El desalojo forzoso del asentamiento de temporeros de El Walili, en el paraje de Los Nietos de la localidad almeriense de Níjar, se ha visto sacudido por el incendio que se ha declarado en una de las chabolas sin que se hayan registrado heridos. Los Bomberos del Levante han acudido a sofocar el siniestro, que se ha registrado a la vez que se procedía a desmontar las precarias viviendas, ocupadas desde hace años por unas 500 personas principalmente por trabajadores inmigrantes de los campos aledaños que carecen una alternativa habitacional. En medio de un gran dispositivo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las infraviviendas están siendo demolidas por orden judicial a instancias del Ayuntamiento de Níjar.
Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han explicado a Europa Press que el aviso se ha producido a las 8.25 horas de este lunes en la zona del paraje Los Nietos de abajo, en el diseminado junto a la carretera de San José y el cruce de Los Albaricoques. Se ha dado aviso a Guardia Civil, servicios sanitarios y Bomberos del Levante de Almería, que se han desplazado hasta el lugar de los hechos con dos vehículos autobomba con los que se han sofocado las llamas, que se han extendido a varias chabolas colindantes pero que han quedado controladas.
En la zona se ha desplegado desde primera hora de la mañana un amplio dispositivo de Guardia Civil y Policía Local de Níjar para efectuar el desalojo de los ocupantes del asentamiento, muchos de los cuales han abandonado progresivamente durante el fin de semana el espacio si bien otros han comenzado a recoger sus escasas pertenencias este mismo lunes ante la entrada de la maquinaria de demolición.
El desalojo se produce meses antes de que estén terminadas las obras de una promoción de 62 alojamientos transitorios a precio asequible para acabar con las chabolas, que en principio deben estar concluidas el próximo mes de julio. El gobierno local de Níjar ha diseñado un protocolo según el cual, y siempre previa solicitud, se conducirá a los residentes en este asentamiento a un centro de acogida de emergencia y derivación hasta poder darles un espacio donde vivir de forma transitoria.
En paralelo, el sindicato SOC-SAT ha llamado a ir a la huelga a los trabajadores temporeros para mostrar “solidaridad” con los moradores del asentamiento de El Walili, en el núcleo de Los Nietos en Níjar (Almería), que a lo largo de este lunes están siendo desalojados en medio de un gran dispositivo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y sus infraviviendas demolidas por orden judicial a instancias del Ayuntamiento.
SOC-SAT ha pedido a los trabajadores del “campo y del manipulado” que se “organicen para caminar hacía la huelga general y la resistencia ciudadana activa” contra “la opresión, la explotación y los numerosos casos de racismo”. En un comunicado ha reprochado a la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez (PSOE), haber “incumplido” su “compromiso público” de que “no habría un desalojo sin que antes hubiera un realojo alternativo para todos, sin excepción”, los 500 habitantes del asentamiento.
“Ha mentido a todos: a los residentes, a la Plataforma Derecho a Techo, a las ONG y hasta a las parroquias y a la Diócesis de Almería con tal de servir a la patronal del campo y el turismo”, han asegurado desde el sindicato. El sindicato ha criticado que la oferta del ayuntamiento ante el desalojo y derribo que se está ejecutando sea “montarlos en un autocar sin conocer ni su destino, con una maleta”. “Sabe perfectamente la alcaldesa que son trabajadores de ese entorno, que si lo hicieran, además de perder su mísero hogar, perderían su trabajo. No se ha molestado ni en tener en cuenta las solicitudes de alojamiento que ella misma pidió que se entregaran en Asuntos Sociales”, han remarcado.
Para SOC-SAT, es una situación en la que “no se están respetando los derechos humanos y se desprecian los derechos laborales a los trabajadores” y en la que el consistorio “incumple la legalidad con altos alquileres por vivir hacinados porque no existen alojamientos ni transporte”. “Son 30 años de propaganda xenófoba y marginación institucional; 30 años sin un plan de alojamiento que permita vivir y trabajar dignamente mientras se amplían las hectáreas de invernaderos y se acumulan beneficios”, ha concluido.
