Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, asesinado por la que fuera novia de su exmarido y padre del menor, Ana Julia Quezada, ha revelado que la productora de la docuserie sobre el caso le ha manifestado su voluntad “de parar esta producción”. “Si sale, nos va a hacer un daño público, porque seguramente vuelva a estar en todas las tertulias de las mañanas o de las tardes, en los cafés de muchas personas, que sin querer entienden nuestro caso como espectáculo, que piensan que somos actores, pero esto es nuestra vida”, ha afirmado Ramírez.
Ramírez ha afirmado que “hay que aprender, en medios y en redes sociales, a consumir sucesos” de forma responsable. “El consumo de la violencia no puede ser una violencia. No puede ser morbo y espectáculo”, ha dicho, para después solicitar “una verdadera implementación” del Estatuto de la víctima y su modificación y adaptación“ para personas como ella, que se les ampare con justicia gratuita, que ”los fiscales, ya que son pocos casos, actúen de oficio y con diligencia, disminuyéndose esa revictimización y esa victimización secundaria“, y que ”lo doten económicamente“.
Así lo ha dado a conocer este martes Patricia Ramírez durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado a petición propia, donde ha explicado las supuestas “irregularidades” que se estarían dando dentro la prisión de Brieva (Ávila) con la condenada y “la intención espuria de la misma de realizar un documental o serie televisiva sobre el caso”.
Patricia Ramírez ha explicado que, “gracias a la mediación de la Guardia Civil” que le propuso a la productora que la llamaran, habló con la productora y su dueña le “manifestó la voluntad de parar esta producción”. De hecho, la madre de Gabriel la invitó a que se lo mandara por escrito y ella se “olvidaba de tres años de miedo”.
En su comparecencia, la madre del niño Gabriel ha pedido a los senadores un pacto de Estado, ya que es “un asunto de especial trascendencia”, porque “puede afectar a cualquiera” y “no tiene nada que ver” con la política o lo que “cada partido represente”. “Son derechos humanos que creo que cada ideología los tiene en común”, ha defendido.
Ramírez ha argumentado que el último pacto de Estado fue el de 2017 contra la violencia de género, que ha permitido que se “desarrollen aún más las leyes” en esta materia, así como “una cohesión social tremenda y que hoy eso permite que nadie pueda publicar determinados titulares, que nadie pueda volver a victimizar o culpabilizar a las víctimas de maltrato, que tengan los servicios y las asistencias que merecen, aunque quede mucho camino por delante”.
En concreto, ha pedido que lo que se pactó en materia de violencia de género “se traslade a cualquier víctima de violencia” grave como agresiones sexuales, pederastia y violaciones, “pero no solo por parte de hombres”; un pacto contra la violencia y la revictimización de las víctimas “en cualquiera de sus manifestaciones, física, verbal y mediática”.
“Yo me quiero volver a retirar a la intimidad, no tengo ningún afán de salir públicamente más y solo les pido que si me pueden ayudar para que así lo pueda hacer y para que mi pequeño pueda estar orgulloso de mí, porque vea que me cuido y empiezo a construir sin piedras en el camino se lo agradezco soberanamente”, ha subrayado.
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