Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
Sánchez rearma la mayoría de Gobierno el día que Feijóo pide una moción de censura
Miguel esprinta para reabrir su inmobiliaria en Catarroja, Nacho cierra su panadería
Opinión - Cada día un Vietnam. Por Esther Palomera

Palomares huye del estigma nuclear y planea levantar un pueblo turístico junto a la playa donde se bañó Fraga

Baño de Manuel Fraga en Palomares

Néstor Cenizo

8 de julio de 2022 20:11 h

8

Más de medio siglo después de que cayeran del cielo cuatro bombas nucleares, Palomares se dispone a urbanizar la playa en que Manuel Fraga y el embajador estadounidense Angier Biddle Duke se dieron un chapuzón para decirle a todo el mundo que allí no pasaba nada. A menos de un par de kilómetros de distancia de la orilla, dos bombas se habían abierto liberando a la atmósfera un aerosol de plutonio radiactivo. Gran parte de ese material sigue en Palomares, acotado en varias zonas valladas, pero la etiqueta atómica sigue marcando a un pueblo que suspira por despegársela. Los terrenos del proyecto están limpios de radiactividad, y nada más simbólico que sustituir la foto de Fraga por un pueblo costero de nuevo cuño.

De aprobarse definitivamente, Palomares pasaría sin escalas de la parálisis edificatoria a la fiebre inmobiliaria: el proyecto de la playa de Quitapellejos comprende 1.600 viviendas (936 plurifamiliares de cuatro alturas y 664 unifamiliares), un hotel, una gasolinera, pistas deportivas, zonas verdes, 1.000 aparcamientos, zona comercial, un parque infantil y un paseo marítimo. En definitiva, un pueblo. Ocuparía 56,2 hectáreas de suelo desde el límite del dominio público marítimo-terrestre (al sur) a la carretera de Garrucha (al norte), del río Almanzora (al este) a la rambla el Jatico (al oeste).

Antonio Fernández, alcalde de Cuevas del Almanzora (PSOE), matiza que en la primera fase se construirían unas 290 viviendas de las 1.600 proyectadas: “Es un sector urbano, con derechos adquiridos desde hace 40 años, y para el pueblo supone un desarrollo importante. Tenemos 17 kilómetros de costa [el proyecto afectaría a 2,5], la mayoría salvaje, que queremos mantener tal cual. Esto es compatible con la sostenibilidad”. Fraser Prynne, director de desarrollo de la promotora, espera tener los permisos a final de año y culminar el proyecto en un plazo de tres a cinco.

Si se culmina, supondría duplicar la población de Palomares, que actualmente ronda los 2.000 habitantes (de los 14.623 de Cuevas del Almanzora). Antes de ejecutarse deberá lograr la autorización ambiental unificada (AAI) de la Junta de Andalucía. Hasta el 26 de julio, el estudio de impacto ambiental remitido por la Junta de Compensación (integrada por 56 propietarios, y presidida por Bahía Almanzora, S.L., que tiene el 70% del terreno) estará sometido a las alegaciones públicas.

El estigma del incidente nuclear

La foto de Manuel Fraga saludando quién sabe a quién (probablemente a nadie) mientras sale del mar representa cómo afrontó la dictadura el accidente de Palomares. El franquismo y Estados Unidos reaccionaron con una estampa que resume el clásico “circulen, nada que ver por aquí”.

Por supuesto, aquello era propaganda: el agua y la playa estaban limpias, pero alrededor de las dos bombas se extendían ya las partículas de plutonio radiactivo. El viento las llevó incluso hasta la Sierra Almagrera, tres kilómetros al este. Con el tiempo, gran parte de los primeros militares y guardias civiles que trabajaron en la primera limpieza de la zona desarrollaron cánceres por la radiactividad, según desvelaron The New York Times, en Estados Unidos, y El Mundo, en España.

El estudio ambiental presentado por los propietarios de los terrenos no contiene ni una sola referencia a aquello. “La parcela está limpia, sin ninguna duda. Lo dice el plan de investigación 2004-2008 y quedó claro en la caracterización”, asegura José Herrera Plaza, uno de los mayores expertos en el incidente y un crítico tenaz contra la actuación de los gobiernos español y norteamericano. “El proyecto no tiene nada que ver, está muy lejos de la zona, que es propiedad estatal y está vallada y protegida”, recalca Prynne.

Sin embargo, para José Ignacio Domínguez, coordinador provincial de Ecologistas en Acción, el anuncio del proyecto es “una maniobra para blanquear la situación en Palomares”. “Si coges un puñado de tierra de Quitapellejos seguramente dé negativo, pero cuando hay viento las partículas se mueven, y el plutonio entra y sale con la fauna y la flora”, protesta Domínguez, que advierte de que los compradores británicos deberían saber esto, incluso haciéndolo constar en las escrituras. “Si no, podríamos hablar de estafa”.

Domínguez es el firmante de una demanda en la que se exige al Consejo de Seguridad Nuclear que fije un plazo y ejecute de una vez un plan de descontaminación de los terrenos contaminados de Palomares, actualmente en casación ante el Tribunal Supremo.

“En Palomares no pasa absolutamente nada”

En Palomares quedan 103 hectáreas con residuos radiactivos que los norteamericanos enterraron a entre 25 y 30 centímetros de profundidad. Lo hicieron después estudiar los efectos de la radiactividad de los habitantes de Palomares en el “Proyecto Indalo”. El polvo generado al arar diseminaba las partículas radiactivas, pero en 1973 una gran riada arrastró al mar toneladas de limo con plutonio incorporado, limpiando la vega del Almanzora donde se asientan las huertas.