El equipo de gobierno municipal ratificó el pasado viernes su decisión de demoler el asentamiento después de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Almería autorizara en un auto, posteriormente ratificado, el desalojo “forzoso” del poblado chabolista aludiendo al “peligro” que supone el estado de la finca para sus moradores ante los riesgos de incendio y electrocución, entre otros.
No obstante, tanto los propios afectados como varias ONG que trabajan directamente con el consistorio nijareño, así como la Diócesis de Almería, habían solicitado en los últimos días el aplazamiento del desalojo al entender que no se dan “las condiciones mínimas para llevarlo a cabo”. “Consideramos que el procedimiento final debería haberse realizado asegurando una mayor coordinación y comunicación con las entidades sociales”, expusieron desde Almería Acoge, Médicos del Mundo, Hermanas Mercedarias y Fundación Cepaim.
La iniciativa en la que el ayuntamiento trabaja desde hace años en colaboración con otras administraciones y la patronal empresarial agrícola, desde la que se ha expresado en distintas ocasiones su preocupación por la imagen que se ofrece del campo almeriense entre los consumidores de frutas y hortalizas en Europa, plantea como principales dudas las alternativas habitacionales que se ofrecerá a los moradores del Walili, quienes incluso deben demostrar, en caso de acceso a las mismas, que forman parte del asentamiento.
Algunas organizaciones, como la plataforma Derecho a Techo, afirma que son cerca de 500 personas las que integran el asentamiento; una cifra que el Consistorio reduce sin especificar el número de personas que forman parte del mismo, aunque sus recuentos apuntan a la existencia de unas 200 chabolas. El gobierno local abrió además un registro de demandantes de realojo hace meses sin que haya trascendido el número de personas inscritas en el mismo.
La plataforma, apoyada por el sindicato SAT-SOC, también ha expresado su incertidumbre sobre el destino real que se dará a los trabajadores ya que, por el momento, el ayuntamiento no habría comunicado a ningún residente su lugar de realojo “salvo que durante el desalojo forzoso habría unos autocares que les llevaría, a quien lo solicitara, a un lugar para alojarlos”.
El ayuntamiento ha trasladado públicamente que aquellos moradores que lo pidan serán trasladados a un centro de acogida de emergencia y derivación, cuya ubicación y características se desconocen pero en donde tendrán “alojamiento y manutención en tanto se reevalúa individualmente cada caso”; lo que supone un “alojamiento temporal de emergencia, mientras se resuelve su ingreso en viviendas más normalizadas”, según las ONG.
Este “proceso intermedio” podría alargarse, conforme las previsiones iniciales, “hasta un máximo de dos meses”, según las previsiones municipales. El objetivo es realizar “estudios personalizados” con los que “elaborar el itinerario de integración de cada individuo antes de su derivación a una solución habitacional transitoria de alquiler”.
A este extremo se une además la falta de finalización de las 62 viviendas de alojamiento temporal proyectadas en Los Grillos que cuentan con una aportación de 1,5 millones de euros de fondos europeos otorgados a través de la Junta de Andalucía, cuyos responsables reconocían que aún no estaban terminadas si bien se han mantenido al margen de los desalojos, al entender que las competencias para llevar a cabo esta actuación son municipales.
Pese a todo, desde el gobierno local, al que la dirección provincial del PSOE ha expresado su “confianza plena” en este asunto, se ha garantizado “la capacidad suficiente” para atender a “las personas identificadas como moradores”, como lo que para llevar a cabo esta primera fase de actuación participarán “técnicos en asistencia psicológica y de mediación, personal sanitario, bomberos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
El Ayuntamiento ha valorado el trabajo que desde 2021 se desarrolla por los distintos implicados, “cuyo único fin ha sido y es mejorar las condiciones de las personas que se han visto abocadas a vivir en situaciones infrahumanas”.
Asimismo, mantiene su compromiso para “trabajar diariamente en la evolución de las condiciones de integración, desde la perspectiva de que la verdadera lucha pro derechos humanos no es contar el número de personas que hay en un asentamiento, sino ayudarles a salir de ellos poniendo a su disposición una oportunidad digna”, han afirmado.
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