El Juzgado de Instrucción 1 de Almería ha abierto una investigación contra dos empresas funerarias que, presuntamente, han operado en la capital a la vez y con los mismos trabajadores durante la última década. En concreto, el juez investiga si han cometido un delito de estafa continuada porque la entidad que tenía la concesión municipal, ASV Funeser, habría hecho de empresa pantalla de Funeraria La Nueva Málaga, teniendo a los mismos empleados y usando las mismas instalaciones para pagar menos tasas al Consistorio. El Ayuntamiento de Almería mantiene abierto un expediente sancionador tras una denuncia del sindicato CSIF por cesión ilegal de empleados.
Aunque los hechos han llegado al juzgado a raíz de una denuncia del PSOE, con la información que ha obtenido CSIF a través de sus propias pesquisas, lo cierto es que se remontan, al menos, al año 2013. En aquella fecha, se inauguraron las instalaciones municipales en las que tenía la concesión para trabajar la funeraria ASV Funeser.
Según la denuncia de CSIF, algunos trabajadores de esta empresa afirman que La Nueva Málaga, la presunta sociedad opacaba, operaba en paralelo a Funeser ya desde entonces. Algo que se conoció a raíz del despido de una trabajadora en marzo de 2023.
La empleada acudió entonces al sindicato para defender su situación contractual y fue en ese momento cuando se detectó, según CSIF, que había otra entidad operando paralelamente y con los mismos trabajadores que Funeser, la empresa que sí tenía la concesión municipal del Ayuntamiento de Almería.
Al percatarse, la sección sindical puso en conocimiento del Consistorio la situación deunciando un supuesto fraude a las arcas públicas porque se estuviese facturando menos, al usar una sociedad interpuesta, con el fin de ahorrar en el pago del canon anual. Según CSIF, el Ayuntamiento aún no ha respondido a su reclamacion.
Ahora, el juez aprecia la posible comisión del delito continuado de estafa al apreciar que “se habría articulado un sistema mediante el cual estarían evitando facturar por todos los servicios que se solicitan al tanatorio municipal y que se gestionan mediante dicha concesión administrativa”.
En concreto, continúa el magistrado, “de lo que se trataría es de que mediante una empresa del mismo grupo y con distinto CIF, prestan servicios funerarios solicitados al tanatorio municipal, siendo estos servicios facturados por esta empresa paralela, de forma que la liquidación del canon que debe hacer la empresa concesionaria anualmente al Ayuntamiento de Almería declararía un volumen de facturación bastante menor al de los servicios funerarios realmente solicitados”.
Fuentes del Consistorio piden “dejar trabajar al gabinete jurídico” y dicen no tener constancia de la apertura de diligencias, aunque sí admiten que incoaron un expediente sancionador a raíz de la documentación remitida por CSIF sin que aún se haya concluido nada. Además, no aclaran si se personarán en el caso como parte perjudicada.
Pero lo cierto es que el proceso administrativo contra ASV Funeser y Funeraria La Nueva Málaga no se ha detenido desde hace un año. CSIF denunció también los hechos ante la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que a su vez lo derivó al órgano competente y dependiente de la Junta de Andalucía conocido como ACREA, entrando en un callejón sin salida. Según ACREA, carecen de competencias para investigar este caso.
Tras fracasar ese intento, el sindicato apeló a la inspección de trabajo en julio al comprobar que todos los trabajadores de la empresa concesionaria estaban empleados también en La Nueva Málaga y que, pese a no estar en nómina, la segunda funeraria en cuestión contaba con una “importante facturación”. Así, el 16 de octubre se llevó a cabo una inspección en la que los trabajadores confirmaron los hechos y reconocieron también que incluso se utilizaban las instalaciones municipales recogidas en la concesión. Fue entonces cuando se pudo confirmar que estas prácticas, presuntamente delictivas, llevaban produciéndose desde 2013, como mínimo.
De acuerdo con la investigación de CSIF, ASV Funeser se habría ahorrado la mitad del precio del canon municipal al dividirse la facturación con la entidad pantalla. El canon actualmente se encuentra en un 12% del total de la facturación, pero llegó a estar en un 16%. No fue hasta finales de 2023, tras toda la documentación aportada, después de que el PSOE se hiciese eco de las demandas presentadas por CSIF y de que el Defensor del Pueblo Andaluz iniciase su propia investigación, cuando el Ayuntamiento de Almería exigió a la empresa concesionaria que cesara “de inmediato” la actividad de La Nueva Málaga.
Este medio se ha puesto en contacto con las dos empresas funerarias investigadas para conocer su versión de los hechos. Desde ASV Funeser dicen que “todas las actuaciones de la compañía se ajustan al contrato de concesión con el Ayuntamiento de Almería” y afirman estar colaborando en la investigación aportando “toda la documentación”. Desde La Nueva Málaga evitan pronunciarse.
Al mismo tiempo, el PSOE, que ha sido el partido que ha llevado el caso al juzgado, pide investigar también por presunto delito de prevaricación por omisión tanto a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez Agüero, como a la concejal de Obras Públicas, Sacra Sánchez. El juez entiende que no hay motivos para incoar esa investigación contra las políticas. En todo caso, fuentes socialistas confirman que van a apelar contra el sobreseimiento que deja fuera del caso a la regidora y a la edil.
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