadas de cuantas se ha abierto en España por la compraventa de material sanitario.
También fue la primera que afectó a un cargo público. Hace apenas un mes, la jueza añadió una línea que ampliaba el foco a otras contrataciones de obra pública en la institución provincial, a petición de los investigadores de la Guardia Civil. Giménez era por entonces diputado de Presidencia, el área que gestionó las contrataciones de material sanitario para la Diputación de Almería.
El 'caso mascarillas' saltó a los titulares el 15 de junio de 2021 con la detención de Óscar Liria y otras diez personas. Fue el primer aldabonazo judicial de lo que algunos estaban haciendo: aprovechar una necesidad de salud pública para enriquecerse de manera delictiva o, al menos, obscena. Meses antes de que este medio desvelara las millonarias comisiones percibidas por Luis Medina y Alberto Luceño, de que Koldo García ofreciese mascarillas por los ministerios o de que la actual pareja de Isabel Díaz Ayuso ocultase al fisco sus ganancias, la Guardia Civil irrumpió en un despacho de la Diputación de Almería.
Los agentes de la UCO querían consultar el expediente de adjudicación de un contrato urgente de casi dos millones de euros a Azor Corporate Ibérica a cambio del suministro de mascarillas. Azor, de la que era administrador Kilian López Sole (amigo de la infancia de Liria) estaba desde hacía tiempo bajo el radar de un juzgado de Barcelona, que investigaba si formaba parte del entramado de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.
En el curso de las pesquisas, los agentes descubrieron que Azor había recibido una jugosa suma de dinero público a cambio de material sanitario. Y saltaron las alarmas. La propia Guardia Civil subrayó aquellos días que era la primera vez que se detectaba un caso de adjudicaciones irregulares para la adquisición de material sanitario con motivo del COVID-19 implicando a cargos públicos.
Paradójicamente, el PSOE andaluz de Juan Espadas ha sido en su labor de oposición mucho menos incisivo con esta “trama almeriense” de las mascarillas -que salpica colateralmente al PP de Juan Manuel Moreno- que los populares andaluces con el caso Koldo, capítulo aparte ya del diario de sesiones en el Parlamento andaluz. Dos años después de la detención del dirigente popular almeriense, el PP revalidó su hegemonía política en esta provincia en las municipales de 2023, donde sigue gobernando la Diputación con holgada mayoría absoluta.
Óscar Liria fue detenido en su casa de Fines (Almería), donde los investigadores hallaron 26.250 euros en efectivo repartidos entre sobres y prendas de vestir. Además, detuvieron a otras diez personas, varias de ellas con relación familiar con Liria: su hermano Francisco Liria Sánchez, su primo Rodrigo Sánchez López, su tío Rodrigo Sánchez Simón (alcalde de Fines -PP-), y la cuñada de este, Hortensia López.
El primo y el tío de Liria recibieron el alto a bordo de un Mercedes, en cuyo maletero portaban una bolsa de plástico con 119.950 euros. En total, los agentes requisaron aquel día 178.895 euros. Liria fue cesado como vicepresidente de Diputación, expulsado del PP y puesto en libertad provisional 15 días después, el 30 de junio.
En total, 17 personas siguen investigadas por presuntos delitos relacionados con la corrupción (blanqueo, cohecho) en las diligencias previas que instruye el juzgado de instrucción 1 de Almería desde febrero de 2022, cuando llegaron desde Barcelona.
En la primera fase de la investigación los agentes concluyeron que la presunta trama había obtenido casi un millón de euros en comisiones por intermediar en el suministro de mascarillas: 945.297,61 euros de los 2.036.186,34 que pagó la Diputación Provincial de Almería (en abril de 2020) por la compra de un lote de 500.000 mascarillas FFP-2 (varios de cuyos lotes eran defectuosos), 15.570 monos de protección y 500.000 guantes de nitrilo.
Esto es, se habrían embolsado en comisiones el 46,42% del total de la inversión con fondos públicos, canalizadas a través de una empresa (Corpfam Global Investment) de la que Francisco Liria fue administrador hasta 2018, y en la que Kilian López le sustituyó desde entonces. Los investigadores creen que Óscar Liria se llevó entre 200.000 y 400.000 euros del total, y que destinó parte del dinero a adquirir un par de vehículos de alta gama para sus familiares o inmuebles e incluso una administración de lotería en Adra a través de terceros.
Con Liria ya en el punto de mira, la UCO se fijó en algo más: había otra empresa administrada por Kilian López que estaba logrando pequeños contratos a dedo del área de Fomento de Diputación, dirigida por Liria. Así que analizaron los contratos de obra menor adjudicados a Pulconal, la mayoría de ellos para arreglar cementerios y parques infantiles de pequeños municipios almerienses.
Entre el 4 de diciembre del 2017 y el 28 de julio del 2020, Pulconal fue adjudicataria de 15 obras menores de Diputación con la “participación preponderante” de Liria. El total adjudicado fue de 375.939,05 euros. La UCO trabaja ahora en un informe sobre estas adjudicaciones.
Dos años después de estallar, la investigación parece lejos de concluir. En un auto del pasado 28 de marzo, la jueza abrió una nueva vía a petición de los investigadores: quiere que la Diputación Provincial le dé más información sobre contratos suscritos con otra empresa presuntamente integrada en la trama, OYC Servicios Urbanos.
Se trata de una entidad también con sede en Fines y cuya finalidad sería la “realización de obras de ayuntamientos y de Diputación” y su titular, el alcalde Rodrigo Sánchez, “pero que tiene a un encargado que hace las veces de gerente de la empresa”, según un testigo citado en el informe policial, al que ha tenido acceso este medio. En ese informe constan conversaciones de Whatsapp entre Kilian López y Francisco Liria (hermano de Óscar) en las que se instruye a Pulconal para no presentar ofertas en licitaciones que OYC acabó llevándose.
15 de abril de 2020: “Francis. Más obras en el correo. Sufli y Ballarque [dos municipios de Almería], no nos presentamos! Me acaban de llamar de diputación. Anota esas dos para cuando lleguen no nos presentemos”, le dice López a Francisco Liria, cuyo hermano Óscar es, precisamente, el vicepresidente de Diputación encargado de firmar esas adjudicaciones.
18 de mayo de 2020: “Francis, de todos los correos que te mandé, seguro que no había ninguna adjudicación para nosotros?”, pregunta Kilian López a Francisco Liria. A lo que este responde: “Seguro. Eran 4 para otros”.
Los agentes creen que esto demuestra que la propia Diputación de Almería solicita a Pulconal no se presente a determinados contratos o que presente ofertas no competitivas, “con el aparente ánimo de orientar el procedimiento hacia una tercera empresa”.
Según la jueza, en el sumario hay “constancia y evidencia de claros indicios objetivados” de que se produjo un fraude, y quiere seguir tirando del hilo, por lo que pide el listado de los expedientes de contratación adjudicados a OYC entre 2019 y 2021, y los expedientes completos de seis de ellos (obras en parques infantiles o cementerios), con un valor total de unos 223.000 euros. También quiere saber si en ese periodo había normas o instrucciones internas que obligasen a solicitar varias ofertas para un contrato menor.
En paralelo, el caso llega al Congreso tres años después con la comparecencia de Óscar Liria y Fernando Giménez, actual vicepresidente de la Diputación de Almería.
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