Desde 2007, los terrenos contaminados están vallados con una reja que evita el paso humano, pero no de animales. De ahí que cada cierto tiempo España estudie la presencia de plutonio y americio en caracoles, conejos o lechugas de la zona. Hace tres meses, este medio informó de que una denuncia interpuesta por José Herrera Plaza ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) alertaba de que la radiactividad superaba la zona vallada, en concreto junto al cementerio y en calle Diseminado La Punta, por donde pasan peatones y ganado, sin que se haya adoptado ninguna medida. El CSN lo niega.

Durante años, los agricultores se han quejado del daño reputacional a sus productos. También se lamentan pequeños propietarios o grandes inversores. De hecho, la intención de desarrollar urbanísticamente la zona durante el boom inmobiliario movió al Estado a expropiar (en 2007) los terrenos hoy vallados en 2010 y a preparar un plan de rehabilitación que sigue sin ejecutarse. España sigue ignorando las peticiones de la Comisión Europea para que le informe de la ejecución de ese plan, que los gobiernos siempre supeditan el asunto a un acuerdo con Estados Unidos.

“Esto da absoluta normalidad, y refleja que en Palomares no pasa absolutamente nada”, resalta el alcalde. Prynne cree que ya es hora de superar el impacto del incidente, construyendo en la playa: “Desgraciadamente, el pueblo sigue marcado. La gente en Palomares ha sufrido mucho por esto, y no es justo”.

Sin impacto ambiental, según la promotora

El proyecto plantea un retorno al modelo de grandes desarrollos, pero el informe de impacto ambiental, firmado por la consultora Hábitat, minimiza su impacto: no afectaría a ningún espacio natural, flora o fauna protegida, ni habría allí hábitats de interés comunitario, más allá de “matorrales halo-nitrofilos” ya muy degradados.

La zona no es inundable, y el estudio plantea una “tala cuidadosa” para salvar los 40.000 metros cuadrados del bosque de pinos y eucaliptos ahora usado como zona de acampada, y del que dice que solo se verán afectados “contados ejemplares”. Y el Plan de Protección del Corredor del Litoral de Andalucía, que protegía los primeros 500 metros de la franja litoral, fue anulado en 2017.

A menos de dos kilómetros del futuro pueblo existen tres praderas de fanerógamas marinas (cymodecea nodosa) y de posidonia oceánica, el principal valor ambiental del medio marino en esta zona, “hasta el punto de que la Zona de Especial Conservación ”Fondos marinos del Levante Almeriense“ se estableció para la protección de estas especies”, según admite el informe. Sin embargo, señala que la urbanización sería favorable al sustituir los cultivos de regadío que drenan abonos y fertilizantes.

El informe sí admite un impacto paisajístico: es obvio que el lugar se transformará de arriba abajo. Sobre la playa todavía virgen (donde se celebra el Dreambeach) y terrenos agrícolas se levantará un nuevo pueblo. “Me parece legítimo que los promotores construyan, pero este es un proyecto faraónico y sobredimensionado”, dice Herrera, que alerta del precio a pagar: “Los pocos kilómetros de costa vírgenes se acaban”.  

La Pequeña Venecia y el pasado urbanístico de Cuevas del Almanzora

El principal promotor, Bahía Almanzora, S.L., es una sociedad de los hermanos Hitchins, propietarios desde hace décadas. Los Hitchins venden casas y paquetes de vacaciones a través de la rama británica del grupo, propietario también de un resort de lujo con campo de golf en mitad del desierto.

Para la playa de Quitapellejos (o del Marqués) tenían grandes sueños. En 1989, presentaron el proyecto “La Pequeña Venecia”: cada vecino podría llegar a la puerta de su casa a través de canales marinos artificiales. Costas y Medio Ambiente se negaron por la erosión que ya sufría el litoral. Años después, el Tribunal Supremo desestimó que la administración debiese indemnizar a la promotora, que había perdido terrenos por la regresión litoral.

En 2002, Bahía del Almanzora registró la marca Playa Marqués, que ahora pretende desarrollar. El actual proyecto se presentó al amparo del plan parcial de este sector en 2008, aprobado en tiempos de Jesús Caicedo (PP). Caicedo llegó a proponer un PGOU que preveía nada menos que 238.000 personas viviendo en 100.000 nuevas casas. 14 veces la población actual de Cuevas del Almanzora.

El PGOU de Caicedo no llegó a aprobarse en su totalidad, pero aún así el Pleno acordó ampliar el suelo urbano. Eso le sirvió al Ayuntamiento para suscribir 53 convenios y otorgar cientos de licencias a diversos promotores, muchas luego anuladas por la manifiesta ilegalidad del acuerdo de Pleno en que se basaban.

Durante años, Cuevas ha bordeado la bancarrota por aquella práctica: por ejemplo, ha tenido que pagar 16,4 millones a una constructora por otorgarle una licencia irregular, como contó este medio. El Consistorio ha gastado unos 500.000 euros en asesoramiento legal en 26 procedimientos iniciados por promotores contra anulaciones de licencia. “Nuestro proyecto cumple con la ley”, asegura el promotor del nuevo desarrollo.

“Ese sector es urbanizable y los derechos urbanísticos están consolidados desde hace muchos años”, remata el regidor, que mira a sus vecinos Pulpí (al norte) y Vera (sur) y quiere lo mismo: construir en torno a la playa “velando porque se haga bien”. “Palomares tiene grandes cualidades turísticas por sus playas. Este es un proyecto potente que la va a acercar a la playa, y que viene bien a Palomares y a Cuevas del Almanzora, porque las va a poner en el mapa”. Se trata de cambiar el chapuzón de Fraga por turismo de verdad.

Etiquetas
stats