Ecologistas en Acción quiere que el Parlamento Europeo exija a España una actuación en cinco lugares supuestamente radiactivos y fuera del vallado que delimita el área bajo vigilancia radiológica en Palomares (Almería). En esos puntos, por donde transitan personas y a veces pasta el ganado, se registran niveles de radiactividad muy superiores a lo permitido, según un análisis realizado en Zurich (Suiza) a partir de muestras tomadas en el lugar. En total, abarcarían 428 metros cuadrados, mayoritariamente en suelo urbano.
La contaminación de Palomares es consecuencia del accidente ocurrido el 17 de enero de 1966, cuando dos aviones estadounidenses colisionaron en el aire, dejando caer cuatro bombas nucleares, dos de las cuales se abrieron parcialmente liberando a la atmósfera unos nueve kilos de material radiactivo. Los norteamericanos se llevaron una mínima parte, enterrando el resto. Desde entonces, nada se ha hecho por descontaminar de manera efectiva la zona.
En el escrito registrado ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, los ecologistas exigen que el Gobierno actúe (preferentemente, descontaminando) o, si no, que sea sancionado por mantener abierto al tránsito terrenos que podrían implicar un riesgo radiológico.
“Los resultados obtenidos por espectrometría gamma (…) han sido peores de lo esperado” en la muestra recogida en la calle Diseminado La Punta, en el núcleo urbano de Palomares, explican en el documento. Además del máximo de 61 bequereles por gramo de Americio 241, los ecologistas señalan que se alcanzarían los 244 bequereles por gramo de plutonio 239 + 240, de 183 para el plutonio 241 y de 6,1 para el “peligroso isótopo” de plutonio 238. Todos esos parámetros superarían la concentración máxima derivada para una dosis efectiva de un milisiervert/año.
Cerca de este punto se ubica un almacén del CIEMAT que contiene 670 kilos de material radiactivo traído desde Madrid en 2016. Por último, el documento de Ecologistas en Acción detalla la existencia de cuatro puntos radiactivos a algo menos de un kilómetro del núcleo urbano.
La existencia de varias zonas con elevados niveles de radiactividad fuera del perímetro vallado fue denunciada ante el Consejo de Seguridad Nuclear por el periodista e investigador José Herrera Plaza, tal y como informó elDiario.es Andalucía en enero. Herrera, uno de los críticos más tenaces con las autoridades por la gestión de las consecuencias del accidente de Palomares, había comprobado cómo la aguja roja de un medidor alfa se disparaba en una zona donde se había realizado un pequeño desmonte. También junto al vallado, en calle Diseminado de la Punta, en pleno núcleo urbano del municipio. Luego envió las muestras a un laboratorio independiente en Suiza, que confirmó su hallazgo.
El CSN explicó entonces a este medio que no tenía constancia de la existencia de “zona alguna, fuera del vallado, con índices de radiactividad superiores a los permitidos para zonas sin restricción”. También ha negado siempre la peligrosidad del material almacenado en Palomares.
Para los ecologistas, las cifras que arrojan los análisis son “más que sobradas para adoptar una urgente intervención”. Sin embargo, José Ignacio Domínguez, el abogado que ha presentado el escrito, lamenta que hasta ahora estas advertencias no han servido de nada. “No hacen ni caso, y ahí siguen el plutonio y el americio a merced de quien lo quiera coger”.
Los ecologistas piden al Parlamento Europeo que active al Gobierno, pero es la Comisión Europea quien debe verificar el cumplimiento de las disposiciones de control de la radiactividad en el aire, el agua, el suelo y los alimentos. De hecho, el objetivo final de los ecologistas es lograr que la Comisión tome cartas en el asunto ante la pasividad que observan en el Gobierno.
Ya hace tres años, Domínguez compareció ante el Parlamento Europeo y, tras exponer la situación, la Comisión Europea envió una misión de verificación a España. Antes del 1 de enero de este año, España debía informar a la Comisión de sus avances en la aplicación de un plan de rehabilitación de las tierras contaminadas. Vencido el plazo, no lo había hecho y no hay constancia de que en estos meses haya revertido la situación. La posición histórica de España es que la solución para la descontaminación definitiva de Palomares debe contar con el concurso de Estados Unidos, que de momento no se da.
Entre tanto, se eterniza la resolución del pleito en el que debe dirimirse si existe una obligación legal de descontaminar Palomares, y qué organismo debe ejecutarla. El asunto fue resuelto en primera instancia por la Audiencia Nacional, que desestimó la demanda de Ecologistas en Acción con dos votos discrepantes (entre cinco magistrados). Ahora es el Tribunal Supremo quien debe pronunciarse, pero aún no ha fijado fecha de votación y fallo, lastrado por la parálisis en la renovación de sus magistrados.
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