Mojácar retomó el ritmo político con la proclamación de Francisco García (PP) como nuevo alcalde el pasado viernes, veinte días después que en el resto del país. Sin embargo, la vida política este pueblo almeriense sigue lejos de la normalidad: el PSOE acaba de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, última bala que le queda para cuestionar directamente la validez de los resultados del escrutinio del pasado 28 de mayo. Los socialistas quieren que se anule la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que desestimó su recurso contencioso el pasado 3 de julio. Vulneraría, según ellos, el principio de igualdad ante la ley y el derecho a la participación política, reconocidos por la Constitución.
En paralelo, un juzgado de instrucción de Vera mantiene abiertas sendas investigaciones por la presunta compra de votos por correo: en la primera de ellas hay una decena de investigados, dos de ellos integrantes de la lista socialista; en la segunda, hay al menos uno, vinculado al PP, y se mantiene secreta desde hace más de un mes.
El recurso de amparo de los socialistas, al que este medio ha tenido acceso, ahonda en la diferencia de trato que se dio a los votos por correo, a pesar de que sobre todos ellos existe una sombra de sospecha. Mientras que cuatro días antes de los comicios se requisaron y retiraron unos doscientos votos intervenidos por la Guardia Civil en registros en locales y viviendas vinculados a dos candidatos socialistas, el resto (unos 500, hasta 706) sí se depositaron en las urnas, sin que retiraran o se contaran aparte, como pretendía el PSOE, que hace tiempo que sospecha de que el PP recoge sufragios a cambio de puestos de trabajo.
Según los socialistas, no había ningún impedimento para que los votos intervenidos en los registros del 24 de mayo se depositaran en las urnas. “Y si lo hubiera, porque se encontraban bajo investigación judicial (…), entonces el resto de los votos por correo tampoco deberían de haberse depositado”, se añade en el recurso de amparo, que gira en torno a la idea de que se ha producido un “agravio comparativo”.
Es una reclamación que hasta ahora no ha tenido éxito. El 28 de mayo, Manuel Zamora, secretario general del PSOE de Mojácar, presentó un escrito en todas las mesas electorales, pidiendo la intervención y custodia de todos los votos por correo “con el fin del análisis pericial/judicial” y para respetar el “principio de no discriminación en relación a los votos retenidos por la autoridad”, pero los presidentes de las mesas no le hicieron caso.
Según el recurso que ahora presentan los socialistas, esto vulneraría el principio de igualdad ante la ley (artículo 14 de la Constitución) y el derecho al sufragio activo (artículo 23) de los votantes que, según el PSOE, les habían entregado libremente su voto.
Hace tiempo que el voto por correo está bajo sospecha en Mojácar. Es extraordinariamente alto, al menos desde 2015, y alcanzó su cima en las pasadas elecciones municipales, cuando uno de cada cuatro votantes lo fue por correo. Después de años de denuncias, un juzgado investiga ahora a personas vinculadas tanto al PSOE como al PP por esta práctica. Y el PSOE razona que no vale dejar pasar unos votos sí y otros no si hay una sospecha general sobre el voto por correo. Esto crearía, dicen, una “desigualdad manifiesta” “no solo a los partidos políticos, sino también a los ciudadanos de Mojácar”.
El PSOE cree que la irregularidad es tan grande que, de no haberse producido, el resultado podría haber sido otro. Las matemáticas confirman la importancia del voto por correo: el pasado 28 de mayo el PP volvió a imponerse con 1.596 votos (ocho concejales) frente a 1.138 del PSOE (cinco ediles). Al PP, cada concejal le “costó” unos 200 votos, por unos 230 sufragios que “costó” cada edil socialista. Los 706 votos por correo que se emitieron en las pasadas elecciones suponen precisamente tres concejales, suficientes para decantar el resultado.
Este recurso ya no produce ningún efecto suspensivo en la vida política municipal, a diferencia del interpuesto ante el TSJA que obligó a retrasar la constitución del ayuntamiento hasta el pasado viernes. En ese Pleno, Manuel Zamora afeó a Rosa María Cano (alcaldesa saliente y ahora número 2 del PP) haber “abierto en canal” al municipio, del que dijo que está “totalmente dividido”. Cano, que no tenía el uso de la palabra, no replicó. Tampoco lo hizo el alcalde electo, Francisco García, que estaba a su lado.
“Usted disfruta viendo cómo, a cambio de un trabajo, ejerciendo presión desde la alcaldía contra cualquier ciudadano, se consigue que acabe votándole”, le espetó. “Le han votado por correo empleados del Ayuntamiento, empleados de empresas que prestan trabajos para el Ayuntamiento, personas que percibían ayudas sociales, futuros bomberos de la convocatoria que acaba de hacer, personas a las que presuntamente desde estas oficinas se emitía certificado digital porque, con alzhéimer, ningún notario le hubiera dejado votar”.
Zamora dijo confiar en que “la Justicia aclare esta situación cuanto antes”, pero las investigaciones ante el juzgado de instrucción 4 de Vera avanzan lentamente.
A través de nuestro canal en Telegram trasladamos de forma inmediata lo que ocurre en Andalucía: últimas noticias que van aconteciendo, o donde, simplemente, te ofrecemos un resumen de la información más relevante del día.